Escrito por Jesús Santrich, Integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP.
La reciente reunión de enero de 2011 del Estado Mayor del Bloque Martín Caballero de las FARC-EP analizó algunos problemas relacionados con esta verdad. Las reflexiones se realizan en momentos en que, como en todo el país, en la Costa Caribe, la profunda crisis humanitaria derivada de la guerra impuesta por el régimen, se agrava en proporciones aún no bien cuantificadas como consecuencia de la terrible ola invernal que ha causado desastres como la ruptura del Canal del Dique , la inundación de más de un millón de hectáreas cultivadas, la destrucción de viviendas en más de 30 mil unidades…, y en fin, la generación del al menos el 70 % de los daños y damnificados de todo el país, los cuales en su conjunto podrían sumar no menos de 2,5 millones de víctimas. Frente a esta realidad, el EMB prevé el ascenso de la protesta social y la necesidad de estar a la altura de la conducción, enfrentando con realismo la demagogia gubernamental desmovilizante que habla de reformas inverosímiles o engañosas dentro de una política guerrerista y de despilfarro militar, como la Ley de restitución de tierra y la de reparación de víctimas, la de generación de empleo y primer empleo, la de construcción del millón de viviendas, etc. Con un presupuesto que esquilma la inversión social real, agranda el endeudamiento y hace prever ajustes fiscales y tributarios que harán más lamentable la vida de los colombianos.
Miremos algunas de las promesas de Juan Manuel Santos.
1. La solución de empleo según Juan Manuel Santos.
Esto precisamente es lo que hasta el momento ocurre con las promesas electoreras de Juan Manuel Santos, quien de entrada a ha ofrecido y parece mantenerse en ello, la creación de 2 millones cuatrocientos mil empleos y la formalización de 500 mil más; como quien dice, el establecimiento de casi tres millones de nuevos empleos formales.
A partir de este largo bostezo de ilusionista habló Juan Manuel de las famosas “cinco locomotoras del crecimiento” de las que manaría la concreción de sus espejismos: minas, agro, infraestructura, vivienda e innovación, ciencia y tecnología, colocando cuotas específicas de generación de empleo a cada una de las destartaladas máquinas.
Lo único cierto hasta el momento, sin contar los estragos aún no cuantificados del invierno, es que el período presidencial de Uribe, según las cifras mismas engañosas del DANE, es que la tasa de desempleo en una época de alta ocupación como lo fue el tránsito de año 2009 a 2010, hasta febrero era de 12,8 %, lo cual no mejoró durante el curso del año que acaba de culminar. Por entonces, la población ocupada fue 18,9 millones; la desocupada 2,7 millones, y la inactiva 13 millones de personas, con el detalle de que durante aquel periodo móvil de transición la mayor participación de ocupación se registraba en el llamado “trabajo por cuenta propia (43,5%); es decir trabajo en actividades sin estabilidad laboral ni garantías sociales en los espacios de informalidad como comercio, hotelería y restaurantes, en los que se ocupaba el 27,1 %del total de los trabajadores.
El 2010 fue sin duda un lapso en el que lo que se registró fue una tendencia a la precarización del mercado de trabajo colombiano, al punto que el DANE expresó que de cada 100 trabajadores ocupados, 58 son informales (11 millones aproximadamente); lo que equivale a que más o menos el 63,4 por ciento de la población económicamente activa (13,7 millones de personas que venden su fuerza de trabajo) labor en condiciones de precariedad.
No obstante Santos trata de darle base a su ilusión expresando con un programa de becas para que la juventud posponga su entrada al mercado laboral, con el cambio de las exenciones tributaria al capital por exenciones a quienes creen empleo y eliminando aportes parafiscales que encarecen la mano de obra se podría coadyuvar a bajar el desempleo, como si en el primer caso la mayoría de los jóvenes que acceden a la U no tuviesen que trabajar no solo para pagar sus matrículas sino también para sobrevivir ellos y sus familias; o como si la ley 50 de reforma laboral ya no hubiese marcado una nefasta experiencia de “flexibilización” que se convirtió en sobreexplotación sin generar empleo cierto de ningún tipo. Generalmente las exenciones de uno u otro tipo no son más que beneficios para los capitalistas y no soluciones para los casi 2.700.000 desempleados que dice el DANE existen en Colombia y que coloca al país en el nivel de la más alta tasa de desocupación de Latinoamérica, hecho que no ha variado ni aún si consideramos el cacareado y falas crecimiento económico que se dice se produjo durante el gobierno de Uribe.
