Por Jimy Ríos- abpnoticias
1. Este documento parte de identificar la crisis fiscal y el gasto militar como signos de la decadencia del Estado colombiano. Las dificultades presupuestales expresan un acumulado neoliberal, corrupto y militarista. Tal como lo afirman las FARC en su Manifiesto, la “derecha fascista activó el presupuesto de la nación en función de la guerra y el resultado es el desastre social”. Es evidente pues que la institucionalidad demuestra cada año su incapacidad para resolver los problemas de la sociedad.
El mismo Estado reconoce que sus finanzas van de mal en peor al oficializar un déficit fiscal igual a 3.5% del Producto Interno Bruto, unos 19 billones de pesos (cerca de 9.500 millones de dólares). Sin embargo, analistas privados calculan un déficit de 4,5% del PIB en 2010, unos 23,5 billones de pesos. Por sectores tal vez la cosa puede verse más grave: en el caso de la salud reconoce un déficit de 7 billones y en la justicia un 1 billón de pesos. Si bien los indicadores convencionales tienen limitaciones para dar cuenta de la realidad, también es cierto que muestran, en sus propios términos, los desastres causados por la privatización y el ajuste fiscal. La tecnocracia pretendió “sanear las finanzas del Estado” y ahora las tiene en cuidados intensivos.
La inclusión del militarismo en el paquete neoliberal incentivó el gasto de grandes cantidades del presupuesto destinado a la guerra contra el Pueblo. Paradójicamente, mientras el Estado seguía la receta expulsando miles de sus trabajadores y trabajadoras en sectores como la educación y la salud, crecía desenfrenadamente la nómina militar. Aunque el régimen de terror solo registra una participación del gasto militar en el PIB del 4%, igual termina encabezando los más altos de América Latina. Al mismo tiempo Colombia es el tercer país en el mundo que más ayuda militar recibe de los Estados Unidos. Israel es el primero y éste a su vez ayuda a Colombia. Y la cuenta sigue y las cifras las vemos enseguida.
Con miras a trabajar sobre esta situación presupuestal, el congreso le aprobó al gobierno de Santos la política contra la crisis. Se trata de un acto legislativo que tiene como propósito incorporar a la Constitución Política, “el derecho a la sostenibilidad fiscal”. Según el actual ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, solo busca regular la administración del Estado para dar sostenibilidad económica al país. Y afirmó que “no tener un criterio de sostenibilidad es gastarse una plata de más todos los días, llegaríamos a la quiebra". Pero el ministro sabe que el asunto no es sólo de procedimientos si no de plata y comienza a buscarla, aunque bien sabe que el modelo de desarrollo en Colombia no la produce: según el Banco de la República en 2010 se creció solo el 4.5% aunque en el tercer trimestre de este año, el DANE había reportado un crecimiento del 3,6%.
Con el objetivo de maniobrar el déficit, el gobierno opta por el continuismo privatizador: ya anunció la venta de acciones de ECOPETROL. En segundo lugar el Senado también aprobó la venta del 49% de SATENA, la aerolínea de las Fuerzas Armadas. Y en tercer lugar tiene en la mira a ISA e ISAGEN (últimas empresas importantes de energía en las cuales aún le queda alguna propiedad). Así, con esta oferta el gobierno apunta a un nuevo fracaso. La política de privatizaciones del Estado colombiano ejecutada durante las últimas dos décadas, lo llevó a vender cientos de empresas estratégicas para la soberanía y el bienestar, particularmente asociadas a la energía eléctrica y de petróleo.
A la crisis fiscal se le suma ahora el desastre invernal. En el marco de la emergencia social, económica y ecológica, el gobierno está planteando una política tributaria con impuestos transitorios, para recoger entre 10 y 12 billones de pesos. Uno de ellos seria la extensión del impuesto al patrimonio (léase impuesto de guerra) hasta el 2015 y ampliar el rango de recaudo a los patrimonios mayores a 1.500 millones de pesos. Otro de los decretos pretende entregar facultades especiales para que bienes del narcotráfico queden en manos de los damnificados por el invierno. Y si bien antes de esta emergencia ya había anunciado la privatización de algunos activos públicos ahora encuentra justificación con la tragedia invernal.
Así mismo, algunas iniciativas que Santos presentó cuando se posesionó en agosto, quedaron supeditadas a la situación generada por el invierno y el mal manejo de las tierras por parte del Estado. Es el caso de la anunciada eliminación del 4 x mil: ahora ratificado ante la emergencia. El aplazamiento del desmonte de éste impuesto a las transacciones financieras será para utilizar cerca de 1.8 billones de pesos en la atención a los desastres del invierno y se aplaza para el 2018. También contempla el desmonte de las tarifas de energía para las grandes empresas mientras suben las de los estratos más bajos.
El presupuesto que los ministros diseñan para atender damnificados es de 10 billones, 5 de estos se destinarán a atender la red vial afectada por el invierno y los demás recursos se invertirían en atención a los damnificados; el plan incluye reemplazar las 2.939 viviendas destruidas y las 296 mil averiadas. Solo los gobernadores del Caribe dicen que necesitan entre 10 y 12 billones para su región. El presidente de los falsos positivos anunció la construcción de nuevas ciudades como si contara con recursos para hacerlas.
