Cerrar el paso al imperialismo, es la tarea comunista e internacionalista

Escrito por: Joseba Izaga, “Kanito”

Toda la prensa occidental ha iniciado una campaña de agresiones verbales contra el gobierno de Libia y fundamentalmente contra su presidente, Muammar al Kadafi. Quienes apoyan los crímenes contra la humanidad sionistas en Gaza, Cisjordania, Libano ahora pretenden convertirse en los campeones de la defensa de los derechos humanos. No debemos caer en su trampa. El levantamiento de un sector de la sociedad libia es un problema interno de ese país inicialmente pero todo cambia cuando los EE.UU. de Obama responden de la misma manera que los USA de Bush. Guerra, sangre, bombardeos, esta es la receta del imperialismo que también suscriben la cínica Europa y la OTAN,, es su apuesta en Irak, Afganistán, Pakistán y ahora en Libia.

Las informaciones llegan sesgadas otra vez y nos desinforman con matanzas inexistentes, los bombardeos de manifestantes en Tripoli son desmentidos desde la misma ciudad por Tele Sur y a pesar de eso son aireados por los media imperialistas.

La canallesca prensa española y los media del PNV nos quieren equivocar para echarnos en brazos de la OTAN a fin de justificar sus terribles bombardeos contra el pueblo de Libia.

Todo indica que los insurrectos pierden terreno y es en ese instante cuando aparece el verdadero director de este entramado, los EE.UU. Su intento de reponer una monarquía es evidente ya que la bandera golpista es la del depuesto rey Idris I, todo indica que el golpe monárquico está fracasando. Los EE.UU. inmediatamente han enviados portaviones y barcos anfibios de transporte de marines a las costas de Libia para intervenir con el pretexto humanitario, una vez más.

Si este hecho se convierte en una agresión militar Europa sabe que un nuevo Irak se va a abrir a las puertas del Mediterráneo. Sabe que los pueblos árabes no van a permitir la enesima traición de sus gobiernos corruptos, esta guerra predice la antesala de un levantamiento anti imperialista sin precedentes que las personas revolucionarias y combatientes de los estados imperialistas hacemos nuestro.

Es la hora de la Intifada anti imperialista y es la hora de la intifada anti capitalista en el mundo occidental. No debemos permitir a los criminales dirigentes políticos capitalistas el derramamiento de una sola gota de sangre más en los pueblos oprimidos por los gobiernos criminales a sueldo del imperialismo, no debemos callar y ya no callamos.

Concluyamos señalando la enésima estupidez española. El día en que los monárquicos fieles aliados de EEUU en Libia debilitados piden la intervención de la OTAN que veta Rusia el gobierno más iletrado de Europa y el PP exigen la caída de Gadaffi. Seguramente a la vuelta, si el coronel continúa en el gobierno la dependencia española de las provisiones energéticas del Magreb sufrirá más de un sobresalto, es lo malo de ser los arrastrados de EE.UU.

Yankee, go home!!!.

* Joseba Izaga, “Kanito”, miembro de Boltxe Kolektiboa.

Protectorado de Estados Unidos y capitalismo gangsteril

Escrito por: Renán Vega Cantor

La presencia militar estadounidense en Colombia debe mencionarse porque no se trata de un asunto de política interna del país, sino de una estrategia para asegurar el control regional “Cualquier persona medianamente informada comprende… que el edulcorado “Acuerdo… entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, … equivale a la anexión de Colombia a Estados Unidos. (…) No es honesto guardar silencio ahora y hablar después sobre soberanía, democracia, derechos humanos, libertad de opinión y otras delicias, cuando un país es devorado por el imperio con la misma facilidad con que un lagarto captura una mosca. Se trata del pueblo colombiano, abnegado, trabajador y luchador”.
Fidel Castro, “La anexión de Colombia a Estados Unidos”, en La Jornada, noviembre 7 de 2009.

“Cuando el delincuente es el Estado, que viola, robe, tortura y mata sin rendir cuentas a nadie, se emite desde el poder une luz verde que autoriza a la sociedad entera a violar, robar, torturar y matar”.
Eduardo Galeano, “Memorias y desmemorias”. Le Monde Diplomatique, julio-agosto de 1997.

El 20 de julio de 1810 comenzó la lucha por la independencia en el actual territorio colombiano, que finalmente se materializó en la ruptura con el poder colonial español en 1819. Doscientos años después resulta casi cínico hablar de independencia, en medio de la postración y dependencia por parte de las clases dominantes de este país con respecto a los Estados Unidos y a las empresas multinacionales. En Colombia no hay nada que celebrar en términos de independencia en la época actual, porque este país marcha en contravía histórica con relación a los procesos nacionalistas que cobran fuerza en otros países del continente, como intentamos mostrarlo en esta ponencia. Esto no significa desconocer el significado descolonizador de las luchas emancipadoras de hace dos siglos, con todo y lo limitadas que hubieran sido para los indígenas, negros y mestizos. De eso no vamos a hablar, sino de lo que en estos momentos acontece en Colombia, como la muestra más extrema de sumisión, en nuestra América, ante el poder imperialista de los Estados Unidos.

1. Entrega de la soberanía colombiana y postración ante los Estados Unidos

El 30 de octubre de 2009 el régimen uribista firmó un ignominioso “acuerdo” con los Estados Unidos, por medio del cual se le conceden a ese país siete bases, distribuidas a lo largo y ancho de la geografía de Colombia, junto con otras prerrogativas que nos convierten en un protectorado yanqui. En la práctica, hemos regresado a formas de sujeción cuasi coloniales, propias de un distante pasado, tan lejano como el que se quiso superar con las guerras de la independencia hace dos siglos. Aunque en teoría ese acuerdo haya sido declarado inconstitucional, en la práctica sigue en marcha de manera disfrazada.

Este tema de la presencia militar estadounidense en Colombia debe mencionarse porque no se trata de un asunto de política interna del país, sino de una estrategia para asegurar el control regional. Hoy, como hace doscientos años el territorio colombiano es esencial para lograr el control militar del norte de Suramérica y del Caribe, si recordamos, por ejemplo, que la reconquista española liderada por Pablo Morillo se inició por Cartagena aunque su objetivo final era doblegar el foco independentista radical de Venezuela. Hoy en día, los acuerdos militares entre Colombia y los Estados Unidos se explican por tres razones principales: el interés de Estados Unidos en apoderarse del petróleo de Venezuela y de los recursos naturales de la región Andina-Amazónica; la pretensión de sabotear los intentos de unidad de América Latina, en especial el ALBA; e impedir la consolidación de procesos nacionalistas y revolucionarios en ciertos países de la región. Estos hechos no pueden verse de manera separada, puesto que los Estados Unidos para conseguir uno de ellos precisan de la consecución de los otros dos. Así, por ejemplo, para que Estados Unidos pueda controlar el petróleo de Venezuela requiere revertir la revolución bolivariana y de allí se desprende la liquidación del ALBA.
Con relación a los aspectos señalados, un documento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos enfatiza la importancia de la base de Palanquero, en el centro de Colombia, al recalcar que “nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una subregión crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante por las insurgencias terroristas financiadas con el narcotráfico, los gobiernos antiestadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales”.

La postración del régimen colombiano ante los Estados Unidos dista de ser un hecho puramente coyuntural y episódico. Si se analiza el asunto en el mediano y largo plazo, algo indispensable para entender los procesos históricos, se puede confirmar cómo las clases dominantes de Colombia han hecho gala de una abyección estructural con relación a los Estados Unidos y se han convertido en numerosas ocasiones en una quinta columna incondicional, usada por esa potencia para agredir a otros países de nuestra América y del mundo, como sucedió en la Guerra de Corea, en tiempos de la expulsión de Cuba de la OEA y en la guerra de las Malvinas, entre otros muchas actuaciones serviles.

En esta perspectiva, el acuerdo militar firmado entre el gobierno colombiano y los Estados Unidos es la continuación del mal llamado Plan Colombia, que se inició hace un poco más de una década. Este plan fue concebido como un proyecto contrainsurgente encaminado a fortalecer el aparato bélico del Estado colombiano, el cual había recibido duros golpes militares de la guerrilla y para controlar la región amazónica, una zona geopolítica esencial para los Estados Unidos. Como resultado de dicho Plan, Colombia dispone hoy de uno de los ejércitos más grandes y mejor armados del continente, que se ha usado para masacrar campesinos, indígenas e insurgentes. En eso radicó la primera fase, el Plan Colombia propiamente dicho. La segunda fase consistió en llevar la guerra interna de Colombia más allá de nuestras fronteras para involucrar a los países vecinos, como en efecto ha sucedido. Y la tercera fase es la de la guerra preventiva, cuyo hecho más resonante fue la brutal agresión armada a Ecuador en marzo de 2008 por parte de Fuerzas Armadas de Colombia, con participación directa de los Estados Unidos y presumiblemente de Israel.

