Paramilitarización del Estado y de los procesos electorales.

2da Parte

Escrito por Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP

La década de 1990 a 2000, fue la del reacomodo del bipartidismo, tomando vertientes de remozamiento irreal, al tiempo que se nutrían de paramilitarismo y se fortalecían en diversas zonas del país como fuerzas reaccionarias armadas contando con el beneplácito del gobierno de Cesar Gaviria, quien le dio vía libre y base a los “Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada”, grupos paramilitares de extrema derecha amparados en la legalidad, que ya durante el gobierno de Samper se llamaron propiamente con ese nombre de CONVIVIR; es decir, las nefastas Cooperativas de Seguridad Rural a las que ya nos hemos referido.

- Nadie sino la mayoría, es soberana. Es un tirano el que se pone en lugar del pueblo, y su potestad, usurpación.
(Simón Bolívar en su Proclama a los venezolanos. Maracaibo, 16 de diciembre de 1826).
- Hay que advertir, además, que Engels, con la mayor precisión, llama al sufragio universal arma de dominación de la burguesía. El sufragio universal, dice Engels, sacando evidentemente las enseñanzas de la larga experiencia de la socialdemocracia alemana, es “el índice que sirve para medir la madurez de la clase obrera. No puede ser más ni será nunca más, en el Estado actual”. Los demócratas pequeñoburgueses, por el estilo de nuestros social-revolucionarios y mencheviques, y sus hermanos carnales, todos los social-chovinistas y oportunistas de la Europa occidental, esperan, en efecto, “más” del sufragio universal. Comparten ellos mismos e inculcan al pueblo la falsa idea de que el sufragio universal es, “en el Estado actual”, un medio capaz de expresar realmente la voluntad de la mayoría de los trabajadores y de garantizar su efectividad práctica.
(V. I. Lenin, en El Estado y la Revolución, agosto de 1917).

Así las cosas, todo el sistema se plagó de estos elementos, no en el plano táctico sino estratégico, como política de Estado de la que no se ha distanciado ninguno de los gobernantes.

De los primeros dominios en el Magdalena Medio y el Cesar, pasaron luego a su presencia en Antioquia y Córdova, logrando con el apoyo del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, su fortalecimiento criminal como paramilitares. Luego viene su desmadre en Urabá y la incidencia generalizada de la guerra sucia del Estado que, cuando habló de paz en los tiempos del gobierno de Andrés Pastrana Arango, no lo hizo para llegar a un acuerdo de solución de los problemas sociales que padece Colombia sino solamente para confeccionar su reingeniería militarista.

Los Batallones y Brigadas, la financiación del narcotráfico y de los grandes empresarios como de los gamonales locales y aristócratas le dieron contextura nacional a los paramilitares. La guerra sucia del Estado tomó estructura con fuerzas paraestatal que llamaron, a partir de 1997, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); instrumento de un Estado criminal que a sus fuerzas armadas también las descompuso más profundamente en su mentalidad de Seguridad Nacional asesina, poniéndolos a coordinar y dirigir las operaciones de guerra sucia con más ahínco y desvergüenza que nunca .

Era el aparato criminal del Estado con sus fuerzas militares y paramilitares en acción defendiendo los intereses de las trasnacionales, de los latifundistas y el gran empresariado, mientras el plan de paz del Caguán el régimen lo mandaba p’al carajo con sus acciones de baja intensidad y con la mencionada “reingeniería” de las fuerzas armadas que ya apuntaba en ponerse en la vía que trazaba el “Plan Colombia”; es decir, en el camino intervencionista diseñado en Washington y admitido con veneración por las cúpulas oligárquicas y por la estólida institucionalidad burguesa. Se trataba de un plan para ejecutar no la cacareada lucha antidroga sino para enclavar con más fuerza la guerra contrainsurgente y el poder re-colonizador del imperio contra el continente.

Nombres repulsivos como el de Salvatore Mancuso, de la mano del ejército, se hicieron pavorosamente resonantes inundando de sangre, multiplicando masacres, realizando diversos crímenes inenarrables en sectores del Catatumbo y de la Costa Caribe colombiana, en las que al mismo tiempo las Fuerzas Armadas hacían bloqueos de alimentos y abastecimientos contra los campesinos mientras bombardeaban y hacían tierra arrasada de los campos y cementeras.

Entretanto muchos de los analistas tibios de la derecha, ó de “centro”, ó de la seudo-izquierda, miraban el fenómeno como un asunto de confrontación entre guerrilla y paramilitares; miraban y analizaban el fenómeno como de avance de las fuerzas contrainsurgentes. Generalmente guardaban silencio; pero no dejaban también de aplaudir o de mirar las cosas con “equilibrio valorativo” sin atreverse a denunciar que era una criminal política de Estado dirigida no sólo contra la guerrilla sino, especialmente, contra la inconformidad y la organización popular.