Otra de las medidas tomadas por el ejecutivo es la emisión de deuda de corto plazo con unos títulos de carácter rotativo de corto vencimiento. El endeudamiento será alternativa, pero como prestan cobran y no solo en dinero. Según el Banco de la República la deuda externa creció de manera exagerada durante el último año del gobierno de Álvaro Uribe, pues en agosto de 2009 era de U$ 49.950 millones y a septiembre de 2010 superó los U$ 60.000 millones: 38.000 pública y 22.000 privada; en pesos la deuda externa suma aproximadamente 120 billones. Deuda de corto plazo se acerca al 10% del total y solo la deuda privada del mismo plazo supera el 30%. El presupuesto nacional 2011 (147,3 billones de pesos) destinó el 25,6% es decir, 37,7 billones de pesos al pago del servicio de la deuda. Y en cuanto a la deuda pública interna (TES) el gobierno anunció que por subasta los ingresos subirán a 18 billones de pesos (9.957 millones de dólares), desde la meta original de 16 billones de pesos. Los TES son la segunda mayor fuente de financiación interna del gasto público, después de la recaudación de impuestos.
A propósito de esto último, no es difícil plantear que buena parte del crédito externo tiene como destino las Fuerzas Militares. Aunque esto ya es tradición, es notable el aumento durante los últimos dos años, particularmente vinculado a la compra de aeronaves y otras actividades de la Fuerza Área y la aviación del Ejército: ésta última creció tanto que dejó de ser Brigada para convertirse en División en 2010; dicho crecimiento estuvo asociado de manera particular a la compra de los Helicópteros MI-17 Hip, UH-60L Black Hawk y Arpía. Con recursos de la deuda externa se paga capacitación, el mantenimiento, repuestos y adecuaciones de la flota aérea acordes con el conflicto colombiano.
No sobra la aclaración de que una cosa es el endeudamiento externo y otra la ayuda, la cooperación internacional y las donaciones, eufemismos estos para encubrir la intervención de los Estados Unidos. En ese sentido, el presidente Obama le ratificó al embajador de la Casa de Nariño en Washington el compromiso con el Plan Colombia en el cual está posicionada la cifra de 10 mil millones de dólares ejecutados desde 2000 (unos 20 billones de pesos). En el presupuesto 2011 de los EEUU están asignados 49 millones de dólares solo para la base del Comando Aéreo de Combate en Puerto Salgar, conocida como Palanquero cerca a Bogotá. La participación del imperialismo en la guerra se concreta en la presencia y control de oficiales y soldados, aeronaves, instrumentos de inteligencia y empresa privadas de seguridad y otra serie de actividades encubiertas difíciles de contar en términos presupuestales. Colombia es un gran comprador de armamento a los Estados Unidos así como es también un gran deudor.
Este acento en las dificultades presupuestales no pretende anunciar el colapso financiero de la máquina de terror. Pero también es cierto que en el futuro inmediato la puede estar pasando mal. Algo tendrá que dejar de hacer el Estado. Algunos compromisos no los podrá cumplir aunque no por ello sufra de vergüenza pues la promesa incumplida es su constante. La cobertura de algunos programas va quedando reducida a su mínima expresión. Tapará huecos y abrirá otros. Tendrá que gastar reservas en almacén. Las capacidades creadas bélicas le pesarán. La subordinación, la capacidad de decisión y su margen de maniobra se pueden ver aun más restringidos. La promesa sobre la cuestión social será más difícil de maquillar con aspirinas. Forzará aun más su aparato militar para controlar la creciente inconformidad popular y el avance de las FARC.
2. El crecimiento del gasto militar es una muestra más de la decadencia del régimen. Realmente es difícil por no decir imposible calcular el dinero que se gasta el Estado colombiano con el apoyo de los Estados Unidos en esta guerra. En primer lugar, porque las instituciones nacionales y supranacionales utilizan diferentes metodologías para calcular el gasto que llaman sector defensa y seguridad. El FMI tiene una, el BM otra y así varios organismos internacionales encargados del seguimiento a estas cuestiones. Cada una incluyendo variables y rubros similares pero manteniendo algunas diferencias con lo cual no llegan a cálculos radicalmente distintos. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, las instituciones integradas en dicho sector no son las únicas encargadas de ejecutar tareas en la guerra pues en eso están la mayor parte de los entes estatales y para estatales como por ejemplo la cancillería de guerra. A esto habría que sumar cuentas paralelas y clandestinas, dinero del narcotráfico y de la empresa privada nacional y extranjera y los medios de comunicación.
En el caso colombiano, los rubros y las instituciones incluidas en el presupuesto del sector defensa son estas: Ministerio de Defensa y Policía Nacional, el Mantenimiento capacidad fuerza pública, Fortalecimiento capacidad fuerza pública, Mantenimiento capacidad DAS, Fondo Rotatorio del DAS, Fondo Rotatorio de la Policía, Agencia Logística de las FFMM, Instituto Casas Fiscales del Ejercito, Caja de Retiro de la Policía, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Caja Retiro FFMM, Club Militar de Oficiales, Defensa Civil Colombiana, Fortalecimiento capacidad DAS, Hospital Militar.
La crisis fiscal y el gasto militar han motivado posiciones encontradas entre agremiaciones privadas y el sector público. Por un lado están los moderados que plantean el arribo al techo del crecimiento de la fuerza pública: 426.014 hombres y mujeres. Y por el otro los pesimistas que ven insostenible esta cifra lograda particularmente en los últimos ocho años en los cuales las fuerzas militares y de policía crecieron un 43%. Con el impuesto de guerra el ejército creció en su nómina y ahora mantener esos gastos recurrentes le exige una segunda versión que no dejó de mostrar malestar entre los ricos. Algunos oligarcas propusieron incluso que lo pagáramos todos y todas las colombianas.