Colombia se ha convertido en el tercer país del mundo en recibir “asistencia militar” de los Estados Unidos, y sólo es superada por Israel y Egipto. Como contraprestación, el Estado colombiano ha respaldado diversas aventuras bélicas y agresiones del imperialismo estadounidense: fue el único país de Sudamérica que apoyó la ocupación de Irak y el presidente de entonces felicitó a George Bush por su “éxito” y solicitó que, tras el proclamado fin de la guerra en mayo de 2003, fueran enviados los bombarderos yanquis a Colombia a combatir a las organizaciones guerrilleras; de Colombia han salido contingentes militares que acompañan las tropas de ocupación en Afganistán y se desempeñan como mercenarios privados en Irak; el régimen de Uribe apoyó el golpe de Estado en Honduras de junio del 2009 y fue el primer presidente en visitar al ilegítimo Porfirio Lobo, quien sustituyo al gobierno de facto.

2. Terrorismo de Estado y despojo de los campesinos

La prolongada sumisión ante Estados Unidos de la oligarquía de Colombia se explica a partir de una premisa básica: el imperialismo estadounidense no podría intervenir en una forma tan directa en nuestro país sin contar con el apoyo irrestricto de importantes sectores de las clases dominantes, quienes, a su vez, se valen de sus vínculos de dependencia para reforzar la dominación interna sobre la población, mantener la desigualdad, y permitir en general el funcionamiento del capitalismo, que en nuestro caso ha adquirido un tinte mafioso.

Si nos situamos en el período que va de 1948 al presente, en Colombia se ha entronizado el terrorismo de Estado (uno de los más prolongados en todo el mundo), como soporte de un cierto tipo de capitalismo gangsteril que se ha erigido en este país en las últimas décadas. Esta realidad se ha enmascarado con la existencia puramente formal, como en una opera bufa, de un sistema democrático, porque hay elecciones periódicas, existencia en apariencia de poderes independientes y prensa pretendidamente libre. Aunque de todo ello queda muy poco, son factores que han utilizado muy bien la oligarquía de Colombia y su Estado para presentar en el exterior a este país como la democracia más sólida y antigua del continente, después de la de Estados Unidos, y disimular la terrible desigualdad social y económica imperante. En realidad, tras esa mascara democrática se esconde un sistema terriblemente criminal.

Una de las razones estructurales relacionadas con ese prolongado terrorismo de Estado está constituida por el monopolio terrateniente del suelo, del que se deriva la violencia endémica que es, sin duda alguna, una de las características distintivas del país. El poder de los grandes señores de la tierra en lugar de atenuarse se ha incrementado en los últimos 50 años, lo que hace de Colombia uno de los países más desiguales del mundo. Con respecto al poder de los terratenientes, pueden indicarse dos aspectos de larga duración que se mantienen incólumes hasta el día de hoy: por un lado, se acentúa la concentración de la propiedad de la tierra con la emergencia del narcolatifundio, una alianza entre los viejos terratenientes y ganaderos con los narcotraficantes; y por otro lado, se refuerzan los vínculos entre militares, paramilitares y latifundistas.

En cuanto al primer aspecto, al mirar en perspectiva el problema de la tierra se constata que se ha estado impulsando la desaparición del campesinado, protagonista indiscutible de la historia de Colombia. Al considerar los miles de muertos de la primera violencia, en la década de 1950, junto con las masacres, persecución y destierro que han soportado los habitantes pobres del campo colombiano desde entonces hasta el día de hoy, se evidencia que para el capitalismo colombiano los campesinos han sido considerados como enemigos internos, que deben ser destruidos, para dejar por completo despejado el terreno a los empresarios criollos y multinacionales.

Desde luego, la persecución a los campesinos pretende expropiarlos de sus tierras y asegurarse el control de una reducida porción de fuerza de trabajo, necesaria para que operen los megaproyectos, las minas y las nuevas plantaciones agroexportadoras. Ese control en Colombia se ejerce a sangre y fuego con el fin de garantizar la explotación y sumisión de unos trabajadores que ya no son campesinos sino siervos de los narcolatifundistas y las multinacionales. En distintas regiones de Colombia está en marcha un proceso similar al de las “aldeas estratégicas” que se impulsaron en Vietnam en la década de 1960, en la medida en que las plantaciones y los megaproyectos funcionan como cárceles, en las que los trabajadores soportan crueles condiciones de trabajo, en medio del terror generalizado.

En cuanto al segundo aspecto, debe recordarse que desde la época de la independencia en Colombia se formaron montoneras armadas al servicio de los hacendados, cuyo poder estaba afincado en regiones determinadas. De ahí la fuerza adquirida por gamonales locales y regionales en el siglo XIX. La creación del Ejército, a comienzos del siglo XX, no cambió los vínculos entre la gran propiedad y los militares porque desde entonces la oficialidad ha procedido de la clase media de provincia, tiende a ser muy conservadora y tradicional en términos políticos, culturales y religiosos, y ha sido muy proclive a la influencia de los grandes propietarios agrícolas.. En consecuencia, como el campo ha sido el escenario de la guerra permanente que ha vivido la sociedad colombiana en los últimos 60 años, a cambio de protección armada los terratenientes les ofrecen a los militares tierras y ganados. Eso explica que el sector militar sea uno de los principales opositores a cualquier reforma agraria democrática, porque una redistribución de la propiedad agrícola afectaría sus interese directos y los de las fracciones de clase que los apoyan, formadas por ganaderos y terratenientes.

3. Capitalismo gangsteril y lumpemburguesía

En el fondo del asunto de la permanencia del terrorismo de Estado en la sociedad colombiana se encuentra la configuración de un tipo específico de capitalismo, de índole gangsteril. Este proceso está relacionado con la consolidación, en la década de 1970, del sector financiero como la fracción dominante del capitalismo criollo y con la aparición del narcotráfico, dos cuestiones que desde entonces han determinado el devenir histórico del país. Con referencia a este capitalismo gangsteril sobresale el fin de la industrialización sustitutiva, la consolidación del sector financiero y la formación de los empresarios de la cocaína, una nueva fracción económico y social, en teoría ilegal. A partir de ese momento se configuró una alianza entre empresarios tradicionales, capital financiero, terratenientes, ganaderos, militares y narcos, estos últimos imprescindibles porque han inyectado el dinero requerido para propiciar la acumulación de capital, no ya en el ámbito de la producción sino en la banca y las finanzas.

Los rasgos mafiosos del capitalismo gangsteril no son episódicos ni están relacionados con éste o aquel individuo que haya ocupado la presidencia de la República, sino que son componentes estructurales de la actual fase de acumulación capitalista. En esa perspectiva, la violencia indiscriminada contra campesinos, indígenas, afrodescendientes, trabajadores, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, maestros, estudiantes y mujeres pobres es un rasgo dominante de este tipo de capitalismo.
No sorprende, en consecuencia, que los paramilitares y los narcos profesen una abierta ideología anticomunista y defiendan la propiedad privada y el libre mercado. Milton Friedman y Frederick Hayek se sentirían honrados al escuchar las declaraciones de los jefes paramilitares, que sin recato alguno alaban las fortunas de los empresarios privados, así éstas se hayan conseguido en negocios untados de sangre, porque al fin y al cabo hacen parte de la iniciativa individual que crea riqueza, según rezan los manuales neoliberales. Además, esa es la forma clásica de acumulación primitiva de capital y de la configuración de los “capitanes de industria” en todos los lugares donde ha existido el capitalismo, como lo señaló Pablo Escobar, el capo del Cartel de Medellín: “Las fortunas grandes o pequeñas, siempre tienen un comienzo. La mayoría de los grandes millonarios de Colombia y del mundo han comenzado de la nada. Pero es precisamente esto lo que los convierte en leyendas, en mitos, en un ejemplo para la gente. El hacer dinero en una sociedad capitalista no es un crimen sino una virtud.”

