Carlos Sagún- Centro de Estudios Policarpa Salavarrieta -
En el flujo de la política internacional, por imposición imperial y violando los mínimos parámetros del derecho internacional, se asiste a un intento por desaparecer la figura del delito político, intentando en consonancia con los intereses imperiales, acusar a los rebeldes detenidos de delitos distintos al de rebelión, se les acusa con cargos de terrorismo, secuestro, concierto para delinquir y, en el intento por despolitizar el conflicto armado, son señalados de narcotraficantes con lo cual pueden ser extraditadas a las cárceles del imperio como es el caso de dos guerrilleros y una guerrillera de las FARC en Colombia.
Una confrontación armada de larga duración como la colombiana genera prisioneros, que en el caso de los insurgentes detenidos según el derecho internacional asumen el estatus de prisioneros de guerra, pues su motivación ha sido la rebelión contra un estado que vulnera los más mínimos derechos humanos, contra un estado que no brinda ningún espacio para la oposición pacífica como lo ha demostrado el exterminio de los seis mil militantes de la UNIÓN PATRIÓTICA entre 1985 y 1990, los asesinatos de los candidatos de la izquierda y sectores democráticos con opciones de triunfo (Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán) y los miles de asesinatos de sindicalistas y dirigentes sociales durante toda la historia política Colombiana.
Al respecto es importante destacar el fallo de la juez de primera instancia de Milán, Clementina Forleo, cuando el 24 de enero del 2005 en un proceso adelantado a dos militantes Islámicos concluyó “Una cosa es la guerrilla y otra el terrorismo: es necesario distinguir entre las actividades desarrolladas en un contexto bélico y aquellas destinadas a golpear a la sociedad civil de forma indiscriminada” .
Según la magistrada, la guerra de guerrillas es una cosa y el terrorismo otra completamente distinta. En sus palabras "alguien que comete ataques en el contexto de un conflicto armado, si no involucra o ataca a civiles de manera intencionada, no es terrorista”.
Ésta es una distinción fundamental que hasta ahora no había sido definida adecuadamente en ninguna corte del mundo. De acuerdo con la jueza Forleo, "la noción de terrorismo diverge de la de subversión, y como tal, no está definida de una manera normativa”.
Ella invoca a la Convención Global sobre Terrorismo de la Naciones Unidas de 1999 para afirmar: "la actividad guerrillera o la violencia que tiene lugar en el contexto de un conflicto armado, aun cuando esté llevada a cabo por fuerzas armadas no institucionales, no puede ser perseguida, ni siquiera a nivel de la ley internacional, a menos que se violen leyes humanitarias internacionales".
De acuerdo con sus declaraciones, sancionar un acto guerrillero durante un conflicto, como terrorista, "podría, inevitablemente, conducir a una injustificable toma de posición en apoyo de una de las fuerzas en conflicto".
Leamos el contexto Colombiano desde la perspectiva de la Juez de Milán. La insurrección campesina que vive Colombia desde la década del 50, es una guerra nacional de resistencia, los ciclos de violencia y exterminio sufridos por el inerme campesinado desde la década de 1920 se transformó en guerra civil desde la década del 50, guerra librada por el campesinado como resistencia frente a las formas de violencia, saqueo y exterminio que han acompañado los reacomodos en los patrones de acumulación del Capital en la Sociedad Colombiana.
La resistencia agraria no puede ser caracterizada como un hecho marginal, pues ésta se desarrolla en un nudo fundamental de la acumulación capitalista como es el agro colombiano y los nuevos patrones productivos necesarios a su reproducción en Colombia desde la industria extractiva y minera, los megaproyectos y el agro cultivo de biocombustibles.
El mapa de genocidio y expulsión violenta de que es víctima la población campesina desde los años 20, coincide con el mapa de concentración de la tierra en manos de terratenientes y transnacionales, coinciden también con los megaproyectos económicos, este hecho es recurrente desde la década de 1920 y más profundamente desde 1980 hasta hoy.
