LUCHANDO CONTRA EL FASCISMO DESDE TODAS LAS TRINCHERAS

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Canciones de Combate

lunes, 16 de agosto de 2010

La incubación del “Estado Comunitario"


PRIMERA PARTE:

(Las mayorías tienen la razón, pero las minorías tienen el poder)

Escrito por Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Últimamente se escucha con alguna incidencia creciente a quienes manifiestan que las “mayorías tienen la razón, pero las minorías tienen el poder”, lo cual dentro de una verdadera democracia sería un absoluto contrasentido. Pero resulta que en Colombia esta expresión coincide plenamente con la realidad.
Es en este contexto, donde deberemos explicar lo que objetivamente significa el ascenso a la Presidencia de la República del narco-gánster Álvaro Uribe Vélez, por dos períodos consecutivos (ocho años), que están por culminar con un saldo terriblemente negativo para las mayorías..

- La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las Naciones. (Bolívar Simón. Proyecto de Constitución para Bolivia, mayo 25 de 1821).

- La omnipotencia de la “riqueza” es más segura en las repúblicas democráticas, porque no depende de la mala envoltura política del capitalismo. La república democrática es la mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo, y por lo tanto el capital, al dominar (a través de los Pakhinski, los Chernov, los Tsereteli y Cía.) esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su Poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos, dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar este Poder. (V. I. Lenin, en El Estado y la Revolución, agosto de 1917).

“Quien escruta elige”, suele decir la tradición política de quienes no tiene ninguna credulidad en el sistema, ni en el proceso electoral colombiano.
Últimamente se escucha con alguna incidencia creciente a quienes manifiestan que las “mayorías tienen la razón, pero las minorías tienen el poder”, lo cual dentro de una verdadera democracia sería un absoluto contrasentido. Pero resulta que en Colombia esta expresión coincide plenamente con la realidad.
Es en este contexto, donde deberemos explicar lo que objetivamente significa el ascenso a la Presidencia de la República del narco-gánster Álvaro Uribe Vélez, por dos períodos consecutivos (ocho años), que están por culminar con un saldo terriblemente negativo para las mayorías.

Se trata de dos momentos que han transcurrido de manera tortuosa para el pueblo a partir de agosto de 2002 hasta agosto de 2010. Pero desde mucho antes de este lapso, el mandatario mafioso venía construyendo, como instrumento de la oligarquía colombiana más recalcitrante y descompuesta, su prospecto de país regido por las mafias de la cocaína, tal como lo deseaba su mentor en ese sucio negocio, Pablo Escobar Gaviria.

¿Pero en qué ha consistido el concepto de país moldeado por esa pandilla en el poder?

Más allá del odio visceral que profesa por las FARC, derivado de su falsa creencia en cuanto a que su padre, “don” Alberto Uribe Sierra, también narcotraficante, fue asesinado por la insurgencia y no por la mafia antioqueña, Álvaro Uribe Vélez es la encarnación de un proyecto en el que se empeñan fuerzas “políticas” y sociales de extrema derecha, avaladas por el imperio yanqui, y que obedecen a una dinámica con raíces históricas, no con improvisación, que venían diseñando la implantación de lo que ahora se conoce como Estado Comunitario, que al fin de cuentas es una idea gaseosa e indefinida, que tenía como núcleo la necesidad y determinación de centralizar en el poder ejecutivo, por el acopiado, el control absolutista de la conducción de una estrategia de guerra que garantizara la implantación de un modelo económico tendiente a exacerbar la acumulación y concentración de capital y tierra en manos de la oligarquía, y en beneficio absoluto del capital financiero que regiría el funcionamiento fundamental de la economía.

Concentración absolutista del poder ejecutivo, fortalecimiento extremo del mismo en detrimento o con subordinación del legislativo, fortalecimiento íntegro de la fuerza pública y paramilitar del Estado; es decir, la militarización del régimen y la reducción extrema de las libertades ciudadanas, entre otras medidas como la corrupción y mengua moral mediante la venalidad, la emulación de la delación y el involucramiento del conjunto social en la guerra a través del pago de recompensas y la organización de redes de informantes y obviamente el compromiso de sumisión frente a Estados Unidos, presentado como armónica relación bilateral de colaboración en la lucha anti-terrorista y contra el narcotráfico, pero que en el fondo significa el arrodillamiento respecto a las políticas de libre mercado y las políticas neoliberales yanquis en general. .