En el contexto del capitalismo gansteril a la colombiana, debe ubicarse la configuración del Paraestado, uno de cuyos brazos es el paramilitarismo, el cual no es algo accidental ni es una respuesta a la existencia de la guerrilla. En realidad, es el otro brazo armado del Estado que realiza junto con el Ejército “legal”, distintas tareas de control y sobre todo de “limpieza social”, para facilitar las nuevas formas de acumulación de capital, ligadas de manera directa con actividades criminales. Paraestado no es sinónimo de paramilitares, ya que ello supone concentrarse de manera unilateral en la dimensión militar, la que no agota los nuevos mecanismos de acumulación de capital. La denominación de Paraestado apunta a precisar que existe otro tipo de capitalismo, con una nueva forma de acumulación ligada a la producción de cocaína que estructura un tipo de régimen político acorde a sus intereses. Pese a su importancia, el componente paramilitar debe considerarse como un dispositivo más, entre muchos, de los requeridos por la nueva forma de acumulación de capital entronizada en Colombia desde hace casi cuarenta años.

El Paraestado ha cumplido por lo menos cuatro funciones principales en el nuevo proceso de acumulación capitalista. En primer lugar, es un agente activo en la reconfiguración de las relaciones de propiedad, tanto en el campo como en la ciudad, con su respaldo de los viejos y nuevos terratenientes, lo cual es un resultado de la acumulación por desposesión que implica la expulsión violenta de los campesinos e indígenas de sus tierras, de sus riquezas hídricas y de la biodiversidad, en curso de mercantilización. En segundo lugar, impulsa los cultivos permanentes de plantación, fomenta nuevas exportaciones primarias (palma, caucho, y agrocombustibles) y respalda los megaproyectos, que favorecen al capital transnacional. En tercer lugar, es el principal impulsor en el plano institucional de la flexibilización laboral en todo el país, con la persecución violenta de los sindicatos, la imposición de regresivas “reformas laborales”, la precarización laboral, el desempleo, el subempleo y la informalización. En cuarto lugar, reglamenta la apertura incondicional al capital extranjero y a las multinacionales, muchas de las cuales han fomentado el proyecto paramilitar, con el objetivo de garantizar la buena marcha de sus negocios.

Por el alto grado de compenetración entre el capital legal e ilegal, entre multinacionales y narcoparamilitares, entre bancos y lavadores de dinero, entre terratenientes y militares, entre el Estado y los círculos gangsteriles, entre ganaderos y comerciantes era necesario institucionalizar el Paraestado. Ello resultaba prioritario para garantizar el control territorial de las nuevas élites dominantes a escala regional, que se extendió por todo el país, y para legitimar las nuevas alianzas entre distintas fracciones de las clases dominantes con los “nuevos ricos”. El Paraestado incorpora a la legalidad a quienes eran considerados como delincuentes, legitima sus crímenes e institucionaliza el robo de tierras concediéndoles derechos de propiedad y dando a mafiosos, narcotraficantes, paramilitares y asesinos el carácter de deliberantes políticos y el tratamiento de “combatientes”. Eso es lo que ha sucedido en Colombia en los últimos 8 años.

En concordancia con este proceso de legitimación de sicarios y mafiosos, se configura una lumpemburguesia que domina en todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Su modelo de vida es el de Miami, su estilo es el mismo de cualquier traqueto de barrio (el nombre de traqueto proviene del argot del bajo mundo delincuencial de Antioquia donde los matones y sicarios empezaron a denominarse así haciendo alusión al traqueteo de las ametralladoras cuando las activan para matar a sus victimas). Por eso, en la sociedad colombiana se impuso el culto desenfrenado por la violencia, el machismo brutal, el clasismo, el racismo y el sexismo (como lo ejemplifica la persecución contra Piedad Córdoba), el desprecio hacia los pobres, un anticomunismo visceral y asesino, una estética ordinaria como se muestra en la literatura de moda y en las telenovelas, donde proliferan como protagonistas los capos, sicarios y matones, junto con sus reinas de belleza, rellenas de silicona. Desde las altas autoridades del Estado todo se compra y se vende, en una mezcla de neoliberalismo tecnocrático y lógica narcotraficante y sicarial, resumida en una de las frases estrellas de quien fuera hasta hace poco presidente de la República, y que muestran su altura moral: “plata y plomo”. Todo se compra, lo que importa es el dinero, y para eso hay que “ser varón” con los débiles y desprotegidos, como lo eran los terratenientes en las haciendas del siglo XIX. En esta lógica traqueta, lo que tiene que ver con los opositores se resuelve a punta de metralla o bombardeos indiscriminados, mientras que todo lo relacionado con las fracciones mafiosas de amigos y familiares está rodeado de un aura de corrupción, clientelismo y nepotismo sin parangón en la historia de Colombia, la cual nos recuerda los círculos íntimos de Don Vito Corleone.

Las nuevas fracciones del capital mafioso buscan consolidar su hegemonía cultural. Para lograrlo pretender formar un nuevo sentido común entre la población, que resulta de la hibridación del neoliberalismo puro y duro con la lógica traqueta del capitalismo criollo, algo así como una “mutación antropológica”, para usar el término empleado por Pier Paolo Pasolini. Son diversos los elementos de ese nuevo sentido común: el endiosamiento de narcos, sicarios y truhanes del bajo mundo; la adulación del terrorismo de Estado, tanto el que se practica en Colombia como en los Estados Unidos o Israel; el culto a la propiedad privada como algo intocable, que debe ser defendida a como de lugar y sin repartir ni un centímetro de tierra ni un gramo de riqueza; el despojo de las tierras de campesinos e indígenas, que se considera como normal porque los labriegos serían improductivos e incapaces para generar empresa; el arribismo y el deseo de ascenso social inmediato, sin ningún esfuerzo y sin importar los medios que se usen para lograrlo; la adoración del dinero y la exaltación del consumismo como objetivos supremos de la existencia humana; el aplauso a las acciones guerreristas y militares del Estado colombiano como única forma de resolver los conflictos sociales y políticos; el uso permanente de la fuerza bruta contra todos aquellos que piensen diferente; el racismo visceral contra los pobres (aunque en forma paradójica sea asumido por muchos pobres), los indígenas, los afrodescendientes y contra la población de países vecinos (Ecuador, Bolivia y Venezuela); el anticomunismo cerril para justificar el asesinato de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas críticos, profesores universitarios, intelectuales de izquierda; el abandono de cualquier sentimiento de dignidad personal y de soberanía nacional para justificar todas las perversiones posibles (como las bestialidades de los grupos paramilitares) y la conversión del país en un protectorado de los Estados Unidos.

El capitalismo gangsteril está convirtiendo de manera sincronizada a Colombia en un gran cementerio y en un vasto enclave al servicio de las multinacionales. Lo primero no es una exageración, como se confirma con el descubrimiento en febrero de 2010 de una gigantesca fosa común, situada cerca de la ciudad de Villavicencio, donde se hallaron unos 2.000 cadáveres de personas asesinadas por el Ejército. Esta masacre hace parte de una inmensa cadena de muerte y desolación, que se pone de presente con el descubrimiento de unas 400 fosas comunes con miles de cadáveres a lo largo y ancho del territorio colombiano.

A la par con su conversión en un gran cementerio, Colombia aparece como un gran enclave de las multinacionales estadounidenses y europeas, que están en curso de apropiarse del agua, la biodiversidad, la madera, los minerales, los recursos energéticos y pretenden sembrar los cultivos que requiere el sistema capitalista, como palma aceitera, caucho, banano y frutas exóticas. Los proyectos encaminados a producir géneros para la exportación han sido impulsados por las multinacionales, cuentan con el respaldo del Ejército colombiano y sus paramilitares y del auspicio de la USAID de los Estados Unidos que emplea dineros del Plan Colombia para financiar plantaciones de palma, en terrenos que pertenecían a los campesinos.

Las empresas multinacionales financian, organizan y patrocinan criminales, en alianza directa con sectores de las Fuerzas Armadas. Durante los últimos 25 años, estos criminales han perseguido y asesinado a miles de colombianos, que han sido señalados por esas empresas como “enemigos” de la sagrada propiedad privada y de la inversión extranjera. La responsabilidad de la Chiquita Brands, de la Coca-Cola, de la Drummond, de la Nestle y muchas otras empresas en el asesinato de trabajadores, dirigentes sindicales y de líderes sociales está plenamente confirmada.