Frente al saqueo, el asesinato y la expulsión violenta, se ha configurado un intenso proceso de insurrección agraria que desde los años 60 lidera la insurgencia Colombiana, la cual es la expresión de la resistencia a la expulsión violenta y la imposibilidad de un espacio de acción civil y democrático para los movimientos campesinos y urbanos, la insurgencia es así mismo la resistencia a la implantación de este modelo sanguinario de configurar la economía, es igualmente la expresión de disputa por la inclusión de las mayorías y la democratización del régimen tiránico imperante en la Santanderista envoltura “democrática”.
La insurgencia es la resistencia contra la desmemoria, es la ruptura con la matriz del olvido y la barbarie hecha narco estado. En este contexto es necesario leer las condiciones de justeza y legitimidad del levantamiento insurgente.
La vulneración del derecho a la rebelión y su emparentamiento amañado con terrorismo no solo se da en las leyes penales colombianas y sus tribunales, ha tenido también como escenarios fundamentales los grandes medios de comunicación, especialmente El tiempo, Caracol y Rcn, los cuales como armas de guerra asimétrica construyen matrices por fuera del derecho público internacional en dirección a vulnerar la legitimidad de la resistencia insurgente.
Pero en los últimos 20 años la llamada “izquierda democrática” o el también variopinto centro político, abandonó el carril de la solución política negociada al conflicto armado y se alinderó con la política gubernamental de exterminio de la insurgencia, ellos también se sumaron al coro de desnaturalizar el delito político estigmatizándolo como terrorismo. Este alinderamiento vino a ser la confirmación de la cooptación política de la izquierda post-constituyente de 1991 en la sociedad Colombiana.
Esta izquierda y el conjunto de sus intelectuales vieron en la constituyente y la nueva constitución del 91 la realización de las luchas de toda su vida, por fin llegaba la “democracia”, pensaron, pero carecían de visión estratégica para leer el nuevo régimen de acumulación económica que esta constitución legitimaba, así como la obligatoria preparación de elementos de terror para garantizar la implantación y reproducción de este sobre explotador modelo.
Esta intelectualidad e izquierda flaca, pactó un acuerdo de paz sobre el olvido y el silencio, la paz firmada por las guerrillas desde 1990 no fue solo un pacto político y militar, fue ante todo un pacto ideológico, aceptaron olvidar que veníamos de un lustro donde un solo partido político de izquierda, la UP, había perdido seis mil militantes, pactó sobre el olvido de la desaparición y asesinato de 500.000 miembros de organizaciones sociales, pactó sobre el olvido del asesinato de los líderes presidenciales con opciones de gobierno de esa misma izquierda o centro político (Bernardo, Pizarro, Galán).
La invocación a la reconciliación y al punto final propuesta por muchos dirigentes de esta “izquierda”, pudiera haber sido legítima, el pacto de no abrir heridas, de una amnistía a insurgentes y a criminales de guerra (paramilitares_militares), a cambio de una transformación sustancial del país y construcción de unas garantías reales de democracia política, aunque oprobioso, podría haber encarnado alguna racionalidad comprensible, pero pactar sin alterar el régimen de terror que produjo el genocidio, pactar sin que la oligarquía garantizara en este pacto el derecho más mínimo, el derecho a la vida, no era otra cosa que la claudicación física de su lucha, claudicación física que luego fue acompañada con el cierre de su horizonte utópico y estratégico, abandonando la pregunta sustancial por el problema del poder y la transformación sustantiva mínima de la sociedad Colombiana.
Se refugiaron en la disputa de los gobiernos locales y hoy se muestran como pioneros en esta disputa, pero con esto también borran de la memoria a la Unión Patriótica y a los movimientos políticos regionales, movimientos forjadores de esta disputa y cuya hazaña de presentar propuestas de transformación real, aun por vías pacíficas, les costó el aniquilamiento físico por parte del régimen de terror que impera en Colombia.
