Más sobre la crueldad del Ejército colombiano en el Catatumbo

Del corresponsal ANNCOL/Colombia

Desde el pasado 15 de agosto de 2010, registramos el asesinato de un menor de edad, en el Municipio de El Tarra, que generó un levantamiento popular contra la presencia de tropas del ejército invasor Colombia-Usa.

En esa semana de enfrentamientos con la población civil, fueron heridos de gravedad tres jóvenes de 13, 14 y 19 años y desaparecidos dos jóvenes más, sacados de sus casas de habitación.

Hasta el momento no existe ninguna investigación penal por esos delitos y la soldadesca continúa con su patente de corzo – cual ejército invasor- ensañándose contra la población campesina

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La llamada justicia penal militar – que es la negación de la justicia misma- tapa la cagada de gato de sus camuflados asesinos!.

El ascenso del movimiento popular-campesino

En número de dos mil quinientos campesinos en el Alto Catatumbo permanecen protestando, desde el pasado mes de octubre, contra la erradicación unilateral estatal, no concertada, de cultivos ilícitos. En los Municipios de Hacari, Teorama, Convención, San Calixto, El Tarra, la presencia de erradicadores, apoyados con efectivos del ejército y de la policía, invaden las propiedades y proceden a depredarlas, afectando, incluso, cultivos de pan coger. Buscan que los campesinos desalojen sus tierras, para continuar acumulándolas en beneficio de los inversionistas extranjeros del mono cultivo extensivo, para sus intereses geoestratégicos.

En las veredas de esos municipios catatumberos, los campesinos aparecen concentrados hasta en grupos de doscientos; exigiendo garantías integrales de desarrollo; ayuda real y eficaz de financiamiento, como incentivos especiales para la aplicación y dedicación en cultivos alternos, para la permanencia de sus agro cultivos; el retorno de los campesinos para la recuperación de las tierras de las que han sido despojados por la incursión narco paramilitar.

En una palabra, una política agraria concertada con sus bases campesinas, que termine con la situación actual en que de manera intempestiva el ejército invasor, llega con su recua de erradicadores, que en verdad son elementos paramilitares, que se instalan en la región, en el juego interminable de desplazar población, repoblar, retomar…

La erradicación manual ya deja una cifra fatal de 198 víctimas entre el 2006 a 2010. Esos erradicadores manuales, pagados con fondos del Plan Colombia, de la hastiada red de informantes contrainsurgentes, arrasan con toda clase de cultivos, desalojan el ganado y están protegidos por el ejército y la policía. Los campesinos atrincherados con palos, machetes y a piedra limpia les hacen frente; obstruyen el paso de los erradicadores; son concientes que si permiten ser desalojados de sus tierras imperaría el saqueo de las riquezas naturales. Soportan la nube de gases que les lanzan respondiendo a la brutalidad policial. Los medios de comunicación callan ante tanto Terrorismo de Estado.

Todo un pliego de reivindicaciones políticas revolucionarias alientan al campesinado de El Catatumbo. El gobierno oligárquico de Uribe III y el Imperio responden con la creación de un cantón militar en el municipio de Tibu, que concentra dos mil soldados más y en momentos en que el odio de la población contra las practicas criminales del ejército invasor , se incrementan. El Gobernador Villamizar, del Norte de Santander, en forma comprometedora, irresponsable y anti popular, sentencia que si no hubiera siembra de coca, no habría guerrillas. Su ciega ilusión no le deja ver las causas políticas que generaron la lucha guerrillera en Colombia; permitiéndole en cambio estigmatizar a la población campesina de esa toda esa región. La Diócesis de Ocaña, por un lado alumbra al diablo depredador del ejercito invasor respaldando su ‘institucionalidad” y de otro alienta la erradicación unilateral “acompañada de alternativas agropecuarias y de desarrollo…”

La arremetida contra el movimiento campesino y popular se da en momentos en que las políticas agroindustriales en la región miran a la reactivación de la explotación petrolera, allanando el terreno para que multinacionales como la criminal TECHINT, de ingrata recordación para militar en la región durante la construcción del oleoducto Caño Limón – Coveñas, vuelvan a asentarse. La inyección mafiosa a los proyectos de agro exportación extensiva de la Palma Africana; la extracción intensiva del carbón y otros minerales no energéticos.

El panorama en los municipios de la Provincia de Ocaña es de agitación política y eso esta bien. Las dificultades que afronta el gobierno oligárquico y el Imperio solo le crean mayores dificultades. El alcalde de Teorama, denuncia que como resultado de los enfrentamientos, tres campesinos desaparecieron tras los disturbios. El ejército permanece instalado con los erradicadores en las propiedades de los campesinos. Con su comportamiento de ejército invasor, controla la entrada y salida de alimentos; elabora arbitrarios y discriminatorios censos poblacionales, desea imponer la carnetización obligatoria a los habitantes, en clara muestra de violación al derecho internacional humanitario.

Un breve recuento de la salvaje incursión del ejército invasor en los últimos años, demuestra el cruel escenario de guerra contrainsurgente en esa región.

En 1999 llegaron los doscientos cuarenta paracos de Mancuso, con todo el apoyo del ejército invasor y la asesina policía e iniciaron el baile rojo de la danza sanguinaria de Terrorismo de Estado contra la población campesina. En diez años han causado más de cinco mil víctimas y desplazado a cuarenta mil campesinos de un total de doscientas cincuenta mil habitantes en esa región.

