ANNCOL
Desde ataques consecutivos a las fuerzas militares invasoras del ejercito colombiano-USA, paros regionales decretados por las organizaciones populares y apoyados por el estamento armado insurgente y popular, hasta las retenciones con motivos políticos que se vienen sucediendo, en un país connotado de inseguridad democrática.
Diez mil millones de dólares, en diez años de aplicación de llamado Plan Colombia aportados por el Imperio; mas diecinueve mil billones de pesos del erario publico, arrojados a las alcantarillas de la guerra, para retroalimentación de los perros de la misma, durante los últimos diez años, explican el lamentable estado de la seguridad social (atención medica etc.) de la educación publica en Colombia; por mencionar solo dos ítems.
Los sonados casos de cerco al Secretariado de las Farc-ep, ambientan en la multimedia el embeleco del accionar del Terrorismo de Estado en el enunciado de un nuevo golpe a las fuerzas Insurgentes.
Ocultando la secuela de millares de bombas arrojadas por la aviación del ejército invasor Colombia-USA, contra lo que queda de población campesina en los escenarios de guerra territoriales que aupa o alienta el fatídico convenio de las siete bases militares y de aviación al servicio de la estrategia militar dominante del Imperio en Colombia; asistimos a un gradual reactivamiento de las acciones político-militares de la Insurgencia, que medios de prensa alternativo como anncol han dado en llamar Operativos de la Insurgencia. Este accionar va de la mano con una mayor información por parte de los medios alternativos de prensa independientes a la opinión pública nacional; como del uso de los instrumentos técnicos para los medios de información digitales de las organizaciones político- militares alzadas en armas en Colombia, que en desarrollo de su accionar informan- sí sobre todo informan- a la opinión publica colombiana, sobre la vigencia de la lucha armada, como forma de lucha política en Colombia, al norte por la toma del poder para la instauración de la Nueva Colombia.
EN EL SUR-OCCIDENTE O EN EL CATATUMBO.
Falso que el desocupado Varito (remoquete atribuido al extinto Pablo Escobar para referirse a su ahijado y hoy declinante narco para presidente colombiano) sepa la ubicación del Secretariado de las Farc-ep, que sin lugar a dudas esta actuando en lo extenso de la geografía colombiana.
Amanecemos el 9 de julio, con la difusión de una a nueva acción operativa político militar, esta vez del Ejército de Liberación Nacional-E.L.N- en el Alto Catatumbo.
Una fundación denominada Progresar, apéndice del gobierno narco terrorista colombiano, financiada con dineros públicos del Departamento de Derechos Humanos de la Presidencia, a cuyo cargo aparece como director el desmovilizado Carlos Franco, recomendado directo de Don Berna y que el genocida Uribe, tan amigo de los guiños de ojo, aceptó gustoso tan calificada recomendación para su nombramiento; se ha dado a la tarea, bajo la mampara de ser defensores de los derechos humanos de la población vulnerable, de desarrollar toda una labor contrainsurgente y gobiernista en el Norte de Santander. Su representante, Wilfredo Cañizares, apostata desmovilizado que reniega de la lucha armada y hoy al servicio del narco terrorismo de Estado, se dieron a la tarea de divulgar- con alto riesgo para la población- que las fuerzas insurgentes de organizaciones alzadas en armas estaban en plena labor ideo-política de incorporación de nuevos militantes. Esa, que ha sido durante cuarenta años en Colombia, una paciente, abnegada, reservada y eficiente labor de las organizaciones político-militares alzadas en armas en Colombia; resulta del manejo artero, traidor y oportunista de una falsa ong que habilitando los espacios tolerantes que las mismas comunidades de base les propician, se dan a la irresponsable tarea de corifear, a tono con el discurso furibista, que las organizaciones populares armadas en nada se diferencian de las bandas criminales que cientos de desmovilizados en el Norte de Santander, engrosan.
Esa misma organización gubernamental Progresar, se ha convertido en útil instrumento de la Para Fiscalia para implementar la falsaria Ley de Justicia y Paz. En pasaje bochornoso presentaron a familiares- victimas del narcoparamilitarismo reconociendo a anónimos irreconocibles en despojos mortales descubiertos y ubicados mediante supuestos exámenes de ADN y no podía faltar la inclusión gratuita de “ademas un desaparecido de las … insurgencia”. Tan macabro montaje fue precedido por el “perdón” a los narco para asesinos, de una de las madres, así al azar, de esos desaparecidos.
LA LABOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DE LA PRESIDENCIA
Igual actividad ha desplegado la falsaria ong Progresar en torno a la reparación a las victimas del Terrorismo de Estado, diluyéndolo en su “presentación” de victimas de actores de la violencia…En su labor oficial gubernamental entre esa población afectada y vulnerable, apunta su labor en difundir la ignominiosa conducta de “perdonar’ al Iguano, un humanoide criminal de nombre Jorge Izan Laverde Zapata, que al igual que el reconocido alias Diego Vecino, oriundo de Santander, aspiran ser “condenados’ a ocho años de cárcel, para luego salir a engrosar ong’s como Progresar y calificar para alistarse ya oficialmente al ejercito invasor Colombia- USA. Tanto el narco para ganadero santandereano de apellidos Cobos Téllez, alias Diego Vecino y el humanoide El Iguano, fueron beneficiarios, la semana pasada, de inusitado despliegue publicitario en la Radio la W y prensa escrita, presentándolos como los dos primeros condenados por la impune Ley de Justicia y Paz a recibir penas de ocho años, por los mas de diez mil crímenes a ellos atribuidos en los dos Departamentos de Santander. Indigna como esos medios de alienación masiva impulsan la apología del delito y recubren de aureola de “arrepentidos” y pide perdón a esos dos avezados criminales, que continúan ocultando el nombre de los políticos de ambos santanderes patrocinadores activos de esa criminal fase de aplicación contrainsurgente dirigida desde el Palacio de Neri.
De manera que sobre las tres activistas, de la organización gubernamental Progresar y beneficiarias de los fondos públicos contrainsurgentes del Departamento de Derechos Humanos de la Presidencia, retenidas al parecer por el E.L.N ,pesan cargos muy delicados por sus actividades encubiertas en el Sur del Cesar, Provincia de Ocaña y Norte de Santander al servicio del militarismo narco para presidencial.
En momentos en que la hegemonía de la extrema derecha en Colombia, alienta a la impunidad; ratifica la estrategia continuista del militarismo y el cierre a la negociación a la salida política a la guerra en Colombia; instrumentos como la fundación Progresar son desenmascarados ante la opinión publica nacional e internacional, pese al bifido discurso de estar efectuando una labor humanitaria.
Ante la polarizacion de un país en guerra, en que los llamados a una unidad nacional no pasan de la retórica redentorista mesiánica oligárquica, la labor encubierta de las organizaciones empeñadas en realizar labores humanitarias debe definir su rol de total independencia de las políticas contrainsurgentes que amamantan del despilfarro y el banquete del caudal de pesos y de dólares por la cultura del sapeo.
Es por ello que este nueve operativo insurgente en el Norte de Santander afina claridad en desenmascarar quienes en realidad están por una salida política y pacifica a la guerra y quienes continúan el aprovechamiento burocrático de los dineros públicos al destino de la guerra.
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