Mientras esta izquierda cooptada se instalaba y corría presurosa a recoger las migajas , la oligarquía contestó a esta tímida constitución del 91, con la activación de un profundo proceso de contra reforma política y la implantación de un ejército fascista con dirección y articulación nacional, las Autodefensas Unidas de Colombia, como único modo de regular y garantizar el despojo y baño de sangre de que sería objeto la población Colombiana, particularmente le campesinado.
La oligarquía en este contexto, hace gala de su histórico espíritu machista y militarista, el cuadro nacional de una izquierda cooptada intenta complementarlo con la aniquilación militar de la izquierda que permanecía en armas. Ataca Casa Verde, bastión insurgente en que habían permanecido las FARC desde los diálogos de los cinco años anteriores, la oligarquía rompe unilateralmente lo poco del proceso de paz que aun subsistía y lanza su estrategia de aniquilamiento.
En el transcurso de la década del 90, el terrorismo de estado logra aniquilar miles y miles de campesinos, obreros, estudiantes y profesionales inermes, incluso a humoristas incómodos como Jaime Garzón, sin embargo su intensión de aniquilamiento militar de la guerrilla sufre un revés estruendoso hacia el final de la década, los ejércitos guerrilleros se crecen y comienzan a propinar estratégicos golpes al Ejército Colombiano, construyen corredores estratégicos y se posicionan en las goteras de Bogotá a comienzos del 2000.
Tras el ascenso militar insurgente en la década del 90, viene un nuevo período de diálogo, pero cosa curiosa de nuestra tropical realidad, la insurgencia siempre es golpeada políticamente en los ciclos de conversaciones de paz, por el contrario en los ciclos de confrontación militar, resiste, persiste y se empodera. Se cumple la sentencia del comandante Fidel Castro cuando afirmó “en Colombia nadie sobrevive a la paz”.
En la paz la insurgencia ha perdido políticamente, en el ciclo de conversaciones entre 1985 a 1990, fue golpeada y exterminada su expresión política legal, a pesar de que la existencia de UP hacía parte de los acuerdos negociados con el gobierno como parte de una fórmula para construir la paz, en el ciclo de negociaciones de paz realizadas entre 1989 y el 2002, su legitimidad aunque no su justeza, fue golpeada duramente desde un profundo juego de operaciones sicológicas desarrolladas desde los grandes medios de comunicación.
Si bien a los golpes en su legitimidad podemos sumarle errores políticos insurgentes y diversas infracciones al derecho internacional humanitario, es necesario valorar en su justa medida el silencio cómplice de la matriz mediática frente al genocidio adelantado comprobadamente por miembros de las fuerzas militares y los ejércitos paramilitares, mientras, cualquier infracción de la insurgencia al DIH, es trabajado en la emocionalidad pública con una amplificación y saña terrible.
En cada uno de los dos ciclos mencionados anteriormente, los “procesos de paz” han tenido como constante el exterminio de la población civil, la cual es masacrada, desplazada y asesinada inmisericordemente por la política de terror oficial.
Pero retomemos el hilo inicial, es la insurgencia Colombiana una expresión terrorista?, desde el derecho público internacional y el derecho de los pueblos a la rebelión contra un gobierno tiránico no lo es, desde el epíteto oligárquico, mediático o de la izquierda prepago si lo es.
En la tradición del derecho público internacional hay un marco normativo que ha resistido los intentos de su derrumbe, los intentos imperiales por tipificar como terrorista la resistencia insurgente de los pueblos no ha prosperado en los convenios internacionales sobre terrorismo.
Pero recordemos que el derecho público internacional, ha quedado convertido en una caricatura que el poder militar imperial y las burguesías del mundo incumplen sin recato, se empeñan en calificar de terrorista a actores con carácter político y cuya abierta rebelión está justificada por la estructura terrorista de estado que cierra las vías de la paz y de la política democrática.
La conducta de estigmatizar como terroristas a los luchadores por la libertad, no tiene otro propósito que enmascarar y ocultar la dramática guerra civil que se ha abierto desde hace más de cuatro décadas, y desnaturalizar a un actor con carácter político.
