¿Qué es la justicia popular?

Del Corresponsal ANNCOL/Colombia

En un país como Colombia, sumido en un conflicto armado, político, económico, social, la Justicia en sí toma variantes, como quiera que no opera una sola Justicia, univoca e inequívoca.

Una Justicia, es la institucional- estatal dominante. Otra Justicia, es la revolucionaria, Insurgente, que en modo alguno es alternativa y se erige como Nueva Justicia, para una Nueva Colombia. Esa otra justicia es la que se aplica a nivel popular, lo cual no la legitima ante el establecimiento (ni ante los ojos de los revolucionarios); pero se constituye en una justicia de facto y en tal sentido alternativa. Es la justicia de las vendettas. La justicia primitiva del “ojo por ojo y diente por diente”. Es la justicia que suple a la fallida justicia institucional. Es, digamos… una justicia como de “espera” a los resultados impunes de la oficial-estatal. A esa justicia primitiva, salvaje, voraz, se le podría ubicar una génesis del derecho natural, siendo su propia aplicación, anti-natura. La retrospección de estadios suplidos o superados por la Humanidad, anidan, en una convulsionada nación como la colombiana.

No corresponde ahondar en demasía. Con solo registrar los sucesos diarios de la prensa hablada y escrita en Colombia; asistimos al dantesco escenario de la justicia tomada por mano propia. Ningún estrato de la sociedad colombiana es ajeno a la aplicación de esa modalidad. El modus operandi de las mafias, es la misma en Colombia, como en cualquier parte del mundo. El mundo mafioso, el de la corrupción oficial y privada se coacciona, por esos mecanismos. Es el llamado ‘ajuste de cuentas” entre ellos. Se matan, se limpian entre sí, en una sórdida aplicación de selección natural. Lo vemos en la aplicación de políticas como el de las recompensas y el incentivo del sapeo. Los mismos, o sus deudos, a los que les “entregaba” el ex general Montoya y hoy atrabiliario jinete de la diplomacia colombiana, el fajo de billetes en los escenarios de la Comuna en Medellín, serán los verdugos de su existencia, de quien se puede afirmar llevó a la institucionalidad militar a la repugnante practica de los incentivos bajo la concepción de los falsos positivos.

El instrumento paramilitar, como de lucha contrainsurgente, aplicado por la oligarquía colombiana y el Imperio, constituye el mejor ejemplo de justicia alternativa en Colombia. Puntualmente, cambio el marco de tenencia de la tierra. Constituyó la reforma agraria de derecha más sangrienta en el continente. La acción y reacción al desalojo y retoma de tierras es secuela del primitivo y salvaje reapoderamiento de tierras. Sus efectos son tenebrosos y no hay espera en verse. No existe instrumento legal que aliente una justa retribución. Por ello en la mente de los colombianos se concibe el imperativo político de una revolución agraria, que integralmente sanee, uno de los principales elementos causales de la presencia insurgente y la lucha armada, en Colombia.

En tanto con que dinámica se desarrolla la Justicia revolucionaria en Colombia?. Con la propia de una concepción estatal de “espera”. Conviene aclarar, que una cosa es el manejo disciplinario interno o al seno de la Insurgencia, en el que es esencial la aplicación de un sistema de justicia,- que aunque así elemental por las circunstancias- también se inspira en los Principios Humanitarios Universales. Lo de “espera” se predica en relación con lo externo, con lo efectos sociales en proyección a la Nación.

Ante el aquelarre de la impunidad y la corrupción en Colombia; la justicia revolucionaria se erige como bastión de observación y seguimiento. Ha demostrado la Insurgencia colombiana, con verdadera responsabilidad histórica, el libre desenvolvimiento de la justicia institucional-estatal, en torno, por ejemplo, ante las investigaciones de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Así como al ex combatiente o ex miembro del ejército invasor Colombia-Usa, le respeta tal situación, bajo las premisas del derecho internacional humanitario; en relación con los elementos o sujetos sindicados de crímenes atroces y de guerra, tanto personal civil como militar involucrado, no se registra un solo caso en que estando siendo investigados o privados de la libertad, se haya atentado contra ellos. Y no porque no estén en capacidad de hacerlo. Se explica ello bajo la concepción dialéctica que alienta a la Insurgencia colombiana de un Nuevo Estado y una Nueva Justicia.