En el año 2007, fueron asesinados extrajudicialmente treinta y cinco campesinos, por el ejército invasor Colombia-Usa. En el año 2008, resultado de la política de recompensas del entonces Ministro de la guerra de los falsos positivos y hoy Presidente Uribe III, fueron trasladados diecinueve jóvenes desde el municipio de Soacha hasta Ocaña. En el cementerio de la vereda Las Liscas, en predios cercanos al batallón Santander, se encontraron los restos de seis jóvenes asesinados y aparecidos como ‘muertos en combate”. Fue el inicio para demostrar que el ejército invasor utilizaba los cementerios cercanos a sus instalaciones para enterrar a los ejecutados a mansalva, como lo registra la denuncia de la fosa común en La Macarena. Tan asesina institucionalidad militar en Colombia mantiene expedientes impunes como el imperativo de desenterrar las fosas de NN en predios de las caballerizas del ejército en Usaquen (Bogota).

Como respuesta política a la conflictiva situación en el El Catatumbo, se lleva a cabo en la ciudad de Ocaña el ejercicio de la Audiencia Ciudadana Para La Verdad. Reúne organizaciones sociales comos Cisca, Ascamcat, Asociación Bari y AMEDIVIC, Asociación para la reunión y Dignidad de las Victimas del Catatumbo- Mesa provincial de Ocaña. Todos los dirigentes de esas asociaciones reciben amenazas y son acosados por la policía política DAS. En la continuidad del gobierno Uribe III, no ha habido asomo hacia una autentica y profunda transformación de comportamiento institucional del ejército, la policía y el DAS. Para esos impulsores de la guerra contrainsurgente el objetivo sigue siendo el pueblo. En la ciudad fronteriza con Venezuela, de Villa del Rosario, se llevó a cabo el Encuentro Regional de Victimas de Crímenes de Estado, en la que con asistencia de mas de quinientos delegados se recalcó la memoria a la no impunidad y se denunció a la falsaria “justicia penal militar” que continua investigando los delitos cometidos por los miembros del ejército invasor, contra los derechos humanos.

Qué hacer con las investigaciones en marcha

Ha causado alarma en la opinión nacional y demasiada preocupación en la internacional, la forma sesgada, es decir, desviada, como se ha investigado en la ciudad de Ocaña, por parte de las autoridades correspondientes, la autoría y ejecución por parte de miembros del ejército invasor de los jóvenes de Soacha, asesinados con la práctica de los falsos positivos.

Los caminos de la impunidad, la corrupción y las prácticas fallidas de los investigadores judiciales, llevan al centro del beneficio de los milicos investigados.

La “institucionalidad” castrense demuestra una vez más que en Colombia el Ejército es un estado dentro del Estado.

Dos funcionarios de investigación judicial: la Patóloga FELIZA BEATRIZ CARVAJALINO CALLE y el médico forense HOLMES AMAYA, cambiaron la realidad de lo plasmado en los jóvenes cuerpos de las víctimas. Intercombinaron información imprecisa en los reportes.

Desde el momento en que se desenterraron los cadáveres en el cementerio militar y durante las necropsias en los cuerpos de las víctimas, en forma torticera y cómplice, anotaron toda clase de datos confusos, ajenos a la realidad y creando un maremágnum de interrogantes, tendientes al montaje perverso del ocultamiento de la verdad en lo investigado. Le dieron el tratamiento de un homicidio más y no aplicaron el Protocolo de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, que se prevé internacionalmente.

Al así actuar, plasmaron la escena de ‘muertos en combate”, hablando las necropsias de muerte causadas en un enfrentamiento; cuando es de conocimiento público que precisamente ese es el mayor pecado que el ejército invasor asesino no está en capacidad de demostrar. No indican el lugar del supuesto enfrentamiento, ni el cuándo ni el cuanto. No recaban información sobre lo efectivos que participaron en el “enfrentamiento’, sus nombres, número de participantes, armas utilizadas, ni detalle alguno de información al respecto. No relatan el estado de indefensión que presentan los cuerpos de las víctimas.

Se abstienen de relatar y describir totalmente los traumas observados en los cuerpos de las victimas ni las consecuencias de fenómenos cadavéricos para la acertada lectura. Esto les permite a los victimarios beneficiarse al no demostrarse el estado de indefensión en que colocaron a las víctimas; puesto que no consignan ni quebraduras, moretones, excoriaciones, si ocurrieron antes o después de la muerte de las víctimas; como en el caso de moretones en el pecho de uno de ellos que grafican el trato torturante que le fue aplicado. Para esto no se requiere de sofisticados instrumentos de laboratorio sino de los elementales principios de aplicación de la Medicina Legal. Es tal la ignominia, la afrenta, la infamia de esos dos funcionarios investigadores de Medicina Legal, que en dos de las víctimas, con innumerables heridas de bala, con orificios de entrada y de salida, vestidos con traje de camuflado, no aparecen perforaciones en las telas de esos uniformes, lo cual indica que fueron disfrazados después de muertos.

Es más, si no es por la valentía de los familiares de las sacrificados, que pese a tantas amenazas recaídas sobre ellos y al asesinato de dos testigos y que insistieron en que se exhumaran cinco de los cadáveres, las constancias ofíciales de los dos investigadores- verdaderos paramilitares al servicio del ejercito asesino- la verdad oculta de esas criminales actuaciones consignadas en las necropsias, jamás hubieran sido reveladas.

Afortunadamente la inteligencia popular continua activa y ante esa clase de investigadores criminales está presente la justicia popular!.