Este enmascaramiento y silenciamiento guarda en la gaveta todas las teorías de la guerra justa, las cuales parten de reconocer el carácter beligerante de los bandos enfrentados, asumirlos como enemigos públicos y tratarlos bajo las normas positivas del derecho de la guerra.
Desde las normas de la guerra contenidas en el “derecho público internacional”, una vez en armas, el bando, que es esencialmente beligerante, debe ser tratado como enemigo público. Esto implica 1. Que siendo sujeto del derecho de guerra no puede ser criminalizado desde la legislación interna, legislación del régimen contra el que se ha levantado en armas y cuya legislación no reconoce o aspira a transformar, 2. Su aniquilamiento no es un objetivo legítimo de guerra 3. Las hostilidades deben conducirse contemplando la eventulidad del tratado de paz, 4. Los beligerantes capturados no podrán ser juzgados por rebelión, sino que tendrán automáticamente el carácter de prisioneros de guerra que serán puestos en libertad solamente hasta cuando terminen las hostilidades o las partes acuerden un canje de prisioneros, 5. Los beligerantes derrotados tienen derecho a la amnistía con excepción de los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, 6. En una guerra civil en la que el Estado sea una de las partes, éste no puede juzgar los actos de los beligerantes que se le oponen bajo la legislación interna.
Pero bueno, por un lado va el derecho y por el otro la conducta de la sanguinaria oligarquía Colombiana, la cual ha ganado un cuarto de hora al infringirle un golpe político a la guerrilla en sus laboratorios de producción de legitimidad artificial y virtual. Se ha golpeado la legitimidad de un actor insurgente, pero no su justeza, la justeza de su levantamiento no se evalúa en los tribunales de la “opinión pública” prefabricada desde los mas-media, sino en el tribunal de los pueblos y de la historia, los cuales si la juzgan justa la harán pervivir y darán por fallo: La Guerra de Guerrillas no es Terrorismo, es resistencia popular contra la tiranía.
En el flujo de la política internacional, por imposición imperial y violando los mínimos parámetros del derecho internacional, se asiste a un intento por desaparecer la figura del delito político, intentando en consonancia con los intereses imperiales, acusar a los rebeldes detenidos de delitos distintos al de rebelión, se les acusa con cargos de terrorismo, secuestro, concierto para delinquir y, en el intento por despolitizar el conflicto armado, son señalados de narcotraficantes con lo cual pueden ser extraditadas a las cárceles del imperio como es el caso de dos guerrilleros y una guerrillera de las FARC en Colombia.
Una confrontación armada de larga duración como la colombiana genera prisioneros, que en el caso de los insurgentes detenidos según el derecho internacional asumen el estatus de prisioneros de guerra, pues su motivación ha sido la rebelión contra un estado que vulnera los más mínimos derechos humanos, contra un estado que no brinda ningún espacio para la oposición pacífica como lo ha demostrado el exterminio de los seis mil militantes de la UNIÓN PATRIÓTICA entre 1985 y 1990, los asesinatos de los candidatos de la izquierda y sectores democráticos con opciones de triunfo (Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán) y los miles de asesinatos de sindicalistas y dirigentes sociales durante toda la historia política Colombiana.
Al respecto es importante destacar el fallo de la juez de primera instancia de Milán, Clementina Forleo, cuando el 24 de enero del 2005 en un proceso adelantado a dos militantes Islámicos concluyó “Una cosa es la guerrilla y otra el terrorismo: es necesario distinguir entre las actividades desarrolladas en un contexto bélico y aquellas destinadas a golpear a la sociedad civil de forma indiscriminada” .
Según la magistrada, la guerra de guerrillas es una cosa y el terrorismo otra completamente distinta. En sus palabras "alguien que comete ataques en el contexto de un conflicto armado, si no involucra o ataca a civiles de manera intencionada, no es terrorista”.