El nuevo impuesto para la guerra quedó regulado con la Ley de Ajuste Tributario aprobada en 2009. Está compuesta por tres grandes partes pero lo fundamental es mantener el impuesto al patrimonio durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Cobra tarifas de 0,6% para los patrimonios líquidos gravables entre $3 mil y $5 mil millones de pesos; y una tarifa del 1,2% para los patrimonios mayores de $5 mil millones de pesos. Se estima que este gravamen será pagado por cerca de 9.300 grandes contribuyentes sean personas naturales o jurídicas. Con éste tributo aspiran a recoger 10 billones y en 2011 inician con cerca de 3 billones.
Por otro lado, la reforma a las regalías tiene antecedentes en la discusión sobre el impuesto de guerra. Hoy todavía es debate en el congreso en medio del rechazo de sectores regionales tocados en sus intereses. El objetivo de la reforma es centralizar las ganancias del petróleo y favorecerle el margen de maniobra al gobierno nacional en medio de las vacas flacas. Algunos oligarcas sostuvieron que, contrario a financiar el tributo, lo menor era privatizar ECOPETROL –uno de los pocos activos del Estado-, y utilizar las regalías en la guerra.
En materia de proyección del gasto militar, el documento CONPES 3460 de febrero de 2007 titulado “política de consolidación de la seguridad democrática: fortalecimiento de las capacidades del sector defensa y seguridad”, da cuenta del comportamiento del gasto guerrerista de los últimos 4 años y deja ver algunos compromisos para el actual gobierno. El documento lo firman el Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación. En tal política, “Consolidar significa mantener unas capacidades y fortalecer otras”, dicen. Veamos un resumen.
Según éste documento, se requerirán inversiones procedentes de dos tipos de fuentes. La primera está dada por el Marco de Gasto de Mediano Plazo, cuyo monto, a precios constantes de 2006, asciende a los $50,3 billones para el Ministerio de Defensa. De ese monto total, $4.1 billones están destinados al rubro de inversión, lo que representa solo un 8,04 %. Estos recursos ya fueron ejecutados por el Gobierno Nacional. Sin embargo, en términos oficiales sólo permiten mantener capacidades y son insuficientes para fortalecerlas. Para completar las necesidades del sector defensa, de acuerdo con los objetivos planteados en la PCSD, se requieren recursos adicionales por el orden de los $7.54 billones. El fortalecimiento de la Fuerza Pública tiene énfasis en las siguientes cuatro áreas: 1. movilidad, 2. inteligencia, 3. pie de fuerza, 4. Mantenimiento de capacidades estratégicas. Los recursos proyectados en éste CONPES tuvieron esta distribución:
En la distribución porcentual por fuerzas, el CONPES define que el Ejército Nacional le asignaron una participación del 39.23% del presupuesto durante el cuatrienio (2007 – 2010). Le siguen en su orden la Fuerza Aérea (19.15%), la Armada Nacional (17.5%), la Policía Nacional (15.87%), el Comando General (2.39%) y el restante 5.86% le corresponde a Gestión General del Ministerio de Defensa, la Dirección General Marítima y las entidades descentralizadas del sector.
El siguiente esquema muestra otra distribución porcentual por ejes de fortalecimiento y la fuente es el CONPES del cual venimos hablando.
Al final de este artículo se anexa un cuadro que especifica aun más el tipo de de compras y programas que proyectaron en el CONPES y que aún quedan pendientes como por ejemplo el crecimiento de 20 mil policías. Con esto el Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, fundamenta el anunció de cinco mil nuevos uniformados en 2011, en cumplimiento de la denominada política de seguridad ciudadana.
Según Rivera, “Los recursos presupuestados en 2010 para temas salariales, prestacionales y de bienestar de miembros de la Fuerza Pública ascienden a $13.4 billones de pesos, que equivalen al 67% del presupuesto total del Sector Defensa”. De esta cifra, $7.9 billones corresponden al pago de salarios de personal activo, $2.1 billones corresponden al pago de cesantías, pensiones de invalidez y sobrevivencia de todo el personal de la Fuerza Pública y jubilación del personal civil. Y $3.19 billones corresponden al pago de asignaciones de retiro de personal militar y de policía. Para la salud se destinaron $1.2 billones en las direcciones de sanidad militar y de policía, y $192.582 millones en el Hospital Militar.
El presupuesto nacional 2011 fue aprobado con 147,3 billones de pesos, suma que representa un incremento del 2,5% respecto al 2010. Porcentaje de crecimiento que da cuenta además de las limitaciones presupuestales. De esta cifra, $83,9 billones (57%) corresponden a gastos de funcionamiento; $37,7 billones (25,6%) al pago del servicio de la deuda; y $25,6 billones (17,4%), a inversión.
Nótese en esta distribución porcentual que los recursos asignados a funcionamiento que en buena parte cubre los gastos de personal. Hay cálculos según los cuales los gastos de nómina financiados con recursos de la Nación se concentran en un 60,3% en el sector Defensa y Policía, los cuales suman $9,4 billones y crecen en 8,0% respecto a 2010. El Estado tiene cerca de un millón de personas con una nómina de 21 billones.
Para 2011 el sector defensa tiene asignados 21.3 billones de pesos. Recuérdese que aquí sostenemos que la plata para la guerra en Colombia no solo se contabiliza en éste sector. Para el año que comienza se incluyen los recursos correspondientes al fortalecimiento de la capacidad de la fuerza Pública por 394 mil millones, de los cuales 194 mm corresponden al impuesto al patrimonio (COMPES 3460 de 2007); se financiarán programas estratégicos de fragatas y submarinos y otros tales como vehículos blindados, equipos de inteligencia, centro de entrenamiento del equipo Kfir y construcción de comandos de Policía.
