RESISTENCIA LEGÍTIMA

"Si no tenéis el valor de sacrificaros,
a lo menos tened el pudor de callar
por los que se sacrifican".
JOSÉ MARTI.

El movimiento guerrillero en Colombia se ha convertido en el principal interlocutor frente al régimen actual para las definiciones acerca del futuro político de la nación y de la vida del país en general.

Este situación es el resultado de la tenaz persistencia de los alzados en armas en su lucha y de otra parte, a la crisis y desarticulación de otros sectores progresistas que han visto disminuido su papel como protagonistas legales y de primera línea en la lucha por las transformaciones que requiere la sociedad Colombiana. En cualquiera de estas dos circunstancias ha incidido de manera decidida la violencia ejercida por el estado y los sectores dominantes, pues la inexistencia de posibilidades y garantías para la acción civil dada la criminalización de la protesta social y la guerra de exterminio contra alternativas diferentes al bipartidismo Liberal-conservador es lo que principalmente ha conducido que miles de Colombianos empuñen las armas y opten por la guerra justa para defender su derecho a existir y para lograr los cambios que anhelan para su pueblo.

La historia de la actual violencia así lo confirma. Aun resuenan las exhortaciones del padre Camilo Torres y la comisión de buenos oficios, así como los memoriales y comunicados de los campesinos al gobierno y a la opinión publica, para que fuera detenida la “Operación Marquetalia” contra las zonas agrarias, operación que bajo las directrices del plan LASO del pentágono yankee, al ser sangrientamente ejecutada en 1.964 diera comienzo a una nueva etapa de la violencia en Colombia. La acción contrainsurgente en desarrollo de la nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional que fuera asumida como política de estado por el excluyente y antidemocrático Frente Nacional bipartidista alimento al Militarismo al interior de las fuerzas armadas oficiales y sectores civiles reaccionarios, tendencia responsable de la violencia institucionalizada, de las legislaciones represivas, de las limitaciones a las libertades, las torturas y desaparición de líderes populares y políticos de oposición. La guerra de baja intensidad ejecutada en nuestro país condujo al Terrorismo de Estado, a la “Guerra sucia” y a la violación masiva de los derechos humanos; la abrumadora mayoría de las violaciones de los derechos fundamentales tiene autoría comprobada de los diversos organismos de las fuerzas armadas oficiales y por extensión son responsabilidad estatal. Opciones civiles que quisieron construir caminos pacíficos para lograr soluciones en favor de la población fueron sometidos a una planificada operación de exterminio que prácticamente las saco del escenario político; el mas protuberante episodio, por lo dramático, sigue siendo el de la UP que fuera diezmada mediante el genocidio sistemático de sus integrantes, el cerco intimidador a sus actividades y la persecución jurídica a sus dirigentes, provocando con ello su paulatina disminución como alternativa de poder popular en que se había convertido en sus comienzos.

¡Ha habido y hay entonces una responsabilidad de origen y una responsabilidad de ejercicio por parte del régimen en la existencia de la violencia política!.

¡A la guerrilla Colombiana han llegado ante todo las víctimas de la intolerancia del régimen y quiénes han estado dispuestos a combatirlo por ser excluyente y antidemocrático!. Esto hay que recordárselo a algunos de los violentólogos quienes vienen olvidándolo a la hora de evaluar las responsabilidades de los actores del actual conflicto.

Desde su origen, el movimiento guerrillero evidencia que ha sido una expresión genuina del derecho a la resistencia a que se han visto obligados a acudir miles de compatriotas.

En primer lugar para la legitima defensa de su VIDA, pues la autoconcervación de ella y el derecho y deber de protegerla por si mismo siendo algo que jamas pueden los individuos o comunidades transferir a poder alguno, mucho menos pueden permitir que un poder como el estado se arrogue la facultad para decidir sobre ella.

De otra parte para defender o garantizar las condiciones de posibilidad de la vida. No se olvide que amplias regiones, particularmente campesinas e indígenas pudieron conservar un pedazo de tierra defendiéndolo o recuperándolo por la fuerza de las armas; lo que se conoció como “colonización armada”, no fue otra cosa que una angustiante búsqueda de las condiciones básicas para conservar la existencia. Aquí es pertinente hacer alusión a una tesis de algunos que creen desmeritar la insurgencia afirmando que a ésta están llegando personas para solucionar el hambre y no por convicción política; esto, al contrario de la intención de quienes lo exponen, lo que hace es constatar la incidencia de las condiciones de pobreza y miseria que padece la mayor parte de nuestros compatriotas para que se reproduzca la lucha insurgente así como otras expresiones armadas, y constata así mismo el ejercicio legitimo del derecho a procurarse los medios para la vida ya que una sociedad injusta no les permite conseguirlos mediante el trabajo honesto haciendo agobiante su presente e incierto el futuro; ¡constituye un mérito no una falta, que la guerrilla canalice hacia objetivos de justicia social y sea expresión asimismo del legitimo derecho a poseer los medios de subsistencia de todos aquellos que no están dispuestos a soportar resignados el hambre y que encuentran en el movimiento guerrillero una opción altruista y noble para combatir por ello, pensando en lograr soluciones para la sociedad toda!.