Según el Plan del presidente Santos la idea es colocar el nivel del desempleo por debajo del 9 % en el año 2014 y del 6% en el 2020. ¿Se referirá Santos al conservadora cifra promedio del desempleo estructural que suelen medir los expertos considerando que nunca está por debajo del 7 y 8%? O se referirá al conjunto de la precariedad laboral que se come vivos a los 13.7 millones de personas que integran la población económicamente activa?, ¿ se referirá a los 11 millones de informales de los que habló el DANE?
Santos debería tomar en cuenta que el famoso crecimiento económico de Uribe y en el que el mismo cifra sus esperanzas para proyectar las falacias del 2014 y del 2020, se dio básicamente en el renglón de la gran minería y otros menores, donde desafortunadamente no se generó ni se generará mayor cantidad de puestos laborales., que además existe la experiencia de que el crecimiento minero implicó una revaluación del peso que subió el costo de la mano de obra en alrededor del 40 %. Por lo demás, cada día se registra un aumento de la población en edad de trabajar sin que existan proyecciones claras de ocupación.de quedar cesante. Lo único que se vislumbra según el discurso vende patria neoliberal y de la llamada “seguridad inversionista” propalado por Uribe y endiosado por Santos sólo es un atractivo para las grades trasnacionales mineras que casi en nada contribuirían a resolver la grave situación del desempleo precario y la informalidad o desempleo disfrazado.
Desde el Bloque Martín Caballero hemos reiterado nuestra insistente búsqueda de una salida dialogada al conflicto político y social armado que padece Colombia. Ello tendrá que pasar por encontrar soluciones a estos y a los antiguos problemas que sufre el pueblo colombiano, lo cual sólo se logrará mediante la lucha decisiva, construyendo una nueva alternativa política que junte fuerzas y propósitos en pos de la democracia en justicia, libertad y paz.
La data del accionar militar de las FARC en el 2010 -sin relacionar los partes que culminan con SDR, o Se Desconocen Resultados- arroja la ejecución de más de 2.300 acciones militares o choques armados que produjeron 2.075 muertos en las filas del ejército, la policía y los paramilitares, 2.242 heridos y 21 desaparecidos, para un total de 4.338 bajas en las tropas oficiales, además de 75 helicópteros averiados, 1 derribado, 19 avionetas y un avión impactados, así como 11 lanchas artilladas y 2 barcos, más un sinnúmero de prisioneros que han sido dejados en libertad sin contraprestación alguna, lo cual indica la necesidad inaplazable de buscar soluciones urgentes al desangre nacional, mientras avanza incontenible la gran crisis sistémica del capitalismo que exige el paso, a través de la lucha generalizada, de un nuevo orden social, más justo, en democracia verdadera y libertad.
2. La solución de vivienda según Juan Manuel Santos.
En materia de vivienda el presidente Santos ha dicho desde los tiempos de sus discursos de candidato presidencial que construirá un millón de viviendas. En su formulación numérica, que no contempla calidades ni necesidades reales, ha explicado que mientras la demanda anual de vivienda en Colombia es de 250 mil unidades, sólo se están construyendo unas 140 mil. Y en tal sentido ha planteado como necesidad cubrir una meta “no ambiciosa”, pero que “la podemos cumplir en los próximos cuatro años”
De entrada y según sus propias cifras se observa que no contempla el presidente el acumulado deficitario que ha dejado la situación según la cual. Atendiendo a sus cifras se habrían estado dejando de construir 90 mil soluciones cada año (¿desde cuándo?).