Estos recursos financian también programas del sector entre los que se encuentran, principalmente, el mantenimiento a las aeronaves y buques, el mantenimiento de equipos militares, la adquisición de munición y material de guerra.
Para terminar esta parte veamos el valor de algunos contratos puntuales en los últimos años:
• La FAC compró 25 aviones Supertucano al Brasil por cerca de 240 millones de dólares.
• En junio de 2008, la FAC recibió 2 Casa C-295 que hacen parte del convenio firmado con el gobierno español, para adquirir 4 aeronaves de transporte de tropas, por un valor cercano a las 120 millones de dólares.
• En 2009 Israel Aeroesoace Industries anunció la entrega de los primeros aviones Kafir C12 de un contrato por 13 aeronaves junto con la modernización de los otros 11 que ya están en el inventario de la FAC. Valió cerca de 160 millones de dólares asignados desde 2007 y pagados con el impuesto de guerra.
• Por 57 millones de dólares la FAC adquirió un Boing 767 cuya misión principal es reabastecer en el aire a los aviones de combate en cualquier parte del territorio nacional. Así como transportar hasta 50 toneladas de carga o 210 pasajeros.
• En Octubre de 2006 el Gobierno solicitó a la Sikorsky Aircraft Corporation la venta de 15 helicópteros de asalto UH-60L Black Hawk por un importe de 303 millones de dólares. Y en Junio de 2007 Sikorsky Aircraft Corporation firmó una Letter of Acceptance para la provisión y serán obtenidos de segunda mano de los stocks del US Army vía Foreign Military Sales. El contrato incluye la provisión de repuestos, entrenamiento y logística. En julio de 2009 el ejército recibió el primer lote con 6 UH -60L de este contrato aunque finalmente reportaron un valor de 225 millones de dólares.
• En abril de 2006 el Ejército adquirió 15 obuses 155/52 APU SBT de 155 mm a la empresa española GDSBS (General Dynamics / Santa Bárbara Sistemas). El monto de la operación fue de 13,5 millones de Euros, esperándose la recepción de los nueve primeros obuses durante el curso del año 2006.
• Solo con esta utilería nos acercamos a los mil millones de dólares.
3. Finalmente, tener en cuenta algunas de las dificultades del gobierno para resolver los ingresos y particularmente los que requiere en la guerra. En primer lugar por la vía de la privatización sabemos que esos recursos se esfuman. O que respondan ¿dónde están los recursos de 20 años de privatización? Una parte se la robó la corrupción, otra, que es lo mismo, está en las cuentas de la oligarquía colombiana y de las multinacionales. Una buena parte la dispararon contra la resistencia popular. Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe vendieron las empresas públicas que en la actualidad son estupendos negocios con grandes ganancias para el capital privado y ahora el Estado tiene muy poco para vender.
En segundo lugar están las dificultades para recaudar los impuestos. La Contaduría General de la Nación reveló que 307 mil personas naturales y 67 mil empresas, se encuentran en mora de pagarle a diferentes entidades del Estado del orden nacional y territorial, 19 billones 200 mil millones de pesos a septiembre de 2009. Muchas son las razones. La legitimidad cuenta mucho por ejemplo pero en términos generales la crisis económica, la pobreza y el desempleo aportan a la evasión. También el ocultamiento de las ganancias por parte de los capitalistas que con todo y eso el gobierno brinda gabelas a grandes empresas nacionales y extranjeras para que inviertan sin muchas contraprestaciones.
En octubre de 2010, Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, sostuvo lo siguiente: “Si hacemos un ejercicio sencillo, tenemos que el Producto Interno Bruto de Colombia, en un año, es de 500 billones de pesos… Si la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) confirma que la remuneración de todos los trabajadores formales suma 100 billones de pesos anuales; las utilidades de las empresas -si se miran por renta del aparato productivo- representan 100 billones, y todos los demás impuestos (mal contados) significan otros 117 billones de pesos, tenemos identificados 320 billones de pesos del PIB”. Esto quiere decir que 180 billones restantes no pagan tributos.
En tercer lugar están las demandas contra el Estado también por múltiples razones, algunas de estas vinculadas al conflicto armado. Por esto último, la Nación se vio obligada a pagar litigios por 481.800 millones de pesos durante 2009, revela un informe del Ministerio de Hacienda. Entre las entidades estatales que soportaron el mayor número de demandas se encuentra el Ministerio de Defensa Nacional que en ese año registró la mayor concentración con un 32,6%, del total. Por su parte, La Contaduría General de la Nación reportó demandas contra el Estado al 30 de junio del 2010 por 716 billones de pesos, y casi todo corresponde a litigios administrativos.
La agenda inmediata del gobierno está bastante complicada. Santos anunció que más de 22 mil millones de dólares costará la reparación de víctimas en Colombia. Y en otro campo, el director de Planeación Nacional, Hernán José Gómez, confirmó que las necesidades en materia de infraestructura superan los 16 billones de pesos de acuerdo con un informe preliminar que se viene trabajando con el Ministerio del transporte. Están asignadas las obras de la Ruta del Sol y la vía de las Américas que cuestan billones y su viabilidad está puesta en cuestión.
Para terminar, cabe la pregunta entonces de ¿cómo atenderá el Estado el desastre social en Colombia? Un considerable problema urbano: allí se encuentra el 75% de la población y de cada 100 habitantes, 29 viven en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En términos oficiales el desempleo nacional es del 12% y la informalidad supera el 60%. Ciudades como Pereira -de 500 mil habitantes- supera el 20% de desempleo. En el año Bicentenario Colombia sumó cerca de 47 millones de habitantes de los cuales 30 millones se contabilizan en la pobreza. 4.5 millones de personas en situación de desplazamiento y ahora 3.5 millones damnificadas por el invierno tienen al país con dramas humanos por todo su territorio. Estas son situaciones inmanejables con políticas asistencialistas.