La impunidad criminal de las corporaciones no es cosa del pasado, sino de gran actualidad, porque el proyecto estrella del santismo consiste en entregarle a las multinacionales hasta el último rincón del país, para que se lleven todas las riquezas que allí se encuentren. En este sentido, los crímenes corporativos contra la gente y el medio ambiente se van a generalizar en el presente y en el futuro inmediato. Para completar, se destila una apología abierta de la inversión extranjera como la pócima milagrosa que nos va a sacar del atraso y nos conduce por la senda del desarrollo económico y la “prosperidad democrática”. En el régimen uribista a eso se le denominó la confianza inversionista, un eufemismo con el cual se encubrió la vergonzosa entrega del país a las empresas multinacionales y a los países imperialistas y ahora Juan Manuel Santos la refrenda con su pretensión de convertir a Colombia en un país minero cuya regla de oro, según el punto 92 de su programa de gobierno, “es atraer más inversionistas de talla mundial, con ‘reglas del juego’ que garanticen la estabilidad a largo plazo”.

4. La resistencia popular al imperialismo y al capitalismo gangsteril

Si se consideran todos los aspectos mencionados, resulta tragicómico hablar de la independencia de Colombia, en momentos en que otros países de Sudamérica proponen romper con la sumisión existente con respecto a los Estados Unidos. Ante tan tenebroso panorama se desprenden algunas preguntas: ¿Esa dependencia es ineluctable? ¿No tenemos alternativa distinta a seguir siendo una neocolonia de los Estados Unidos? Es obvio que la dependencia estructural de la sociedad colombiano no es una fatalidad irreversible, sino el resultado de la sumisión de la oligarquía ante las potencias hegemónicas desde hace dos siglos.

La postración servil de las clases dominantes de Colombia ante los amos del mundo, refuerza la idea de José Martí de proclamar una segunda y verdadera independencia, que nos permita obtener una auténtica libertad como nación, lo cual tiene que hacerse junto con la modificación de la correlación de fuerzas internas dentro del país, que por ahora favorecen a los cipayos de la oligarquía, que son la correa de transmisión de la dominación imperialista.

En la búsqueda de otros proyectos de nación, soberana e independiente, tenemos que dirigirnos a las luchas de las clases subalternas durante los dos últimos siglos, ya que ellas marcan un sendero diferente al entreguismo de la oligarquía colombiana. Porque, a pesar de la exclusión y las distintas formas de represión ejercidas contra los sectores populares, entre las cuales sobresale en las últimas décadas la violencia física y la macartización anticomunista, siempre han existido formas de resistencia y proyectos alternativos, como sigue evidenciando en nuestro presente histórico. Si leemos la historia contemporánea del país desde la óptica de las luchas sociales encontraremos un rico acervo de experiencias y aportes organizativos, con lo cual se explica que durante los últimos años se haya generalizado por parte de las clases dominantes el exterminio de todo lo que pudiera representar un intento de construir otro tipo de sociedad, justa e igualitaria.

Ese exterminio ha significado una campaña de terror, en el que han caído trabajadores, campesinos, mujeres pobres, maestros, estudiantes, dirigentes políticos de izquierda, líderes sociales, todo lo cual ha significado el desangre de varias generaciones de colombianos durante los últimos 60 años. Ese exterminio se ha acentuado en los últimos 25 años, cuando han sido asesinados, por lo menos, unos 150 mil colombianos por el Estado y grupos paraestatales.

No obstante, esas luchas y resistencias se siguen dando en forma de proyectos locales en el campo y en la ciudad. Entre esas luchas se destacan las libradas contra la firma de un tratado de libre comercio, en las cuales han sido protagonistas centrales las comunidades indígenas, las que se han movilizado en defensa de sus tierras y de sus culturas. Lo mismo han hecho sectores del campesinado en varias regiones del país para preservar sus tierras y oponerse a los proyectos mineros y a las grandes obras, encaminadas a facilitar el despojo de los recursos naturales del país. En las ciudades se destaca la movilización de algunos sectores de los estudiantes en defensa de lo que queda de universidad pública. Por su parte, los trabajadores han sido desestructurados por el terror y la flexibilización y sus luchas se han debilitado en forma ostensible.

Lo significativo no radica en que el terror generalizado en campos y ciudades de Colombia haya atenuando las protestas y las movilizaciones sociales sino que pese a ese terror éstas se mantengan en distintas regiones del país. En estas condiciones, es posible pensar que en el futuro inmediato de reprimarización de la economía, de de conversión del territorio en un gran enclave, de intervención directa de los Estados Unidos y sus tropas y de militarización creciente de todo el territorio colombiano, las luchas de la población se darán en condiciones muy difíciles, para preservar, en primer lugar la vida, algo que en Colombia es esencial defender porque se ha legitimado la aplicación de la pena de muerte por parte del Estado y las clases dominantes. Así mismo, en nuestro país sigue teniendo una vigencia histórica innegable una reforma agraria real y efectiva que contribuya a solucionar el problema de la violencia. Por ello, se debe luchar por una democratización de la sociedad y la política y recuperar un programa que propenda por la búsqueda de la dignidad y de los derechos, pero no en el papel, sino en la realidad cotidiana.

En pocas palabras, la imposición del modelo primario exportador, con toda la violencia y el despojo que lo caracterizan, no implica el fin de las luchas sociales, sino su resignificación en un nuevo contexto, que crea unas nuevas posibilidades, en las que se pueden unir los intereses divergentes de trabajadores, campesinos e indígenas, como sujetos que soportan en carne propia las consecuencias nefastas de la mercantilización de los bienes comunes y el brutal despojo que caracteriza al capitalismo gángsteril y transnacional imperante en Colombia. En este sentido, la historia sigue abierta y está por construir, aunque la miseria y el horror se hayan enseñoreado en los campos y las ciudades de Colombia y esté produciendo un genocidio social y político, que poco tiene que envidiarle al que llevaron a cabo las dictaduras militares de seguridad nacional en diversos lugares de nuestra América hace unas pocas décadas.

En esa lucha contra la ignominia se destaca la acción valerosa de muchos hombres y mujeres de Colombia en las últimas décadas, que sueñan y luchan por otro tipo de país, digno, soberano y decente, entre los que cabe recordar a Piedad Córdoba, al sacerdote Javier Giraldo y al profesor Miguel Ángel Beltrán. Del régimen criminal enseñoreado en Colombia quedan las tumbas, la miseria y el dolor pero también la dignidad de todos aquellos que con decoro han levantado su voz para denunciar toda la mentira y bajeza a que han llegado las clases dominantes de este país y de su Paraestado. Ellos son un ejemplo que brilla con luz propia y que nos muestra que en los peores momentos, como decía Roque Dalton,

Sigues brillando
(…)
en las ciudades y los montes de mi país
de mi país que se levanta
desde la pequeñez y el olvido
para finalizar su vieja pre-historia
de dolor y de sangre.

(*) Texto leído en el Coloquio Internacional La América Latina y el Caribe entre la independencia de las metrópolis coloniales y la integración emancipatoria. La Habana, noviembre 22-24 de 2010. Publicado en forma impresa en la Revista CEPA, No. 12, Bogotá, 2011.

NOTAS DEL AUTOR:

. Documento del Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que comprueba la intención de Estados Unidos de utilizar la base militar en Palanquero, Colombia contra los países vecinos, Traducción no oficial de Eva Golinger, en www.chavezcode.com/…/documento-oficial-de-la-fuerza-aerea-de.html HYPERLINK “http://74.125.113.132/search?q=cache:YWJL8xV2APYJ:www.chavezcode.com/2009/11/documento-oficial-de-la-fuerza-aerea-de.html+documento+del+departamento+,+traduccion+no+oficial+eva+golinger&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co”
. Citado en Guido Piccoli, El sistema del pájaro. Colombia, paramilitarismo y conflicto social, ILSA, Bogotá, 2005, p. 75 (Énfasis nuestro).

Mexico: La guerra de los gringos

Escrito por:Gerardo Peláez Ramos-ABP
Muchos analistas políticos, publicistas y comunicadores, en referencia a la carnicería demencial desatada y continuada por el presidente espurio de México, publicitada por la gran prensa y los medios electrónicos, y “apoyada” con fervor por los vecinos del norte, la llaman la guerra de Calderón. Esa caracterización no corresponde a la realidad.
La llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, con más de 34 mil mexicanos muertos, la militarización del país, la criminalización de la protesta social, la intervención abierta de agentes de la DEA, la CIA y la FBI en México, y la violación cotidiana y sistemática de la Constitución General de la República y de las leyes que de ella emanan, es una guerra ajena a los intereses de los mexicanos, contraria al desarrollo nacional, y, sin la más mínima exageración, está al servicio de los monopolios y gobiernos de Estados Unidos. Es, pues, una guerra de los gringos.