Ésta es una distinción fundamental que hasta ahora no había sido definida adecuadamente en ninguna corte del mundo. De acuerdo con la jueza Forleo, "la noción de terrorismo diverge de la de subversión, y como tal, no está definida de una manera normativa”.
Ella invoca a la Convención Global sobre Terrorismo de la Naciones Unidas de 1999 para afirmar: "la actividad guerrillera o la violencia que tiene lugar en el contexto de un conflicto armado, aun cuando esté llevada a cabo por fuerzas armadas no institucionales, no puede ser perseguida, ni siquiera a nivel de la ley internacional, a menos que se violen leyes humanitarias internacionales".
De acuerdo con sus declaraciones, sancionar un acto guerrillero durante un conflicto, como terrorista, "podría, inevitablemente, conducir a una injustificable toma de posición en apoyo de una de las fuerzas en conflicto".
Leamos el contexto Colombiano desde la perspectiva de la Juez de Milán. La insurrección campesina que vive Colombia desde la década del 50, es una guerra nacional de resistencia, los ciclos de violencia y exterminio sufridos por el inerme campesinado desde la década de 1920 se transformó en guerra civil desde la década del 50, guerra librada por el campesinado como resistencia frente a las formas de violencia, saqueo y exterminio que han acompañado los reacomodos en los patrones de acumulación del Capital en la Sociedad Colombiana.
La resistencia agraria no puede ser caracterizada como un hecho marginal, pues ésta se desarrolla en un nudo fundamental de la acumulación capitalista como es el agro colombiano y los nuevos patrones productivos necesarios a su reproducción en Colombia desde la industria extractiva y minera, los megaproyectos y el agro cultivo de biocombustibles.
El mapa de genocidio y expulsión violenta de que es víctima la población campesina desde los años 20, coincide con el mapa de concentración de la tierra en manos de terratenientes y transnacionales, coinciden también con los megaproyectos económicos, este hecho es recurrente desde la década de 1920 y más profundamente desde 1980 hasta hoy.
Frente al saqueo, el asesinato y la expulsión violenta, se ha configurado un intenso proceso de insurrección agraria que desde los años 60 lidera la insurgencia Colombiana, la cual es la expresión de la resistencia a la expulsión violenta y la imposibilidad de un espacio de acción civil y democrático para los movimientos campesinos y urbanos, la insurgencia es así mismo la resistencia a la implantación de este modelo sanguinario de configurar la economía, es igualmente la expresión de disputa por la inclusión de las mayorías y la democratización del régimen tiránico imperante en la Santanderista envoltura “democrática”.
La insurgencia es la resistencia contra la desmemoria, es la ruptura con la matriz del olvido y la barbarie hecha narco estado. En este contexto es necesario leer las condiciones de justeza y legitimidad del levantamiento insurgente.
La vulneración del derecho a la rebelión y su emparentamiento amañado con terrorismo no solo se da en las leyes penales colombianas y sus tribunales, ha tenido también como escenarios fundamentales los grandes medios de comunicación, especialmente El tiempo, Caracol y Rcn, los cuales como armas de guerra asimétrica construyen matrices por fuera del derecho público internacional en dirección a vulnerar la legitimidad de la resistencia insurgente.
Pero en los últimos 20 años la llamada “izquierda democrática” o el también variopinto centro político, abandonó el carril de la solución política negociada al conflicto armado y se alinderó con la política gubernamental de exterminio de la insurgencia, ellos también se sumaron al coro de desnaturalizar el delito político estigmatizándolo como terrorismo. Este alinderamiento vino a ser la confirmación de la cooptación política de la izquierda post-constituyente de 1991 en la sociedad Colombiana.
Esta izquierda y el conjunto de sus intelectuales vieron en la constituyente y la nueva constitución del 91 la realización de las luchas de toda su vida, por fin llegaba la “democracia”, pensaron, pero carecían de visión estratégica para leer el nuevo régimen de acumulación económica que esta constitución legitimaba, así como la obligatoria preparación de elementos de terror para garantizar la implantación y reproducción de este sobre explotador modelo.