El mismo Estado reconoce que sus finanzas van de mal en peor al oficializar un déficit fiscal igual a 3.5% del Producto Interno Bruto, unos 19 billones de pesos (cerca de 9.500 millones de dólares). Sin embargo, analistas privados calculan un déficit de 4,5% del PIB en 2010, unos 23,5 billones de pesos. Por sectores tal vez la cosa puede verse más grave: en el caso de la salud reconoce un déficit de 7 billones y en la justicia un 1 billón de pesos. Si bien los indicadores convencionales tienen limitaciones para dar cuenta de la realidad, también es cierto que muestran, en sus propios términos, los desastres causados por la privatización y el ajuste fiscal. La tecnocracia pretendió “sanear las finanzas del Estado” y ahora las tiene en cuidados intensivos.
La inclusión del militarismo en el paquete neoliberal incentivó el gasto de grandes cantidades del presupuesto destinado a la guerra contra el Pueblo. Paradójicamente, mientras el Estado seguía la receta expulsando miles de sus trabajadores y trabajadoras en sectores como la educación y la salud, crecía desenfrenadamente la nómina militar. Aunque el régimen de terror solo registra una participación del gasto militar en el PIB del 4%, igual termina encabezando los más altos de América Latina. Al mismo tiempo Colombia es el tercer país en el mundo que más ayuda militar recibe de los Estados Unidos. Israel es el primero y éste a su vez ayuda a Colombia. Y la cuenta sigue y las cifras las vemos enseguida.
Con miras a trabajar sobre esta situación presupuestal, el congreso le aprobó al gobierno de Santos la política contra la crisis. Se trata de un acto legislativo que tiene como propósito incorporar a la Constitución Política, “el derecho a la sostenibilidad fiscal”. Según el actual ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, solo busca regular la administración del Estado para dar sostenibilidad económica al país. Y afirmó que “no tener un criterio de sostenibilidad es gastarse una plata de más todos los días, llegaríamos a la quiebra". Pero el ministro sabe que el asunto no es sólo de procedimientos si no de plata y comienza a buscarla, aunque bien sabe que el modelo de desarrollo en Colombia no la produce: según el Banco de la República en 2010 se creció solo el 4.5% aunque en el tercer trimestre de este año, el DANE había reportado un crecimiento del 3,6%.
Con el objetivo de maniobrar el déficit, el gobierno opta por el continuismo privatizador: ya anunció la venta de acciones de ECOPETROL. En segundo lugar el Senado también aprobó la venta del 49% de SATENA, la aerolínea de las Fuerzas Armadas. Y en tercer lugar tiene en la mira a ISA e ISAGEN (últimas empresas importantes de energía en las cuales aún le queda alguna propiedad). Así, con esta oferta el gobierno apunta a un nuevo fracaso. La política de privatizaciones del Estado colombiano ejecutada durante las últimas dos décadas, lo llevó a vender cientos de empresas estratégicas para la soberanía y el bienestar, particularmente asociadas a la energía eléctrica y de petróleo.
A la crisis fiscal se le suma ahora el desastre invernal. En el marco de la emergencia social, económica y ecológica, el gobierno está planteando una política tributaria con impuestos transitorios, para recoger entre 10 y 12 billones de pesos. Uno de ellos seria la extensión del impuesto al patrimonio (léase impuesto de guerra) hasta el 2015 y ampliar el rango de recaudo a los patrimonios mayores a 1.500 millones de pesos. Otro de los decretos pretende entregar facultades especiales para que bienes del narcotráfico queden en manos de los damnificados por el invierno. Y si bien antes de esta emergencia ya había anunciado la privatización de algunos activos públicos ahora encuentra justificación con la tragedia invernal.
Así mismo, algunas iniciativas que Santos presentó cuando se posesionó en agosto, quedaron supeditadas a la situación generada por el invierno y el mal manejo de las tierras por parte del Estado. Es el caso de la anunciada eliminación del 4 x mil: ahora ratificado ante la emergencia. El aplazamiento del desmonte de éste impuesto a las transacciones financieras será para utilizar cerca de 1.8 billones de pesos en la atención a los desastres del invierno y se aplaza para el 2018. También contempla el desmonte de las tarifas de energía para las grandes empresas mientras suben las de los estratos más bajos.
El presupuesto que los ministros diseñan para atender damnificados es de 10 billones, 5 de estos se destinarán a atender la red vial afectada por el invierno y los demás recursos se invertirían en atención a los damnificados; el plan incluye reemplazar las 2.939 viviendas destruidas y las 296 mil averiadas. Solo los gobernadores del Caribe dicen que necesitan entre 10 y 12 billones para su región. El presidente de los falsos positivos anunció la construcción de nuevas ciudades como si contara con recursos para hacerlas.
Otra de las medidas tomadas por el ejecutivo es la emisión de deuda de corto plazo con unos títulos de carácter rotativo de corto vencimiento. El endeudamiento será alternativa, pero como prestan cobran y no solo en dinero. Según el Banco de la República la deuda externa creció de manera exagerada durante el último año del gobierno de Álvaro Uribe, pues en agosto de 2009 era de U$ 49.950 millones y a septiembre de 2010 superó los U$ 60.000 millones: 38.000 pública y 22.000 privada; en pesos la deuda externa suma aproximadamente 120 billones. Deuda de corto plazo se acerca al 10% del total y solo la deuda privada del mismo plazo supera el 30%. El presupuesto nacional 2011 (147,3 billones de pesos) destinó el 25,6% es decir, 37,7 billones de pesos al pago del servicio de la deuda. Y en cuanto a la deuda pública interna (TES) el gobierno anunció que por subasta los ingresos subirán a 18 billones de pesos (9.957 millones de dólares), desde la meta original de 16 billones de pesos. Los TES son la segunda mayor fuente de financiación interna del gasto público, después de la recaudación de impuestos.