Para fundar esta idea es indispensable hacer alusión a dos cuestiones fundamentales: 1) El consumo de narcóticos en EU, floreciente y creciente pese a la cuota de sangre pagada día a día por los mexicanos y colombianos, se sustenta en la siembra local, la adquisición de parte de la producción foránea, el comercio, el control y la distribución de enervantes en el país de los yanquis, que como es de sobra conocido, tiene un territorio más grande que México, el Caribe y Centroamérica juntos, y 2) El combate al narcotráfico y el crimen organizado como pretexto de los gabachos para intervenir, definir las políticas “nacionales” antinarco y controlar a Colombia, México, Costa Rica, Perú, Bolivia y otros Estados de la Patria Grande.

La potencia al norte del río Bravo es la principal consumidora en el mundo de cocaína, marihuana, hongos alucinógenos, crack y otros sicotrópicos, superando el consumo unido de América Latina, el Caribe, Canadá y Francia. Los drogadictos usamericanos son decenas de millones de hombres y mujeres, incluidos adolescentes y niños, que cuentan con sus revistas, periódicos y DVD para mejor consumir y “aprovechar” los estupefacientes que se meten en el cuerpo.
Es un secreto a voces que si hay bases militares y tropas de Estados Unidos en Honduras, Colombia, Afganistán y otros países, se extienden como reguero de pólvora el tráfico y consumo de drogas, el sida y otras enfermedades venéreas. Iguales consecuencias tiene el turismo norteamericano.
En Estados Unidos se adquieren cientos de toneladas anuales de droga que se producen en Colombia, Perú, México, Afganistán, Myanmar, Tailandia,Turquía y algunas naciones más, mismas que se distribuyen y venden en California, Washington, Oregón, Texas, Luisiana, Dakota del Norte, Illinois, Florida, Maine,Nueva Cork y en toda la Unión Americana. A esto hay que sumar la enorme roducción interna, que en el caso de la marihuana es el primer productor mundial.

Para adquirir, almacenar, distribuir y traficar esos productos tóxicos se requieren cárteles, jefes de jefes, capos, policías, jueces, agentes aduanales, gobernadores, senadores y todos los miles de individuos que participan en tan redituable y execrable negocio.
Es sencillamente imposible adquirir, almacenar y colocar tales cantidades de estupefacientes sin el apoyo de sectores importantes del Estado gringo. Otra cosa no se la creen ni los genocidas que jefaturan al Ejército y la policía estadunidenses, pues algunos de ellos están metidos en ese sucio tráfico hasta las cachas. A propósito, conviene no olvidar el caso Irán-contras.

Los yanquis cuentan con satélites, aviones espías de alta tecnología, barcos, submarinos, helicópteros, aeroplanos, trenes, camiones y bases de radares en todas las fronteras y litorales de su gigantesco país, además de contar con servicios de información, espionaje, contraespionaje y provocación que tienen infiltrados a los ejércitos, policías y cárteles de Colombia, México, Perú y otros países hermanos.

Si los gobernantes norteamericanos se propusieran, realmente, combatir y eliminar el narcotráfico y el crimen organizado en su propio suelo, no sería posible adquirir y repartir una sola tonelada de cocaína. Así de fácil.

Los estadunidenses consumen estupefacientes en bares, cantinas, restaurantes, universidades, escuelas, barcos, aviones, parques públicos, jardines, bosques, playas, desiertos, bases navales, bases militares, cárceles, oficinas, fábricas, trenes, puertos, aeropuertos, calles y domicilios particulares. De hecho, se consumen sicotrópicos en todas partes de la Unión Americana.

Tal situación establece, de entrada, que un consumo de ese tamaño necesita, mínimo, de lo siguiente:

1) Jefes de jefes y capos poseedores de miles de millones de dólares y con las relaciones adecuadas con altos funcionarios públicos, militares, policías,
guardias fronterizos, alguaciles, rinches, agentes aduanales y burócratas en puertos, ciudades, aeropuertos, vías férreas, carreteras, barcos y yates marítimos y fluviales. De lo contrario, no sería factible introducir, distribuir y expender cientos de toneladas de narcóticos.

2) Sistemas de adquisición, almacenamiento, distribución y mercadeo que precisan de aviones, barcos y yates, camiones y muchos más vehículos para cubrir toda la geografía gringa. Dicho en otras palabras: son ocupadas en el narcotráfico cientos de miles de personas que van desde los gerifaltes lumpen-burgueses hasta los vagos distribuidores de carrujos de marihuana y otras pequeñas dosis de sustancias tóxicas.

El negocio de las drogas es una rama importante de la economía de Estados Unidos, muy por encima de varias ramas de la producción y los servicios. Por eso el gobierno y los monopolios usamericanos buscan regular el trasiego de enervantes, no eliminarlo. Más claro ni el agua.

3) El lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado en Estados Unidos, involucra a parte importante del sistema bursátil, tanto de cárteles gringos como de colombianos, mexicanos, taiwaneses, afganos, turcos y de otras nacionalidades. Gringolandia es el centro mundial del lavado de dinero ilícito. Tiene tanta importancia este fenómeno que es un tema trillado en películas y series policíacas estadunidenses. Si fuera eliminado de golpe y porrazo el lavado de dinero, la economía gabacha tendría serios problemas. Esto explica, en parte, la farsa de la llamada guerra contra el narcotráfico.

4) La venta de armas de todo tipo a los grupos delicuenciales de México y otros países. A ciencia y paciencia de las autoridades de EU, la industria militar yanqui provee de pistolas, ametralladoras, granadas, bazukas y otros implementos bélicos a las tiendas extendidas por el inmenso territorio gabacho, donde se avituallan los cárteles de México y demás naciones.

Para entender el fenómeno del comercio ilícito de narcóticos, es menester no olvidar que el país más militarista, intervencionista y terrorista es Estados Unidos, así como también ocupa el campeonato mundial en la producción y el mercado de armamentos. Es, sin duda, el Estado que está en guerra permanente contra la independencia, la democracia y el progreso de América Latina, Asia y África. Es un Estado fuera de la ley internacional, expansionista, aventurero y guerrerista. Millones de muertos, heridos y desplazados han producido y producen sus intervenciones militares en Filipinas, Corea, Vietnam, Laos, Camboya, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Colombia, Granada, Panamá, Angola, Afganistán, Irak y tantos otros pueblos masacrados por los imperialistas del norte y sus testaferros armados. Por si no bastara, los estadunidenses inundaron e inundan el mundo con bestiales dictaduras como las de Jiang Jieshi, Park Chung Hee, Syngman Rhee, Nguyen Cao Ky, Hají Mohamad Suharto, Lon Nol-Sirik Matak, Humberto de A. Castelo Branco, Ernesto Geisel, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Gerardo Machado, Fulgencio Batista, Rafael Leónidas Trujillo, François y Jean-Claude Duvalier, Maximiliano Hernández Martínez, Anastasio Somoza padre e hijo, Carlos Castillo Armas, Efraín Ríos Montt, Alfredo Stroessner, Marcos Pérez Jiménez, Gustavo Rojas Pinilla, Augusto Pinochet y Roberto Micheletti, quienes figuraron y figuran entre los grandes amigos y contlapaches de los monopolios y gobiernos yanquis, algunos de ellos elevados por la historiografía imperialista a la categoría de héroes internacionales.

No hay que hacerse bolas, para golpear fuertemente al narcotráfico hay una vía expedita: que los usamericanos pongan orden en su casa, lo cual implica bajar el número de drogadictos a menos de dos millones de personas, destruir los cárteles gringos de la droga, impedir en forma radical el lavado de dinero en su sistema financiero y prohibir la venta de armas a los grupos delicuenciales de México y América Latina. De esta manera, sería relativamente fácil proceder a disolver los cárteles de la droga en la República Mexicana y Colombia. No habría necesidad, entonces, de las guerras de los gringos aplicadas y ejecutadas por sus agentes Felipe Calderón Hinojosa y Juan Manuel Santos Calderón.
La salida de fondo al problema del narcotráfico, como lo han planteado César Gaviria, Ernesto Zedillo y Gabriel García Márquez, es la legalización de las drogas. Así, los cárteles y la violencia que los acompañan desaparecerían como por arte de magia, pero su aprobación afecta a grandes intereses, como los de Estados Unidos; por eso no se avanza en este sentido.