Esta intelectualidad e izquierda flaca, pactó un acuerdo de paz sobre el olvido y el silencio, la paz firmada por las guerrillas desde 1990 no fue solo un pacto político y militar, fue ante todo un pacto ideológico, aceptaron olvidar que veníamos de un lustro donde un solo partido político de izquierda, la UP, había perdido seis mil militantes, pactó sobre el olvido de la desaparición y asesinato de 500.000 miembros de organizaciones sociales, pactó sobre el olvido del asesinato de los líderes presidenciales con opciones de gobierno de esa misma izquierda o centro político (Bernardo, Pizarro, Galán).
La invocación a la reconciliación y al punto final propuesta por muchos dirigentes de esta “izquierda”, pudiera haber sido legítima, el pacto de no abrir heridas, de una amnistía a insurgentes y a criminales de guerra (paramilitares_militares), a cambio de una transformación sustancial del país y construcción de unas garantías reales de democracia política, aunque oprobioso, podría haber encarnado alguna racionalidad comprensible, pero pactar sin alterar el régimen de terror que produjo el genocidio, pactar sin que la oligarquía garantizara en este pacto el derecho más mínimo, el derecho a la vida, no era otra cosa que la claudicación física de su lucha, claudicación física que luego fue acompañada con el cierre de su horizonte utópico y estratégico, abandonando la pregunta sustancial por el problema del poder y la transformación sustantiva mínima de la sociedad Colombiana.
Se refugiaron en la disputa de los gobiernos locales y hoy se muestran como pioneros en esta disputa, pero con esto también borran de la memoria a la Unión Patriótica y a los movimientos políticos regionales, movimientos forjadores de esta disputa y cuya hazaña de presentar propuestas de transformación real, aun por vías pacíficas, les costó el aniquilamiento físico por parte del régimen de terror que impera en Colombia.
Mientras esta izquierda cooptada se instalaba y corría presurosa a recoger las migajas , la oligarquía contestó a esta tímida constitución del 91, con la activación de un profundo proceso de contra reforma política y la implantación de un ejército fascista con dirección y articulación nacional, las Autodefensas Unidas de Colombia, como único modo de regular y garantizar el despojo y baño de sangre de que sería objeto la población Colombiana, particularmente le campesinado.
La oligarquía en este contexto, hace gala de su histórico espíritu machista y militarista, el cuadro nacional de una izquierda cooptada intenta complementarlo con la aniquilación militar de la izquierda que permanecía en armas. Ataca Casa Verde, bastión insurgente en que habían permanecido las FARC desde los diálogos de los cinco años anteriores, la oligarquía rompe unilateralmente lo poco del proceso de paz que aun subsistía y lanza su estrategia de aniquilamiento.
En el transcurso de la década del 90, el terrorismo de estado logra aniquilar miles y miles de campesinos, obreros, estudiantes y profesionales inermes, incluso a humoristas incómodos como Jaime Garzón, sin embargo su intensión de aniquilamiento militar de la guerrilla sufre un revés estruendoso hacia el final de la década, los ejércitos guerrilleros se crecen y comienzan a propinar estratégicos golpes al Ejército Colombiano, construyen corredores estratégicos y se posicionan en las goteras de Bogotá a comienzos del 2000.
Tras el ascenso militar insurgente en la década del 90, viene un nuevo período de diálogo, pero cosa curiosa de nuestra tropical realidad, la insurgencia siempre es golpeada políticamente en los ciclos de conversaciones de paz, por el contrario en los ciclos de confrontación militar, resiste, persiste y se empodera. Se cumple la sentencia del comandante Fidel Castro cuando afirmó “en Colombia nadie sobrevive a la paz”.