Se trata de la definición expresa, pública, de un Estado fascista, lanzado desde el año 2000 frente a los gremios más reaccionarios, como es el caso, por ejemplo, del gremio de los ganaderos organizados en Fedegán, que son reconocidos forjadores del paramilitarismo. No obstante, el proyecto, reiteremos, se propulsa desde los tiempos en que Uribe Vélez fungiendo como gobernador de Antioquia desplegó el modelo inicial del llamado "Estado Comunitario", con el argumento de que sería una estrategia para “estimular la participación de la ciudadanía en la generación de empleo”. En realidad lo que se estableció fue un esquema paramilitar de “seguridad” en el marco del cual se crearon las “CONVIVIR”, como primeras bandas paramilitares sobre las que se pretendió establecer legalidad mientras cometían intimidaciones y asesinatos contra la población campesina, contando con el respaldo de las fuerzas de seguridad del Estado y diversas autoridades locales civiles y de policía. Ellas fueron arma de la guerra sucia de los latifundistas y narcotraficantes en Antioquia, inicialmente, para luego del laboratorio de muerte experimentado en el nudo del Paramillo y en el eje bananero del Urabá, expandirse a otras partes del país.

Como mascarada se trató de decir que el Estado Comunitario implicaba la participación ciudadana en las definiciones nodales de la política social, y trataron de presentar una versión falaz en ese sentido, que resultó una caricatura tan deforme del Estado de Bienestar que de ninguna manera logra disfrazar su verdadero carácter gansteril cuando hace campear la manipulación sobre los sectores empobrecidos, con ese esperpento llamado SISBEN, con el cual anuncian subsidiarlo todo para, en últimas, con el manejo de limosnas falazmente hacen cree que se está tratando de sortear los problemas sociales de los más de 28 millones de pobres que tiene el país. Lo que se subsidia, verdaderamente, es el clientelismo, de manera obscena y humillante para los necesitados, mientras se beneficia a los sectores pudientes, contando con un teatro malo de nunca acabar; es decir, el sainete del los Consejos Comunitarios, donde el jefe del gobierno, aparentando preocupación por los problemas sociales de la población creó teatros de protagonismo unipersonal, ególatra, en los que se despachó entregando auxilios Presidenciales a cambio de favores políticos encaminados a hacer acumulación de potencial electorero. Sin embargo, en medio de la aparente preocupación social, siempre saltó de bulto el impulso ignominioso de la “Seguridad Democrática”, que abrió paso a esa comedia que fue el “proceso de Paz” con el paramilitarismo, la cual tenía el trasfondo de otorgarle la condición de actor político y beligerante a estos asesinos, a un punto tal que generó las condiciones para que el Congreso de la República, infestado también de paramilitarismo, aprobara la “Ley de Justicia y Paz; es decir, la ley de impunidad, la mampara del terrorismo de Estado, la “licencia” para que los capitales del narcotráfico se mesclaran en el conjunto de la vida política, económica y social de nuestra patria.

En contraste, y como designio del pentágono, todo ello está impregnado de la violencia más terrible, que coloca en la condición de terrorista a quien se oponga a tanta iniquidad o a quien no favorezca su cacería de brujas contra la dirigencia revolucionaria o contra los inconformes. Con el “Plan Colombia” y el “Plan Patriota”, especialmente, se recrudece la guerra a muerte contra la insurgencia revolucionaria y contra los movimientos sociales y políticos de oposición.

Mucho de lo dicho no es novedoso en el historial criminal del régimen colombiano. Con cinismo, casi todos los gobernantes terminan por “admitir” que existen injusticias sociales que son las que generan el conflicto, pero más que para resolver las injusticias lo hacen para argumentar que ello mismo implica que no son las fuerzas armadas las directas responsables de los “excesos” que se comenten en la confrontación. Y que seguramente los opositores deben buscar salidas no violentas a la confrontación, en busca de lo que llaman “cohesión social” (mansa resignación frente a los atropellos de la oligarquía). En algunos momentos, incluso, gobiernos ha habido que mostraron una aparente intención de diálogo, pero sin dar seña cierta de cejar en sus tradicionales políticas que favorecen al imperio y a las oligarquías.