Asumir la concepción usamericana sobre el narcotráfico es ponerse al servicio del intervencionismo de EU, con todo lo que eso conlleva para nuestros pueblos. Si se le agrega el terrorismo al problema del trasiego de estupefacientes, el panorama se completa para la injerencia yanqui. Los gabachos llaman a emprender guerras contra el narcotráfico, bajo su vigilancia, “apoyo económico” y control, con el objeto de intervenir para dominar a nuestros países. De ahí la necesidad de estos enemigos de América Latina de desmantelar a los Estados nacionales, propiciar la descomposición social e impedir el progreso de nuestras naciones. Quieren Estados controlados por los monopolios y gobiernos gringos.

Como lo prueban con creces los cables de Wikileaks difundidos por La Jornada, el gobierno de facto de Felipe Calderón sigue las órdenes de sus jefes y mentores de Washington, razón por la cual se embarcó en una guerra sin claridad en los objetivos, sin personal calificado para detectar los centros del lavado proveniente del comercio ilícito de drogas tóxicas y para ubicar a los jefes de jefes narcos y sus apoyos en los tres niveles de gobierno, con el Ejército y la Marina en funciones policiales y sin preocupación alguna por la población civil.

Los resultados están a la vista: una matanza insensata, inconstitucional e irresponsable que ha descompuesto el tejido social, debilitado al gobierno federal, fortalecido a los capitanes del trasiego de estupefacientes y facilitado el intervencionismo norteamericano.

El gobierno ilegítimo de Calderón, no reconocido por un elevado porcentaje de los votantes de 2006, con la guerra contra el narcotráfico ha conducido y conduce al país a una crisis jamás vista después de la Revolución mexicana: desindustrialización, desastre en el campo, salarios de hambre, persecución de sindicalistas, campesinos e indígenas, destrucción del sistema de seguridad social y la educación pública, eliminación de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, desempleo agudo, entrega de los servicios e industrias estratégicos al capital extranjero, cuña agringada contra los pueblos latinoamericanos y caribeños, diplomacia en beneficio del imperio y seguidismo desvergonzado frente a los norteamericanos. En síntesis, la gestión de Calderón es inepta, corrupta y mentirosa, además de estar entregada en cuerpo y alma a los monopolios mexicanos, estadunidenses y españoles. El futuro, en tales condiciones, parece proyectar un desenlace: el Partido Acción Nacional será derrotado en 2012 y no levantará cabeza en varios años, pese al apoyo suicida que recibe de la derecha chuchista del Partido de la Revolución Democrática.

Para desgracia de México, la política antinacional, miope y entreguista del panismo ha desencadenado las peores tendencias e intenciones del imperialismo norteamericano, como no ocurría desde la década de los años 20. Declaraciones descaradas de miembros destacados del gobierno gringo, amenazas de intervención, presiones sobre la administración proyanqui calderonista, instalación en la capital federal y otras ciudades de agencias policíacas, de espionaje y provocación de EU, participación armada de agentes gabachos en pesquisas y enfrentamientos, bajo el manto de la anticonstitucional Iniciativa Mérida, que en esencia coincide con el Plan Colombia.

La cosa es más grave aún. En fechas recientes, los estadunidenses, especialistas en provocaciones y agresiones, comienzan a hablar de insurgencia del tráfico de narcóticos, de terrorismo narco y de posibles alianzas de Al Qaeda y los cárteles mexicanos, con lo que presionan y exigen más intervención en México. Entretanto, el “gobierno” del inepto, débil y entreguista Calderón continúa, al estilo de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, haciendo concesión tras concesión a los imperialistas del norte. De la digna política internacional de México hasta antes de diciembre de 1982, ejemplo de la América Latina, ya no queda ni la sombra. Los “dirigentes” del Estado mexicano han tirado la soberanía nacional por la borda y actúan como cipayos de EU.
En México, Colombia y demás países latinoamericanos el único y verdadero terrorismo es el de Estados Unidos, que cuenta con el respaldo de la gran burguesía, los latifundistas y la ultraderecha política; ese terrorismo se expresa en los intentos de asesinato de Fidel Castro, la realización de atentados contra hoteles y aviones, la quema de cosechas, la liquidación de cuadros revolucionarios, la implantación de bloqueos económicos, el apoyo encubierto y abierto a “gusanos”, contras, paramilitares y guardias blancas, la implementación de golpes de estado y acciones desestabilizadoras contra gobiernos patrióticos, amén de subsidiar a los grupos y partidos fascistas de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Otro tipo de terrorismo no existe en nuestras tierras y sólo es una vulgar calumnia e invención de los imperialistas yanquis. Tampoco existe relación alguna de ninguna fuerza latinoamericana con Al Qaeda. Todo eso son cuentos norteamericanos, especialmente dirigidos al chovinismo anglosajón.

En ese marco se da la guerra de los gringos, aunque haya quienes la llamen de Calderón. Tal es la situación.

Irak: invasión basada en una mentira

La justificaciones falsas para la invasión a Irak son similares a la que Estados Unidos esgrime para invadir Libia

Cortesia Resumen Latinoamericano/AVN

El entonces secretario de Estado norteamericano Collin Powell no dudó ni siquiera un instante al presentar las pruebas que Estados Unidos poseía sobre "las armas de destrucción masiva" que producía el gobierno de Irak.

Los papeles y gráficos que mostraba uno de los hombres fuertes del gabinete del ex presidente George W. Bush tenían el sello neoconservador: justificar rumores y aplicar la fuerza del complejo militar-industrial sin concesiones.

Lo que vino después, potenciado por el anuncio de la Casa Blanca en 2001 de la cruzada planetaria para cazar terroristas, es conocido: miles de civiles muertos, la división del país, la rapiña por el petróleo, el cumplimiento de dejar sin “enemigos” cercanos a Israel y cientos de soldados norteamericanos que volvieron a Norteamérica en féretros.

Para ese entonces, Estados Unidos junto a países de Europa, principalmente la Gran Bretaña gobernada por Tony Blair, armaron una telaraña de versiones, documentos y propaganda informativa que tuvo como fin la invasión a territorio iraquí en 2003.

Un escenario mediático similar al que en estos días atraviesa el conflicto interno en Libia, donde Washington impulsa de forma abierta una intervención militar en el norte de África.

Si bien la situación libia es cruzada por un fuerte enfrentamiento armado entre los seguidores de Muamar Al Gaddafi y sus opositores (entre los que se encuentran algunos militares de alto rango, tropas y un fuerte armamento), la presión de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre ingresar a Libia no se corresponde con las postura frente a las crisis de otros países de la región.

Aunque en Egipto, Yemén, Túnez y Bahrein las represión policial dejó centenares de muertos, la Casa Blanca negoció “transiciones pacíficas” o simplemente ignoró los hechos.

El mecanismo en Libia es semejante al utilizado en Irak: bombardeo mediático donde la confusión en la principal información y aislamiento de un gobierno que en los últimos tiempos mantuvo buenas relaciones políticas y económicas con Occidente.

Aunque no tuvo el apoyo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Casa Blanca invadió el territorio iraquí con promesas de una libertad que en la actualidad están muy lejos de alcanzarse.

Las revelaciones realizadas en 2010 con la publicación de los documentos secretos filtrados por Wikileaks sobre el sistemático plan de torturas aplicado por los soldados extranjeros a los iraquíes, habían quedado opacadas mucho tiempo antes, cuando la propia Casa Blanca reconoció en 2003 que todas las pruebas contra Irak eran falsas.

Luego de esta confesión se sucedieron muchas otras, como en 2007 la del ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, que aseguró que el verdadero motivo para invadir Irak era controlar las reservas de petroleo y evitar que potencias emergentes negocien con Bagdad.

En 2010, el propio hombre fuerte del Pentágono, Robert Gates, afirmó que el problema de la guerra en Irak “es que la premisa que justificaba ir a la guerra resultó no ser válida”.

Pero Estados Unidos ya había conseguido el objetivo principal de golpear mortalmente a Irak, tanto dividiendo a la sociedad, como controlando su producción petrolera y alejando de Israel a un gobierno que criticaba las políticas de Tel Aviv.

Borrado de la faz de la tierra Sadam Hussein, ahorcado como en tiempos de la confederación segregacionista estadounidense, los soldados extranjeros siguen en tierras iraquíes y el actual gobierno no da motivos concretos de una salida de la nación norteamericana.

Como tampoco da señales de que en algún momento pronuncie, al menos, una crítica seria a Bush, Powell, Dick Cheney, Condolezza Rice o Donald Rumsfeld, los ideólogo de la invasión a Irak que, por lo visto, dejaron bien marcadas sus improntas neoconservadoras en la Casa Blanca.

¿Por qué no se indigna el mundo por Colombia?