El peso histórico y de responsabilidad política es tal, que si ante el genocidio político contra la Unión Patriótica y los procesos contra los involucrados en el narco paramilitarismo, con probadas autorías de la sevicia criminal de las masacres contra el pueblo colombiano, reinare la impunidad ante los escenarios de justicia nacional y/o internacionales, esa justicia revolucionaria estará en la obligación, de aplicar lo no aplicado, en forma breve, sumaria, de constancia y registro eficaz.

Otra cosa son los Juicios Políticos. Hace 25 años en Colombia las fuerzas insurgentes se dieron a la tarea, en amplias extensiones del territorio nacional, a retener políticos locales de ocupación corrupta en su trajinar diario. Se decía que los sometían a “un juicio”. Luego los liberaban. Pero ese espécimen particular de la casta politiquera colombiana al servicio de la oligarquía y del Imperio generó una especie de simbiosis y pronto otros hacían fila y buscaban contactos para que los retuvieran, puesto que oportunistamente se sentían diplomados antes “su” electorado, como de buena conducta, pues seguían vivitos y coleando. Ni procuraduría, ni justicia estatal les seguías juicio alguno pese a la “permanencia” en el seno de la guerrilla.

Valga la referencia anecdótica para reafirmar que jamás la insurgencia colombiana en su autonomía se nutre, ni nutrirá de exponentes de los desvencijados partidos fratricidas el liberal y el conservador, ni de los partidos uribistas y afines creados bajo el imperio gubernamental del narco paramilitarismo reinante en Colombia. El torcido comportamiento de esos exponentes del zoo político tradicional colombiano, jamás será émulo para las nuevas generaciones de políticos revolucionarios en Colombia.

Por ello resulta esquizofrénico el comportamiento del pederasta procurador, de alentar a la inteligencia gubernamental y militar, con el nuevo cargo contra la Senadora Piedad Córdoba de dar ella aviso de la mal llamada Operación Camaleón para la liberación del efectivo militar Mendieta. Quien puede creer, que eso de estrecho compartimiento y cerrado fuera de conocimiento de la Honorable Senadora. Quien puede creer que el valorado estratega militar (el Mono Briceño) no lo supiera, como lo sabe toda la opinión nacional y del pueblo colombiano, que ha sido inmancable la actitud gubernamental por el desenlace fatal, sangriento, respecto a los prisioneros de guerra para dar así al traste con la salida política del intercambio humanitario, plenamente vigente. Tan descabellada argucia en la paranoica política aplicada por Uribe III, no cuenta con asidero ni punto de referencia. Resulta que la emblemática Senadora aparece como una “instructora” del Comandante Militar de las Farc-ep. Vaya tamaño despropósito.

Ojo al Catatumbo!. Por ultimo registrar los consecutivos enfrentamientos contra el ejército invasor Colombia-Usa en el Nor-oriente colombiano, por parte de la Insurgencia.

La voladura del Puente en Campo Dos, en la vía de Cúcuta a Tibu- por la magnitud de la estructura- importa destacar el efecto estratégico de la acción armada. Los efectos del golpe a las transnacionales o multinacionales estancadas, desfoliadoras y depredadoras de nuestros recursos naturales en esa región, resulta inconmensurable. Los efectos de la acción armada para el desplazamiento logístico e impune del ejército invasor Colombia-Usa, resalta a ojos vista. La respuesta a la política militarista de arrasar, arrasar, arrasar, continuara siendo la de crear dificultades, muchas dificultades al gobierno lacayo de Uribe III.

El escenario explosivo en el Catatumbo nortesantandereano amerita, que ante el impulso creciente del movimiento de masas y las reivindicaciones del campesinado en esa región del país, el dialogo y la solución concertada se impongan. La tozudez gubernamental en creer que con la implantación del Terrorismo de Estado y el asesinato a los dirigentes políticos y populares como sucedió con el miembro del Polo Alternativo Democrático, Miller Avendaño, en Tibu y atribuido a escuadrones clandestinos del repudiado ejercito, solo dará lugar a la intensificación de las acciones político-militares de la Insurgencia. Ello es concausal (no simplista): en la mediada en que el fascismo acalle la protesta popular, continuará el dialecto de los fusiles revolucionarios en manos de los insurgentes.