A propósito de esto último, no es difícil plantear que buena parte del crédito externo tiene como destino las Fuerzas Militares. Aunque esto ya es tradición, es notable el aumento durante los últimos dos años, particularmente vinculado a la compra de aeronaves y otras actividades de la Fuerza Área y la aviación del Ejército: ésta última creció tanto que dejó de ser Brigada para convertirse en División en 2010; dicho crecimiento estuvo asociado de manera particular a la compra de los Helicópteros MI-17 Hip, UH-60L Black Hawk y Arpía. Con recursos de la deuda externa se paga capacitación, el mantenimiento, repuestos y adecuaciones de la flota aérea acordes con el conflicto colombiano.
No sobra la aclaración de que una cosa es el endeudamiento externo y otra la ayuda, la cooperación internacional y las donaciones, eufemismos estos para encubrir la intervención de los Estados Unidos. En ese sentido, el presidente Obama le ratificó al embajador de la Casa de Nariño en Washington el compromiso con el Plan Colombia en el cual está posicionada la cifra de 10 mil millones de dólares ejecutados desde 2000 (unos 20 billones de pesos). En el presupuesto 2011 de los EEUU están asignados 49 millones de dólares solo para la base del Comando Aéreo de Combate en Puerto Salgar, conocida como Palanquero cerca a Bogotá. La participación del imperialismo en la guerra se concreta en la presencia y control de oficiales y soldados, aeronaves, instrumentos de inteligencia y empresa privadas de seguridad y otra serie de actividades encubiertas difíciles de contar en términos presupuestales. Colombia es un gran comprador de armamento a los Estados Unidos así como es también un gran deudor.
Este acento en las dificultades presupuestales no pretende anunciar el colapso financiero de la máquina de terror. Pero también es cierto que en el futuro inmediato la puede estar pasando mal. Algo tendrá que dejar de hacer el Estado. Algunos compromisos no los podrá cumplir aunque no por ello sufra de vergüenza pues la promesa incumplida es su constante. La cobertura de algunos programas va quedando reducida a su mínima expresión. Tapará huecos y abrirá otros. Tendrá que gastar reservas en almacén. Las capacidades creadas bélicas le pesarán. La subordinación, la capacidad de decisión y su margen de maniobra se pueden ver aun más restringidos. La promesa sobre la cuestión social será más difícil de maquillar con aspirinas. Forzará aun más su aparato militar para controlar la creciente inconformidad popular y el avance de las FARC.
2. El crecimiento del gasto militar es una muestra más de la decadencia del régimen. Realmente es difícil por no decir imposible calcular el dinero que se gasta el Estado colombiano con el apoyo de los Estados Unidos en esta guerra. En primer lugar, porque las instituciones nacionales y supranacionales utilizan diferentes metodologías para calcular el gasto que llaman sector defensa y seguridad. El FMI tiene una, el BM otra y así varios organismos internacionales encargados del seguimiento a estas cuestiones. Cada una incluyendo variables y rubros similares pero manteniendo algunas diferencias con lo cual no llegan a cálculos radicalmente distintos. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, las instituciones integradas en dicho sector no son las únicas encargadas de ejecutar tareas en la guerra pues en eso están la mayor parte de los entes estatales y para estatales como por ejemplo la cancillería de guerra. A esto habría que sumar cuentas paralelas y clandestinas, dinero del narcotráfico y de la empresa privada nacional y extranjera y los medios de comunicación.
En el caso colombiano, los rubros y las instituciones incluidas en el presupuesto del sector defensa son estas: Ministerio de Defensa y Policía Nacional, el Mantenimiento capacidad fuerza pública, Fortalecimiento capacidad fuerza pública, Mantenimiento capacidad DAS, Fondo Rotatorio del DAS, Fondo Rotatorio de la Policía, Agencia Logística de las FFMM, Instituto Casas Fiscales del Ejercito, Caja de Retiro de la Policía, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Caja Retiro FFMM, Club Militar de Oficiales, Defensa Civil Colombiana, Fortalecimiento capacidad DAS, Hospital Militar.
La crisis fiscal y el gasto militar han motivado posiciones encontradas entre agremiaciones privadas y el sector público. Por un lado están los moderados que plantean el arribo al techo del crecimiento de la fuerza pública: 426.014 hombres y mujeres. Y por el otro los pesimistas que ven insostenible esta cifra lograda particularmente en los últimos ocho años en los cuales las fuerzas militares y de policía crecieron un 43%. Con el impuesto de guerra el ejército creció en su nómina y ahora mantener esos gastos recurrentes le exige una segunda versión que no dejó de mostrar malestar entre los ricos. Algunos oligarcas propusieron incluso que lo pagáramos todos y todas las colombianas.
El nuevo impuesto para la guerra quedó regulado con la Ley de Ajuste Tributario aprobada en 2009. Está compuesta por tres grandes partes pero lo fundamental es mantener el impuesto al patrimonio durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Cobra tarifas de 0,6% para los patrimonios líquidos gravables entre $3 mil y $5 mil millones de pesos; y una tarifa del 1,2% para los patrimonios mayores de $5 mil millones de pesos. Se estima que este gravamen será pagado por cerca de 9.300 grandes contribuyentes sean personas naturales o jurídicas. Con éste tributo aspiran a recoger 10 billones y en 2011 inician con cerca de 3 billones.