Cuando los gobernantes han cedido en ciertas peticiones levantadas persistentemente por el pueblo, como es el caso de la elección popular de alcaldes que tanta expectativa generó, o en la apertura de espacios de participación política, se cuidan mucho de no perder el control de los procesos y en no comprometer el manejo esencial del poder. De tal manera que si se presiente alguna amenaza al respecto, tienen listas las armas para el exterminio, tal como ocurrió con la Unión Patriótica.

El aniquilamiento de la militancia de este proyecto de paz es clara muestra reciente de la situación descrita.

Recordemos, apropósito de este caso de exterminio, que los procesos subsiguientes a los acuerdos de la Uribe durante los diálogos de paz con el gobierno del Presidente Belisario Betancur, posibilitaron que la militancia de la UP accediera en mayo de 1986 a 23 alcaldías, a 351 curules para los Concejos municipales, a 14 curules en las Asambleas departamentales, a 9 curules en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado de la República.

Subsiguientemente vinieron los crímenes por decenas, hasta llegar quizás a más de 5000 sacrificados. Comenzaron, en la parte más visible, con el asesinato del dirigente comunista Leonardo Posada, quien por entonces era Representante a la Cámara por el departamento de Santander, y la guerra sucia continuó de manera descarada dirigida por el Estado, que poco a poco constituyó un terrible genocidio en el que se incluyen como víctimas, nombres de personalidades como Jaime Pardo Leal, luego Bernardo Jaramillo (ambos candidatos Presidenciales de la UP en momentos diferentes)…, con macartismo contumaz se activaba a los asesinos desde las sedes de las Divisiones, Brigadas y Batallones de las fuerzas armadas y sedes de las diversas estructuras de la policía nacional y otros organismos armados del Estado en general, dando vuelo al mismo tiempo, nuevamente, a los llamados pájaros que actuaron durante los años de la violencia de los 50 como fuerzas paraestatales; pero ahora lo hacían con el carácter más desfachatado de ser fuerzas paramilitares, que contaban casi abiertamente con apoyo de políticos extremistas como Héctor Polanía, o generales como Landazabal Reyes desde la cúpula militar, entre muchísimos otros integrantes del bestiario oficial.

El Estado, en absoluta fusión con el narcotráfico, el latifundismo y los políticos más reaccionarios propulsaron el paramilitarismo de la época como una política anti-popular de la oligarquía en el poder.

Recuérdese para la época, el surgimiento del Movimiento de Restauración Nacional, MORENA, de ideología fascista, ya descollando como experimento electoral, cuya estrategia proselitista radicaba en el terror; terror convertible en votos.

Su respaldo clandestino contaba con la financiación de trasnacionales, con los dólares de la Texas Petroleum Co., por ejemplo y con los latifundistas gamonales, con los ganaderos feudalistas y con toda esa laya de personajes de mentalidad colonialista que se agrupa en las federaciones de ganaderos y grandes agricultores del país, de donde derivaron las masacres, los desplazamientos forzados y el despojo de la tierra, notorio primero en el Magdalena Medio que tomara como epicentro a Puerto Boyacá. Luego pasó su laboratorio al Urabá en cabeza de los generales carniceros Rito Alejo del Rió y Quintero, para después transitar hacia la Costa Caribe y el resto del país.

De todo ello participó la institucionalidad burguesa, el gobierno de Betancur y el de Virgilio Barco, apuntando hacia la exacerbación del paramilitarismo que impidiera la organización o el repunte del movimiento popular, abriendo las puertas del bipartidismo a los descompuestos sectores de narcotraficantes que se mantuvieron en incubación aún durante el proceso de paz de la época Betancur-Barco. Esta circunstancia persistió aún durante la Constituyente que arrojó la Constitución del 91; en esa ocasión no se le posibilitó la participación en su definición al conjunto de la insurgencia sino a los desmovilizados, y al proceso lo llamaron Pacto de Paz sin remover un ápice las causas estructurales que generan la injusticia social y la confrontación.

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