Paulatinamente, pero sin parar, el Estado intensificó la guerra sucia en los mencionados sectores, en Urabá, y en amplias zonas del Magdalena Medio donde el campesinado fue azotado de manera infame por las masacres y los desplazamientos. Entretanto, las opiniones de “versados”, analizaban el supuesto retroceso de la insurgencia sin ocuparse de las denuncias que ameritaban las atrocidades que el Estado, mediante el paramilitarismo, hacía causando sufrimiento a la población.

Guerra sucia, paramilitarismo, descomposición moral de las fuerzas armadas, más dinero, más pie de fuerza, tecnología de punta, intervención yanqui a favor del Estado, manipulación mediática apuntando sobre las conciencias de la población, combinando con miserabilización del pueblo, es el coctel de injusticias que se fue profundizando.

El mismo Estado, como se ve, con el surgimiento del cartel de las tres letras que es como se le conoce al DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) de Uribe, abrió las rutas para el narcotráfico y varios de los empresarios también lo hicieron. La mismidad Estado-Paramilitarismo, se manifiesta en que su dirigencia es la misma mescolanza de la oligarquía pútrida en el poder; por ello no es de extrañar que los Mancuso, Castaño y demás genocidas tuvieran poder económico, político, militar…; es decir, poder de Estado; porque en sí eran el Estado también; un Estado delincuente, pero al fin de cuentas el Estado. Por ello se les veía como beneficiarios de amnistías, indultos, prebendas; por eso actuaban con manos libres, como actores y conductores de los grupos políticos regionales del bipartidismo y sus enmascaradas derivaciones que pululaban como si se tratara de nacientes partidos de renovación política, etc.

Así, el proceso electoral se hizo cada vez más ilegítimo; más y más en la medida en que acrecía, al lado de la consuetudinaria venalidad, la corrupción rampante y el terror, el influjo narco-paramilitar desde dentro del Estado o desde fuera de él, pero a sus instancias; pero tratando de aparentar diferencia que no existía. Así actuaron en el departamento del Magdalena a través de Jorge Cuarenta, que tenía como uno de los testaferros electorales de las AUC a Neyla Alfredina Soto, por ejemplo. De las reuniones, orientaciones y presiones que Jorge Cuarenta dio mediante esta mujer, surgió el famoso Pacto de Chivolo, (28 de septiembre de 2000).

He ahí una muestra no lejana de la “transparencia” de los procesos electorales colombianos; he ahí la “transparencia” de la democracia que llevó a Álvaro Uribe y ahora a Juan Manuel Santos hasta la Presidencia de la República.

¿Y, quién puede creer que procedimientos como el pacto de Chivolo ya desaparecieron por obra y gracia de la “desmovilización” paramilitar, cuando uno de sus cerebros, Uribe Vélez, está activo, como activas están las estructuras fundamentales de terror avaladas por el poder permanente, como ocurre con lo que ahora llaman Águilas Negras?

¿Quién puede creer que procedimientos como el que colocaron de candidato a la gobernación del Magdalena a José Dávila Armenta, avalado por las llamadas “Provincias Unidas”, mampara electorera de Mancuso, ya no existen?

¿Cuántos alfiles políticos del Uribismo y del Santismo, es decir del fascismo, llegaron al parlamento como consecuencia del fraude y la presión armada de los paramilitares?

¿Se han olvidado acaso las denuncias del ex - director de informática del DAS de Álvaro Uribe, el señor Rafael García, que puso a la defensiva al Presidente narco-paramilitar, y a la Corte Suprema de Justicia a investigar a decenas de parlamentarios que fueron “elegidos” con dineros y presiones del narcotráfico y el paramilitarismo?