Por otro lado, la reforma a las regalías tiene antecedentes en la discusión sobre el impuesto de guerra. Hoy todavía es debate en el congreso en medio del rechazo de sectores regionales tocados en sus intereses. El objetivo de la reforma es centralizar las ganancias del petróleo y favorecerle el margen de maniobra al gobierno nacional en medio de las vacas flacas. Algunos oligarcas sostuvieron que, contrario a financiar el tributo, lo menor era privatizar ECOPETROL –uno de los pocos activos del Estado-, y utilizar las regalías en la guerra.
En materia de proyección del gasto militar, el documento CONPES 3460 de febrero de 2007 titulado “política de consolidación de la seguridad democrática: fortalecimiento de las capacidades del sector defensa y seguridad”, da cuenta del comportamiento del gasto guerrerista de los últimos 4 años y deja ver algunos compromisos para el actual gobierno. El documento lo firman el Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación. En tal política, “Consolidar significa mantener unas capacidades y fortalecer otras”, dicen. Veamos un resumen.
Según éste documento, se requerirán inversiones procedentes de dos tipos de fuentes. La primera está dada por el Marco de Gasto de Mediano Plazo, cuyo monto, a precios constantes de 2006, asciende a los $50,3 billones para el Ministerio de Defensa. De ese monto total, $4.1 billones están destinados al rubro de inversión, lo que representa solo un 8,04 %. Estos recursos ya fueron ejecutados por el Gobierno Nacional. Sin embargo, en términos oficiales sólo permiten mantener capacidades y son insuficientes para fortalecerlas. Para completar las necesidades del sector defensa, de acuerdo con los objetivos planteados en la PCSD, se requieren recursos adicionales por el orden de los $7.54 billones. El fortalecimiento de la Fuerza Pública tiene énfasis en las siguientes cuatro áreas: 1. movilidad, 2. inteligencia, 3. pie de fuerza, 4. Mantenimiento de capacidades estratégicas. Los recursos proyectados en éste CONPES tuvieron esta distribución:
En la distribución porcentual por fuerzas, el CONPES define que el Ejército Nacional le asignaron una participación del 39.23% del presupuesto durante el cuatrienio (2007 – 2010). Le siguen en su orden la Fuerza Aérea (19.15%), la Armada Nacional (17.5%), la Policía Nacional (15.87%), el Comando General (2.39%) y el restante 5.86% le corresponde a Gestión General del Ministerio de Defensa, la Dirección General Marítima y las entidades descentralizadas del sector.
El siguiente esquema muestra otra distribución porcentual por ejes de fortalecimiento y la fuente es el CONPES del cual venimos hablando.
Al final de este artículo se anexa un cuadro que especifica aun más el tipo de de compras y programas que proyectaron en el CONPES y que aún quedan pendientes como por ejemplo el crecimiento de 20 mil policías. Con esto el Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, fundamenta el anunció de cinco mil nuevos uniformados en 2011, en cumplimiento de la denominada política de seguridad ciudadana.
Según Rivera, “Los recursos presupuestados en 2010 para temas salariales, prestacionales y de bienestar de miembros de la Fuerza Pública ascienden a $13.4 billones de pesos, que equivalen al 67% del presupuesto total del Sector Defensa”. De esta cifra, $7.9 billones corresponden al pago de salarios de personal activo, $2.1 billones corresponden al pago de cesantías, pensiones de invalidez y sobrevivencia de todo el personal de la Fuerza Pública y jubilación del personal civil. Y $3.19 billones corresponden al pago de asignaciones de retiro de personal militar y de policía. Para la salud se destinaron $1.2 billones en las direcciones de sanidad militar y de policía, y $192.582 millones en el Hospital Militar.
El presupuesto nacional 2011 fue aprobado con 147,3 billones de pesos, suma que representa un incremento del 2,5% respecto al 2010. Porcentaje de crecimiento que da cuenta además de las limitaciones presupuestales. De esta cifra, $83,9 billones (57%) corresponden a gastos de funcionamiento; $37,7 billones (25,6%) al pago del servicio de la deuda; y $25,6 billones (17,4%), a inversión.
Nótese en esta distribución porcentual que los recursos asignados a funcionamiento que en buena parte cubre los gastos de personal. Hay cálculos según los cuales los gastos de nómina financiados con recursos de la Nación se concentran en un 60,3% en el sector Defensa y Policía, los cuales suman $9,4 billones y crecen en 8,0% respecto a 2010. El Estado tiene cerca de un millón de personas con una nómina de 21 billones.
Para 2011 el sector defensa tiene asignados 21.3 billones de pesos. Recuérdese que aquí sostenemos que la plata para la guerra en Colombia no solo se contabiliza en éste sector. Para el año que comienza se incluyen los recursos correspondientes al fortalecimiento de la capacidad de la fuerza Pública por 394 mil millones, de los cuales 194 mm corresponden al impuesto al patrimonio (COMPES 3460 de 2007); se financiarán programas estratégicos de fragatas y submarinos y otros tales como vehículos blindados, equipos de inteligencia, centro de entrenamiento del equipo Kfir y construcción de comandos de Policía.
Estos recursos financian también programas del sector entre los que se encuentran, principalmente, el mantenimiento a las aeronaves y buques, el mantenimiento de equipos militares, la adquisición de munición y material de guerra.