Ricardo K. Bolaños (*) para ABP Ecuador

- El mundo digno no olvida aquel sábado 1 de marzo del año 2008, cuando un cobarde ejército armado hasta los dientes, desde sus aceradas y blindadas libélulas, haciendo gala de la brutalidad, bombardeó aquellos territorios boscosos de la provincia de Angostura, suelo ecuatoriano, asesinando a 26 seres humanos y pulverizando árboles, montañas y hasta piedras, todo para asesinar a un hombre, el comandante Raúl Reyes, de las FARC. Jamás se nos borraran las imágenes escalofriantes de la estela. A los salvadoreños no se nos olvida, porque sabemos de bombardeos, ejércitos criminales y cobardes, quienes, en su afán de atrapar al pez, son capaces de desaparecer el río y hasta el mar y todos sus seres vivientes…

Cuantas cosas identifican a Colombia y El Salvador, su historia, su blasón de héroes y mártires, Gaitanes y Farabundos, reseñas, virtudes y anhelos… su gente digna –amante de la paz real y la verdad, miles de miles de guerreros del amor y la justicia en su más alto sentido, su capacidad de indignarse ante la atrocidad, su capacidad de sentir furia y ternura cuando es preciso. Así es como nos impacta lo que pasa en la hermosa, grande y torturada patria de Bolívar, y no lo decimos desde nuestra opción política, sino como parte fogueada de la humanidad, que hemos probado en carne propia durante más de dos décadas el flagelo que vive Colombia, aunque a veces sólo sepamos de ella desde la perspectiva de los medios de manipulación de la comunicación. Pero sabemos que si ellos dicen que es negro, siempre será blanco.

En nuestro país, como en Colombia, la historia y la verdad siempre han sido prostituidas, vejadas, sodomizadas por el poder masivo destructor de los medios de ¿comunicación?, que es igual o peor que las bombas, porque destruyen a países enteros, cuyos pueblos caen presa de un gas letal de bellos colores y luces y sonidos embelesantes pero mortales; neutralizan, manipulan, esclavizan, matan a pueblos enteros, dado que un pueblo hipnotizado y esclavizado, aunque respire, es un pueblo muerto; quienes saben esto, los grupos de poder económico- político, desde su oscuridad y anonimato, son capaces de sugestionar a tal nivel de que “el diablo es Dios y Dios es el diablo” si a los señores se les da la gana utilizarlos para dominar, de ahí que no nos extrañe el por qué cada hecho sea interpretado como ellos quieren y por consiguiente su realidad e intereses.

Por eso es que nuestra juventud, por ejemplo, desconoce ni le interesa, saber quien es un tal Jorge Eliécer Gaitán, ni Pedro Antonio Marín, pero si sueña con que un día Shakira o Thalía, próceres de la nueva generación, les contesten sus comentarios en Facebook.

Mil veces menos le interesa saber qué fue lo que pasó aquel sábado contra la humanidad, acaso sabe que murió un “terrorista” famoso, ¿cómo era que se llamaba?.

Ignoran, ignoramos a más no poder, el hombre de paz que es Marulanda, y lo Marulanda que deberíamos ser todos los seres humanos. Ignoramos - es mejor la Liga española de fútbol- porque no estudiamos y nos dejamos hipnotizar, que cuando se asesinó a aquellas 26 personas para demostrar lo demoledora que puede ser la Fuerza Armada persiguiendo guerrilleros, se asesinó a la humanidad, pues debe dolernos, sin nos preciamos de creer en Dios o tener honor y moral, cuando a un ser humano, en Colombia o en Afganistán, se le pulveriza de la forma que lo hicieron quienes dieron las ordenes, como también quienes, desde los organismos internacionales de derechos humanos y otros Estados, debieron condenar tan atroz masacre, pero no lo hicieron, aunque los pueblos pobres son quienes les pagan sus grandes honorarios y los mil viajes de sacrificado turismo diplomático retórico por el mundo; prefirieron divertirse después con el morbo exacerbado de la ¿prensa? Todos callaron y siguen callando, pero es un silencio que apesta, un silencio que duele en los oídos, un olvido que pudre la memoria. Es más, la gran mayoría de “líderes” de izquierda se hicieron los desentendidos para no ser relacionados y ver empañadas sus campañas electorales revolucionarias.

Lo de la violación al territorio ecuatoriano es lo de menos, pues la delibrada lesa humanidad es miles de veces más repudiable, pero los “analistas”, haciéndole el juego a la “prensa seria”, hicieron gala de elocuencia jurídica sobre que si si o que si no, o que quizá se había violado los protocolos internacionales y la soberanía ecuatoriana… Al final, la idea era que nadie discutiera sobre el asesinato de todos aquellos hombres y mujeres, entre ellos alguien que siempre fue acérrimo en sus ideas y su disposición a hacer la paz. Pero no, si la prensa seria dice que era un terrorista eso era. Si la guerrilla es narco guerrilla es narco guerrilla y ya. Y todo sigue igual, incluso el nuevo presidente de Colombia Juan Manuel Santos, para no perder su talante de Ministro de Defensa, fanfarrón guerrerista, ha mencionado a los Marulandas Vélez asesinados como un fetiche de su prepotencia en “defensa de la patria”, y cada vez, la postergación – con tantos dividendos para la “industria” y clases dominantes- de una negociación es mayor, sin importar la sangre humana que tenga que correr. Y el casi permanente estado de excepción impone un orden que debería darnos vergüenza a todos los latinoamericanos y defensores del Derecho y los derechos humanos en el mundo. Persiste la estrategia por parte de los sectores más reaccionarios de Colombia de llevar la guerra a Venezuela, a Ecuador y más allá, lo que evidencia su terrible modus vivendi y para sustentar un orden jurídico, social y político regulado por odios y armas. La guerra se convierte, entonces, en un negocio, un fin en sí misma.

El pueblo colombiano quiere vivir en paz, y clama por un derecho humanitario donde los límites que adquiera la posibilidad de acuerdos de paz no sean límites para extender la agonía ni favorecer la política internacional como instrumento de la guerra. El Pueblo colombiano, el Pueblo latinoamericano debe marchar exigiendo paz, la justicia social es la paz, porque es por la humanidad.

Este desolador panorama, hasta cierto punto, es entendible, pues son las mismas élites reinantes desde mucho antes de Gaitán, ahora casadas con las transnacionales, pero la pregunta es: ¿Dónde está la tan demagógicamente denominada comunidad internacional? ¿Dónde está el “concierto de naciones” pujando porque exista esperanza para Colombia? ¿Las cortes internacionales de derechos Humanos?
Mucho más allá de los planos ideológicos o políticos, nadie puede ni podría negar lo terrible que son las causas de este conflicto y su ya anciana guerra, como lo es la muerte violenta de cada colombiano de ambos lados y del fuego cruzado.

¿Por qué nos hemos degradado tanto al asumir cómodamente que “eso va para largo” como si los que murieran fueran microbios y como si todo acaba de comenzar? ¿Por qué nos dejamos arrastrar con tanta obediencia por los que dicen los medios que hacen la guerra contra la paz en nuestros países y todavía les pagamos por la “información”? Nuestro pequeño El Salvador atravesó una guerra idéntica, con sus profundas causas y raíces, bandos, atrocidades, víctimas de en medio, sus bombarderos, perdón, medios de comunicación, sus oligarquías, sus imperialismos, sus serviles… por eso nos indignamos, por eso sabemos que si la ONU y otros organismos no deciden mediar como deberían, la humanidad seguirá siendo desgarrada, aunque guardemos un silencio que duele tanto en los oídos y una resignación que nos pudre el alma.

Restas al parte de guerra de la oligarquía.

Escrito por Jimy Ríos.
Partido Comunista Clandestino de Colombia

A la política de seguridad del narcoparamilitar Álvaro Uribe le están saliendo todos los días escándalos que la desacreditan aun más. Ya había sido derrotada por la insurgencia en el campo de batalla y en su momento se denunciaron las mentiras con las cuales se inflaban las cifras. Aquí menciono solo tres casos que representan prácticas recurrentes de unas Fuerzas Armadas totalmente desmoralizadas y un régimen degradado y decadente como el colombiano.

El primero está en el orden del día con la supuesta desmovilización del supuesto bloque "Cacica Gaitana" de las FARC en 2006. Fue tan evidente el circo que desde el mismo momento de la función toda Colombia sabía que era una payasada. Luego de este hecho, los "desmovilizados" colocaban explosivos en torres de energía para posteriormente cobrar la recompensa por la información según la cual "se prevenía un atentado terrorista", en complicidad con agentes de los aparatos de seguridad.