En la paz la insurgencia ha perdido políticamente, en el ciclo de conversaciones entre 1985 a 1990, fue golpeada y exterminada su expresión política legal, a pesar de que la existencia de UP hacía parte de los acuerdos negociados con el gobierno como parte de una fórmula para construir la paz, en el ciclo de negociaciones de paz realizadas entre 1989 y el 2002, su legitimidad aunque no su justeza, fue golpeada duramente desde un profundo juego de operaciones sicológicas desarrolladas desde los grandes medios de comunicación.
Si bien a los golpes en su legitimidad podemos sumarle errores políticos insurgentes y diversas infracciones al derecho internacional humanitario, es necesario valorar en su justa medida el silencio cómplice de la matriz mediática frente al genocidio adelantado comprobadamente por miembros de las fuerzas militares y los ejércitos paramilitares, mientras, cualquier infracción de la insurgencia al DIH, es trabajado en la emocionalidad pública con una amplificación y saña terrible.
En cada uno de los dos ciclos mencionados anteriormente, los “procesos de paz” han tenido como constante el exterminio de la población civil, la cual es masacrada, desplazada y asesinada inmisericordemente por la política de terror oficial.
Pero retomemos el hilo inicial, es la insurgencia Colombiana una expresión terrorista?, desde el derecho público internacional y el derecho de los pueblos a la rebelión contra un gobierno tiránico no lo es, desde el epíteto oligárquico, mediático o de la izquierda prepago si lo es.
En la tradición del derecho público internacional hay un marco normativo que ha resistido los intentos de su derrumbe, los intentos imperiales por tipificar como terrorista la resistencia insurgente de los pueblos no ha prosperado en los convenios internacionales sobre terrorismo.
Pero recordemos que el derecho público internacional, ha quedado convertido en una caricatura que el poder militar imperial y las burguesías del mundo incumplen sin recato, se empeñan en calificar de terrorista a actores con carácter político y cuya abierta rebelión está justificada por la estructura terrorista de estado que cierra las vías de la paz y de la política democrática.
La conducta de estigmatizar como terroristas a los luchadores por la libertad, no tiene otro propósito que enmascarar y ocultar la dramática guerra civil que se ha abierto desde hace más de cuatro décadas, y desnaturalizar a un actor con carácter político.
Este enmascaramiento y silenciamiento guarda en la gaveta todas las teorías de la guerra justa, las cuales parten de reconocer el carácter beligerante de los bandos enfrentados, asumirlos como enemigos públicos y tratarlos bajo las normas positivas del derecho de la guerra.
Desde las normas de la guerra contenidas en el “derecho público internacional”, una vez en armas, el bando, que es esencialmente beligerante, debe ser tratado como enemigo público. Esto implica 1. Que siendo sujeto del derecho de guerra no puede ser criminalizado desde la legislación interna, legislación del régimen contra el que se ha levantado en armas y cuya legislación no reconoce o aspira a transformar, 2. Su aniquilamiento no es un objetivo legítimo de guerra 3. Las hostilidades deben conducirse contemplando la eventulidad del tratado de paz, 4. Los beligerantes capturados no podrán ser juzgados por rebelión, sino que tendrán automáticamente el carácter de prisioneros de guerra que serán puestos en libertad solamente hasta cuando terminen las hostilidades o las partes acuerden un canje de prisioneros, 5. Los beligerantes derrotados tienen derecho a la amnistía con excepción de los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, 6. En una guerra civil en la que el Estado sea una de las partes, éste no puede juzgar los actos de los beligerantes que se le oponen bajo la legislación interna.
Pero bueno, por un lado va el derecho y por el otro la conducta de la sanguinaria oligarquía Colombiana, la cual ha ganado un cuarto de hora al infringirle un golpe político a la guerrilla en sus laboratorios de producción de legitimidad artificial y virtual. Se ha golpeado la legitimidad de un actor insurgente, pero no su justeza, la justeza de su levantamiento no se evalúa en los tribunales de la “opinión pública” prefabricada desde los mas-media, sino en el tribunal de los pueblos y de la historia, los cuales si la juzgan justa la harán pervivir y darán por fallo: La Guerra de Guerrillas no es Terrorismo, es resistencia popular contra la tiranía.
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