Para terminar esta parte veamos el valor de algunos contratos puntuales en los últimos años:
• La FAC compró 25 aviones Supertucano al Brasil por cerca de 240 millones de dólares.
• En junio de 2008, la FAC recibió 2 Casa C-295 que hacen parte del convenio firmado con el gobierno español, para adquirir 4 aeronaves de transporte de tropas, por un valor cercano a las 120 millones de dólares.
• En 2009 Israel Aeroesoace Industries anunció la entrega de los primeros aviones Kafir C12 de un contrato por 13 aeronaves junto con la modernización de los otros 11 que ya están en el inventario de la FAC. Valió cerca de 160 millones de dólares asignados desde 2007 y pagados con el impuesto de guerra.
• Por 57 millones de dólares la FAC adquirió un Boing 767 cuya misión principal es reabastecer en el aire a los aviones de combate en cualquier parte del territorio nacional. Así como transportar hasta 50 toneladas de carga o 210 pasajeros.
• En Octubre de 2006 el Gobierno solicitó a la Sikorsky Aircraft Corporation la venta de 15 helicópteros de asalto UH-60L Black Hawk por un importe de 303 millones de dólares. Y en Junio de 2007 Sikorsky Aircraft Corporation firmó una Letter of Acceptance para la provisión y serán obtenidos de segunda mano de los stocks del US Army vía Foreign Military Sales. El contrato incluye la provisión de repuestos, entrenamiento y logística. En julio de 2009 el ejército recibió el primer lote con 6 UH -60L de este contrato aunque finalmente reportaron un valor de 225 millones de dólares.
• En abril de 2006 el Ejército adquirió 15 obuses 155/52 APU SBT de 155 mm a la empresa española GDSBS (General Dynamics / Santa Bárbara Sistemas). El monto de la operación fue de 13,5 millones de Euros, esperándose la recepción de los nueve primeros obuses durante el curso del año 2006.
• Solo con esta utilería nos acercamos a los mil millones de dólares.
3. Finalmente, tener en cuenta algunas de las dificultades del gobierno para resolver los ingresos y particularmente los que requiere en la guerra. En primer lugar por la vía de la privatización sabemos que esos recursos se esfuman. O que respondan ¿dónde están los recursos de 20 años de privatización? Una parte se la robó la corrupción, otra, que es lo mismo, está en las cuentas de la oligarquía colombiana y de las multinacionales. Una buena parte la dispararon contra la resistencia popular. Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe vendieron las empresas públicas que en la actualidad son estupendos negocios con grandes ganancias para el capital privado y ahora el Estado tiene muy poco para vender.
En segundo lugar están las dificultades para recaudar los impuestos. La Contaduría General de la Nación reveló que 307 mil personas naturales y 67 mil empresas, se encuentran en mora de pagarle a diferentes entidades del Estado del orden nacional y territorial, 19 billones 200 mil millones de pesos a septiembre de 2009. Muchas son las razones. La legitimidad cuenta mucho por ejemplo pero en términos generales la crisis económica, la pobreza y el desempleo aportan a la evasión. También el ocultamiento de las ganancias por parte de los capitalistas que con todo y eso el gobierno brinda gabelas a grandes empresas nacionales y extranjeras para que inviertan sin muchas contraprestaciones.
En octubre de 2010, Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, sostuvo lo siguiente: “Si hacemos un ejercicio sencillo, tenemos que el Producto Interno Bruto de Colombia, en un año, es de 500 billones de pesos… Si la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) confirma que la remuneración de todos los trabajadores formales suma 100 billones de pesos anuales; las utilidades de las empresas -si se miran por renta del aparato productivo- representan 100 billones, y todos los demás impuestos (mal contados) significan otros 117 billones de pesos, tenemos identificados 320 billones de pesos del PIB”. Esto quiere decir que 180 billones restantes no pagan tributos.
En tercer lugar están las demandas contra el Estado también por múltiples razones, algunas de estas vinculadas al conflicto armado. Por esto último, la Nación se vio obligada a pagar litigios por 481.800 millones de pesos durante 2009, revela un informe del Ministerio de Hacienda. Entre las entidades estatales que soportaron el mayor número de demandas se encuentra el Ministerio de Defensa Nacional que en ese año registró la mayor concentración con un 32,6%, del total. Por su parte, La Contaduría General de la Nación reportó demandas contra el Estado al 30 de junio del 2010 por 716 billones de pesos, y casi todo corresponde a litigios administrativos.
La agenda inmediata del gobierno está bastante complicada. Santos anunció que más de 22 mil millones de dólares costará la reparación de víctimas en Colombia. Y en otro campo, el director de Planeación Nacional, Hernán José Gómez, confirmó que las necesidades en materia de infraestructura superan los 16 billones de pesos de acuerdo con un informe preliminar que se viene trabajando con el Ministerio del transporte. Están asignadas las obras de la Ruta del Sol y la vía de las Américas que cuestan billones y su viabilidad está puesta en cuestión.
Para terminar, cabe la pregunta entonces de ¿cómo atenderá el Estado el desastre social en Colombia? Un considerable problema urbano: allí se encuentra el 75% de la población y de cada 100 habitantes, 29 viven en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En términos oficiales el desempleo nacional es del 12% y la informalidad supera el 60%. Ciudades como Pereira -de 500 mil habitantes- supera el 20% de desempleo. En el año Bicentenario Colombia sumó cerca de 47 millones de habitantes de los cuales 30 millones se contabilizan en la pobreza. 4.5 millones de personas en situación de desplazamiento y ahora 3.5 millones damnificadas por el invierno tienen al país con dramas humanos por todo su territorio. Estas son situaciones inmanejables con políticas asistencialistas.
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