La resistencia armada ha sido también una firme y abnegada lucha por el derecho a participar en las decisiones del país, en el trazo de los caminos a seguir por nuestro pueblo. A sangre y fuego se ha pretendido impedir que Colombianos que opinan diferente a los sectores dominantes expongan publica y pacíficamente su pensamiento a la nación y sus propuestas para construir una sociedad más amable para todos; muchos han caído en este empeño, otros han desfallecido, y otros continúan; la guerrilla es uno de los ejemplos de persistencia más dignos de reconocimiento en la lucha por el derecho a participar en el gobierno del país, adelantada de manera obligada por la vía de la confrontación armada ante la violación consuetudinaria de las libertades políticas. Al régimen solo le es tolerable una oposición controlada y permitida hasta ciertos límites aceptables; la insurgencia ha demostrado que no está ni estará dispuesta a someterse a ese cerco de muerte que le ha sido impuesto en los hechos a los sectores diferentes y alternativos al bipartidismo tradicional. ¡ A las clases y grupos sociales en el poder hay que decirles sin ambages que sus muestras de voluntad de paz tienen primero que darse en el terreno real del ejercicio de la DEMOCRACIA, del respeto, tolerancia y garantías para los sectores de oposición !.

A la oligarquía y a sus personeros políticos que se les hace “agua la boca” con la sagrada palabra LIBERTAD, tenemos que recordarles que su trayectoria de vieja data ha sido violentar no solo las libertades políticas sino además las libertades civiles de muchos Colombianos, y que la insurgencia armada ha sido una respuesta a ello constituyéndose ésta en un adalid de la lucha por la libertad, la que esta dispuesta a conquistar como sea necesario.

Seria larga e impresionante la lista de los DERECHOS HUMANOS pisoteados por los sectores dominantes y su régimen. El movimiento guerrillero nació, vive y vivirá mientras exista la violación de los derechos humanos en Colombia; ha sido el recurso supremo a que se han visto obligados a acudir miles de compatriotas para proteger, defender o conquistar sus derechos.

La resistencia a la opresión ha sido un recurso de los pueblos en todas las épocas en que esta ha existido. Hasta el religioso Tomas de Aquino sostuvo la tesis de que los tiranos debían ser depuestos; otros, ya en su tiempo proclamaron la legitima resistencia a los gobiernos cuando oprimen al pueblo. El derecho a la resistencia o a la rebelión se convirtió en postulado esencial de la libertad política. Las grandes revoluciones modernas le dieron el status de norma jurídica; la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de la revolución francesa lo considero como el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes; la “Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado” de la revolución Rusa elevo a ley de estado la insurrección obrera contra el yugo del capital y la lucha del pueblo contra sus explotadores. Recogiendo esta larga tradición, la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” elevo la rebelión al rango de recurso supremo cuando no se protejan estos derechos o exista opresión y tiranía. Este derecho ha sido un valor humano y luego una norma jurídica positiva.

La lucha guerrillera es una expresión concreta en el tiempo y la realidad Colombiana del legitimo derecho a la resistencia que ha postulado la humanidad progresista; es un derecho irrenunciable, pues seria como renunciar a la libertad es decir al rasgo humano por excelencia.

Fueron muchas y sigue siéndolo, las acciones injustas practicadas por el régimen formalmente democrático que existe en nuestro país; no olvidemos que esta “democracia” en Colombia a producido más crímenes políticos que los que produjo la “dictadura” en Chile. Ante la injusticia es legitima la resistencia invocando los preceptos superiores de la justicia; la lucha guerrillera en Colombia ha sido animada desde su origen por el ideal de la JUSTICIA SOCIAL. Y hoy como ayer justicia significa que se respeten, que no se ultrajen o violen, los derechos humanos, como ya lo señalara el libertador: Para Bolívar cumplir con la justicia era cumplir con la humanidad.

La legitimidad de esta lucha de resistencia, por la vida, la libertad, la democracia, la soberanía, por la justicia y los derechos humanos, tiene sus raíces en el ideario mismo que defiende y en el reconocimiento de su vigencia por amplias franjas de población que participan directamente o dan su solidaridad a la causa insurgente; hay lo que podría denominarse, una legitimidad moral, coincidente con una legitimidad política tanto en su origen como en su ejercicio, pues nació como respuesta justa de sectores de nuestro pueblo contra la violencia de las clases dominantes y su régimen, y se desarrolla con el apoyo y la confianza de amplios sectores que ven en la guerrilla una garantía de presión para lograr cambios favorables y una esperanza de construir plenamente un poder alternativo.