Habría que recordarle a Santos que aunque el mismo Banco de la República ha criticado la deficiencia del gobierno en establecer padrones veraces sobre déficit de vivienda, las mismas cifras maquilladas del DANE, en su dato más actualizado del año 2008, el cual es compartido por el gremio de constructores, indica, que el déficit podría ser de 2,3 millones de hogares sin vivienda,
Santos calcula que cada año en Colombia se conforman unos 250 mil hogares, mientras que sólo se construyen, en promedio, 140 mil viviendas. Bien, si estos hogares se promedian como grupos de 4 individuos (que es lo regular en las mediciones), según los viejos pero más recientes datos del DANE tendríamos que analizar el problema partiendo de que estamos hablando ya de al menos 9.200.000 personas sin vivienda entre los 42.888.592 habitantes que tiene el país; es decir, el 21, 45 % de la población nacional, que es un porcentaje en crecimiento, en la medida en que el problema es agravado por la inexistencia de políticas estatales tendientes a dar solución de vivienda a las nuevas familias que surgen como consecuencia del crecimiento poblacional, o por la situación que el crecimiento de la pobreza genera en cuanto a pérdidas de vivienda ocasionadas por efecto del endeudamiento con el sistema financiero o como consecuencia del desplazamiento forzado.
Pero agreguemos a esta terrible situación que, según el censo de 2005, las personas que residen en viviendas inadecuadas era de 4.312.711; es decir de más del 10,5 % de la población, refiriéndose ello a personas que usan como “viviendas” refugios naturales, se ubican bajo los puentes, o en sitios cuyas “paredes” son de materiales de desecho como cartón, latas, etc. y los pisos son de tierra. Consideran los estudios que 7,4 % de la población habita en viviendas que no cuentan con servicios adecuados y que en condiciones de hacinamiento, en el sentido en que más de tres personas habiten en un cuarto, está el 11,1 % de la población. No obstante, existen otros estudios que sostienen que el déficit cuantitativo que requiere de unidades habitacionales nuevas es de 1.531.237 hogares, el cual está referido, principalmente, a hogares que comparten vivienda con otros; es decir, lo que se denomina cohabitación y que asciende a un nivel de 89,4 % del total (estos datos corresponden con los estudios sobre condiciones habitacionales de los hogares en relación con la pobreza hecho por Jorge Enrique Torres R., 2007).
En conclusión, en el mejor de los casos, y si cumple con sus promesa, santos lo único que estaría garantizando es que construirá las viviendas de las nuevas familias que surjan en los cuatro años de su gobierno, pero nada se hará por esos nueve millones doscientas mil personas que según el DANE ahora no tienen vivienda. Esto sin incluir a los que todo lo han perdido por consecuencia de la tragedia invernal y que para el caso del Atlántico ya algunos analistas atrevidos se atreven a calcular la necesidad de construir 30 mil nuevas viviendas, cuando casi todo el sur está bajo las aguas; o para el caso de los pobladores del ahogado Gramalote, para quienes se cree que harían falta 3000 viviendas.
Para complementar el panorama agreguemos que al observar en los servicios domiciliarios como energía, acueducto y alcantarillado, de supuestas 9.742.928 viviendas ocupadas, cuentan con los servicios mencionados 6.949.904; es decir, el 71,33 %. De ese total 6.602.879 están ubicadas en centros urbanos y 347.025 en el campo. Indicando las cifras que, entonces, 2.793.024 viviendas no tienen instalado el paquete de los tres servicios domiciliarios referidos. Y se grava el panorama si observamos que 510.794 viviendas más, no cuentan con ninguno de los servicios (68.396 en la zona urbana y 442.398 en la rural); siendo supremamente extrema la exclusión, sobre todo en el campo.
Además 6,40 % de la población nacional no tiene acceso a la energía eléctrica (para el caso del campo, el 22,32% de las viviendas cuentan con el servicio); el 26,94% de los colombianos no cuentan con servicio de alcantarillado (10,30% de la población urbana y 82,24% de la población rural); el 16,60% no tienen acceso al servicio de acueducto (5,67% en zonas urbanas y 52,89% en zonas rurales); no cuenta con servicio de gas natural el 59,50% de población urbana y en el campo el nivel es del 97,56% de la población sin este servicio; el 46,06% de las viviendas no cuentan con telefonía fija (32,95% de las viviendas urbanas y 89,61% de las viviendas rurales). Cuadro este que descalifica la cifra oficial del 7, 4 % asignado al renglón de habitantes en viviendas con servicios inadecuados. Y no siempre que en los boletines sobre Necesidades Básicas Insatisfechas aparecen datos sobre viviendas que sí poseen servicios públicos domiciliarios instalados, ello significa que el servicio se esté recibiendo, pues como una constante ha permanecido el problema de la desconexión, resultado de la morosidad derivada de las altas tarifas, que se mezcla con el problema del desempleo y los bajos salarios.
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