La historia de esta sentina que es el sistema electoral colombiano, tiene muchos momentos de inmundicia neta que son muy recientes como para olvidarlos. No se pueden olvidar nombres que reconfirman esa asquerosidad como: El “Gordo” García, Dieb Maloof Cuse; Luis Eduardo Vives; Mauricio Pimiento; Álvaro Araujo Castro; o los representantes a la cámara Alfonso Campo Escobar; Jorge Luis Caballero; Karelys Lara Vence; Rodrigo Roncallo; u otros procesados por la fiscalía como Jorge Castro Pacheco; Salomón Saade; o ex representantes como José Gamarra Sierra; Miguel Ángel Durán; Jorge Luis Ramírez; ó ex gobernadores como Trino Luna Correa (del Magdalena); Hernando Molina Araujo (del Cesar); José Domingo Dávila Armenta, ya mencionado; o el ex alcalde de Santa Marta José Francisco Zúñiga, etc. etc.
Es muy reciente la historia, muy escandalosos y muchísimos los casos incluidos en este zoológico de tramposos y asesinos, como para no ser vistos por los analistas que de frente o disimuladamente le hacen loas al régimen.
En extensas regiones del país, la población ha sido presionada, o simplemente sustituida su opinión por las imposiciones de elementos creados por el Estado como sus instrumentos de opresión. Es el ejemplo de Miguel Arroyave, que fungía como jefe del llamado “Bloque Catatumbo”, trasmutación del “Bloque Centauros” del que Arroyave “compró” la “franquicia” al narco-paramilitar Vicente Castaño, supuestamente en 8 millones de dólares; o el caso de los hermanos Mejía Múnera, que compraron parte del lote paramilitar de las llamadas AUC empotrado en Arauca. Todas estas transacciones, alrededor de estructuras criminales que sostenían el control electoral de sus áreas ocupadas con el respaldo de la Fuerza Pública, se hicieron con dineros del narcotráfico.

No se puede olvidar tampoco, el acuerdo paramilitar para adelantar la “irrenunciable tarea de refundar la patria, de firmar un nuevo contrato social”; es decir, no se puede olvidar el llamado y tan sonado Pacto de Ralito (Julio 23 de 2001). No se puede colocar en el olvido a la recua de personajes de la oligarquía que ha impuesto sus criterios de la “democracia” de la tierra arrasada, como son los casos de los parlamentarios, gobernadores, diputados, alcaldes y políticos que le hicieron el juego a esa basura fascista, todos comprometiéndose en favorecer al Estado y su actual régimen social de injusticias; es decir, el Estado que protege los intereses los intereses políticos más mezquinos de la oligarquía.
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Inauguraron entre ellos la “democracia del terror”: que a todos nos toque un poco de ello, de desplazamiento, de masacres, con la excusa de estar salvando al país de la insurgencia, cuando el verdadero trasfondo es el control territorial, económico y político de Colombia para que el imperio yanqui tome el continente.

La lucha contrainsurgente, como la lucha contra el narcotráfico que adelantan los yanquis, es sólo una mampara del verdadero propósito re-colonizador imperial al que le hace el juego la oligarquía vende-patria.

Han constituido una poderosa alianza para-Estatal, por ende a favor del Estado, para no permitir el acceso de las mayorías nacionales a sus derechos políticos y sociales. Parte de ello fue la mayor profundización de la exclusión en el aparato electoral ya de por si corroído de antidemocracia, desde los orígenes de la República tomada por el santanderismo luego de aplastar el proyecto bolivariano de emancipación.

¿Quién podría decir que no establecieron sus santuarios electorales, a punta de fuerza y terror que les garantizara el control absoluto de los guarismos, independientemente de que la gente votara o no votara? Si no se votaba, supuestamente no se tenía posibilidad de ganar y si se votaba como oposición y por casualidad se ganaba, también al final se perdía; pero si se ganaba y se sostenía el triunfo, como lo hizo la militancia de la UP, lo que venía era el aniquilamiento. En síntesis, dentro de la lógica electoral de este sistema avieso, si no se votaba se perdía y si se votaba ganando, también se perdía.

Pero la situación ha alcanzado niveles de descomposición tan fétida, que en diversos y múltiples momentos, la misma prensa oligárquica y sus analistas de derecha se vieron obligados a tener que “denunciar” tibiamente el asunto:

- El paramilitarismo de Estado eliminó contradictores y competidores.
- Manipuló y presionó el flujo electoral a favor de los candidatos que impuso, independientemente del partido o grupo político tras el que se camuflaran.
- Se valieron y contaron con la Rregistraduría Nacional y la estructura electoral institucional en general para, aún con todas las gabelas del fraude y el terror ya mencionadas, tener la posibilidad de ajustar las cifras a sus conveniencias.
- En algunas partes ni siquiera hacían la pantomima de la fila para esperar el momento de depositar los tarjetones electorales. Sencillamente los llenaban los delegados que enclavaba el paramilitarismo en cada mesa de votación o en los mecanismos de control de los escrutinios.

Esta es la realidad de la formulación más estrepitosamente escandalosa de la “democracia electoral” que le dio y le sigue dando triunfos a la mafia fascista que gobierna Colombia con el respaldo de Washington.