El poder popular en construcción devenga su legitimidad de la fuerza moral de su proyecto y la nueva legalidad que se genera es una consecuencia de ello. Hay quienes proclaman el respeto a las leyes de Estado fetichizando éstas y olvidando que el estado en si no constituye el fin supremo de la sociedad humana, que por encima de la moral jurídica esta el respeto real a los derechos y en consecuencia que, ley viciada por ser injusta no merece respeto y no debe ser obedecida. El poder popular que se ha venido forjando tras largas luchas y sacrificios se atiene a la justicia en sus decisiones y su legalidad alternativa ha ido construyendo como mínimo condiciones para un orden publico garante de la coexistencia social pacifica en zonas; quienes causan traumatismos a estas nuevas experiencias de vida son las operaciones de guerra de las fuerzas armadas oficiales, pues no pueden permitir la existencia de aquellas zonas si no se encuentran supeditadas al control del poder estatal, Estado que ha sido el principal responsable de la violencia pero no ha sido en cambio capaz de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los Colombianos. Por cierto, aquí es oportuno recordarle a los que viven reclamando el monopolio de la fuerza para el estado que, en las condiciones actuales, esa es una idea que espanta dadas las consecuencias que han padecido en carne propia gran numero de compatriotas que si saben en la practica lo que ha significado el ejercicio abusivo de las armas por parte del Estado Colombiano.

“Para el logro de la justicia debe haber preferencia por los medios que permitan remediar pacíficamente una situación injusta”, tal ha sido la convicción de los alzados en armas desde su origen: La búsqueda de la solución negociada al conflicto. No se han logrado acuerdos decisivos en tal sentido por la pretensión, condenada de antemano al fracaso, de imponer condiciones de rendición a un movimiento insurgente como el nuestro que no ha sido derrotado ni militar ni políticamente a pesar de esta frustrada aspiración de la oligarquía dominante.

El ultimo ejemplo ilustrativo de esto ultimo se expreso aquel 9 de diciembre de 1.990 cuando el tristemente celebre presidente Gaviria lanzo el gigantesco como desastroso operativo contra “Casa Verde” inaugurando su estrategia de “Guerra Integral”, mientras se realizaban unas elecciones para convocar la constituyente.

La conquista de la paz, ya seria un triunfo contra la oligarquía y el militarismo; por eso trabajamos por ella. Los revolucionarios Colombianos dado nuestros ideales humanistas no hemos sido partidarios de la violencia por la violencia. Pero la paz que necesita el país y que desea el movimiento guerrillero es una paz justa, una paz democrática, una paz que signifique logros que remuevan las causas de la violencia, y no una paz que se constituya en una nueva frustración para la nación. Los que viven solo preocupándose porque la insurgencia se decida por la negociación y no por la guerra hay que recordarles que esa disyuntiva no es exactamente la preocupación esencial, que ésta la constituye el cómo avanzar en el logro de soluciones concretas para los seculares problemas de nuestro pueblo y hacer realidad sus anhelos de justicia, de democracia, de libertad, de soberanía, de derechos humanos y entre estos la garantía de su derecho a la vida. Por estos nobles fines combatió el movimiento guerrillero, combate y combatirá en las formas que sea necesario. Ha estado con las armas en la mano porque la naturaleza profundamente intolerante del régimen impidió que el proyecto nacional-popular insurgente pudiera ser ventilado y defendido pública y pacíficamente.

Respecto a la actual constitución y la legalidad que se deriva de ella hay que recordar que tiene limitaciones en su legitimidad de origen pues fue hecha excluyendo la absoluta mayoría de los insurgentes, le precedió el exterminio físico de otras organizaciones progresistas llegando estas prácticamente liquidadas al momento de elegir los constituyentes y además se produjo una significativa abstención electoral; pero asimismo, tiene limitaciones en su legitimidad de ejercicio pues en tan poco tiempo lo que ha prevalecido es la utilización de los estados de excepción que faculta las medidas por decreto. Lo más grave sin embargo es el divorcio entre la realidad y la normatividad, expresada por ejemplo, en que mientras hay una extensa exposición de los derechos y garantías, en los hechos Colombia es uno de los cuatro países en el mundo donde más se violan los derechos humanos y hay más víctimas por razones de violencia política.

Es de esperar que algunos recursos democráticos contemplados en la constitución del 91 posibiliten la participación de la población en la definición de nuevos rumbos para la reconciliación y la reconstrucción nacional. En particular permitan el fortalecimiento de una sociedad civil democrática, ya que hasta ahora estos otros actores sociales han sido menguados por la represión, la exclusión y la criminalización de sus luchas; ¡en Colombia es más fácil ser un rebelde en la clandestinidad que luchar desde un sindicato! esto no deberían olvidarlo quienes, confundiendo los términos, han creído que porque existe la resistencia armada es por lo que criminalizan la protesta social, cuando la historia real muestra notoriamente lo contrario.

Las FARC-EP, fieles a los intereses de nuestro pueblo continuamos inclaudicables en nuestra brega por abrir caminos para la nueva Colombia, intentando ser cada día mejores y consecuentes con el ideario que anima nuestra lucha. Tenemos la confianza que todos nuestros combatientes serán merecedores de estas palabras que Bolívar dirigiera a los soldados del ejercito libertador vencedores en Ayacucho: “La buena causa, la causa de los derechos del hombre, ha ganado con vuestras armas su terrible contienda contra los opresores; contemplad, pues, el bien que habéis hecho a la humanidad con vuestros heroicos sacrificios”.