Esto de las desmovilizaciones es una práctica recurrente que resta números a las cuentas de la oligarquía y de sus analistas prepago. Siempre han mostrado personajes que sin tener una militancia en la guerrilla los presentan como supuestos "desertores" y "desmovilizados". Les arman un libreto: Primera escena: "es que me pegaban, aguantaba hambre y frio". Segunda escena: "es que la presión del ejército…". Tercera escena: "es que las FARC ya no tienen posibilidades, están derrotadas".

El segundo caso es el de las detenciones. Aprovecho para denunciar y para que el mundo entero conozca el carácter bellaco del régimen de terror colombiano, del enemigo indigno de clase y de un sistema judicial corrupto que demuestra que no hay separación de poderes en Colombia.

Lean la forma en que reseñaron esta noticia en el mes de Febrero en el periódico El Heraldo de Barranquilla: "Un duro golpe contra las estructuras de las FARC, fue propinado esta semana por la Policía Nacional al capturar a Rolando Albeiro Muñoz, Alias El Cachetón u Octavio. El sujeto es señalado por las autoridades de ser el jefe del Frente Urbano Jacobo Arenas del grupo terrorista."

Según las desinformaciones de los medios y la policía, este compañero fue detenido por operaciones de control y vigilancia, dicen unos, y otros por labores de seguimiento e inteligencia.

Pues bien. Este compañero ya había sido condenado por rebelión y por eso estaba recluido en la Penitenciaría de Alta Seguridad de Valledupar. Él ya había cumplido con el tiempo de condena y estaba pasado de que lo liberaran. Aunque estaba acusado de otros casos, lo tenían que liberar por que no le comprobaron nada y ya se habían vencido los términos "legales".

Estos miserables le anunciaron la libertad pero sin salir de la Penitenciaría lo volvieron a capturar y armaron éste show con el supuesto "Duro golpe a las FARC", con un hombre que lleva varios años detenido. Esto sucede con mucha frecuencia en Colombia. Piensen en el rostro y el golpe moral de alguien que va saliendo feliz por recobrar la libertad, y en la puerta le dicen que se tiene que devolver. Jueces, fiscales, policías y guardias ríen con estas situaciones.

El tercer caso es el de la supuesta muerte de Fabián Ramírez. Ahora dicen que no está muerto sino "acorralado". Todo el tiempo la propaganda de Estado está lanzando globitos para falsear la realidad y ganar la guerra por televisión como hicieron los gringos con el cine en Vietnam. "Le estamos respirando en la nuca", dicen del Comandante Cano.

Podríamos hacer una lista bastante amplia de casos como estos a los cuales se suman las ejecuciones extrajudiciales llamadas "falsos positivos". Esa lista es la que hay que descontar de las cifras de los partes de guerra de la oligarquía.

Cuántos análisis, columnas, noticias, informes y libros se han escrito con estas mentiras. Cuánta desinformación. Cuántas calumnias. Sobre todo de aquellos analistas prepago que frecuentan programas de radio como Hora 20 o los grupúsculos ONGeros tipo Arco Iris que más que investigación realizan inteligencia, mala además.

La verdad verdadera está en el avance de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. En el avance de la protesta y la movilización popular. Eso si no es mentira. Se nota, se ve, se siente. Y siga sumando…

COLOMBIA NO ES UN JUEGO DE PÓQUER.

Escrito por Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP.

Montañas de Colombia.

Juan Manuel Santos tiene que convencerse: la paz no es un asunto de simples deseos y plegarias, ni se logra tampoco dando ultimátum al opositor político, negándole su condición beligerante y exigiéndole la rendición mientras se desborda la demagógica práctica de ofertarle ilusiones a los pobres de Colombia. La búsqueda de la paz requiere de soluciones urgentes y estructurales a los profundos problemas de injusticia social y exclusión política en que secularmente las oligarquías han sumergido al pueblo obligándolo al levantamiento armado.

La realidad nacional no es un juego de póquer, donde la oligarquía –contagiada de la mentalidad de tahúr del Presidente-, retoza con ases bajo la manga, con cartas marcadas y convierte serios problemas como el desempleo, la generalizada precariedad laboral, la crisis de la salud, el déficit de vivienda, el despojo de la tierra…, en envite que se puede lanzar a un pot para luego ponerse a “farolear”.

En un país que tiene la más alta tasa de desocupación de América Latina continental, Santos ha ofrecido la creación de 2 millones cuatrocientos mil empleos y la formalización de 500 mil más; como quien dice, el establecimiento de casi tres millones de nuevos empleos formales. Agregando que su pretensión es colocar el nivel del desempleo por debajo del 9 % en el año 2014 y del 6 % en el 2020. ¿Se referirá Santos a la conservadora cifra promedio del desempleo estructural que suelen medir los “expertos” considerando que nunca está por debajo del 7 y 8 %?, ¿se referirá al conjunto de la precariedad laboral que se come vivos los 13.7 millones de personas que integran la población económicamente activa?, ¿habrá tenido en cuenta a los 11 millones de informales que el “infalible” DANE calculó hace algún tiempo?, ¿se habrá enterado que ese Departamento Administrativo de cifras retocadas, que es el DANE, ha dicho que de cada 100 trabajadores ocupados, 58 son informales?

¿Qué tipo de solución habitacional es esa que pretende Juan Manuel cuando propala que construirá un millón de viviendas?

Mientras la demanda anual de vivienda en Colombia es de 250 mil unidades, sólo se construyen 140 mil, ha dicho Santos blandir una meta “no ambiciosa…, que podemos cumplir en cuatro años”. Pero y el déficit acumulado existente, que según sus propias cuentas es de por lo menos 90 mil viviendas cada año ¿quién lo va a resolver? Recordemos que los datos oficiales de 2008 indicaban que podría haber no menos de 2.3 millones de hogares sin vivienda, lo cual equivale al 21.45 % de la población nacional, sin que existan estrategias no coyunturales que planteen una solución de fondo, estructural para estas y las nuevas familias que surgen como consecuencia del crecimiento poblacional, o que pierden sus casas como consecuencia del endeudamiento con el sistema financiero o del desplazamiento forzado. No existe tampoco estrategias para mejorar las condiciones de los casi 4.5 millones de personas (aproximadamente 10.5 % de la población), que habitan en viviendas inadecuadas; es decir, compatriotas que usan como “viviendas” refugios naturales, se ubican bajo los puentes, o en sitios cuyas “paredes” son de materiales de desecho como cartón, latas, etc. y los pisos son de tierra. Y de la ausencia o deficiencia de los servicios públicos, ni hablar, pues el 7.4 % de la población habita en viviendas que no los posee y el 11.1 % vive en condiciones de hacinamiento. Este desolador panorama se presentaba cuando el terrible invierno de transito del 2010 al 2011 aún no se había presentado con toda su carga de calamidades que atropellan a más de 2.5 millones de damnificados.

¿Pretende engañar Juan Manuel a quienes promete tierra sin comprometerse a cambiar la estructura latifundista del campo?

En una basura como el proyecto de Ley 085 de restitución de tierras no tenemos sino un folleto de apariencias pensado para, al final de cuentas, crear las condiciones que permitan un macro-despojo legal de la tierra. ¿Qué es eso de entregar dos millones de hectáreas en 8 años a razón de 250 mil por año, en un país donde la concentración criminal de la tierra tiene niveles descomunales?

Sobre la concentración que configura la estructura latifundista del campo, bien ha recordado el Comandante Alfonso Cano en una alocución de finales de 2010 que “según el estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de CORPOICA del año 2001, las fincas de más de 500 hectáreas correspondían al 0.4 % de los propietarios que controlaban el 61.2 % de las superficie agrícola, en un proceso de progresiva e infame concentración que viene de años atrás y que no para”. Como si fuera poco, son 6.6 millones de hectáreas las que en dos décadas han abandonado las pobrerías por causa de la violencia estatal, o han sido arrebatadas a los campesinos colombianos. Y eso no se puede resarcir con solamente tener la intención de restituir sus fincas a 130.487 familias desplazadas por la violencia cuando el total de desarraigados ya bordea la cifra de 5 millones de personas. Esto no se resuelve devolviendo 312.015 hectáreas que el mismo INCODER les quitó a los trabajadores del campo para titulárselas a los testaferros de los paramilitares y mafiosos.

¿Pero será posible que el gobierno, más allá de lo retórico coadyuve a hacer lo contrario a lo que históricamente ha hecho en favorecimiento del latifundio?; es decir, ¿será posible que anteponga los intereses de los campesinos despojados a los de sus victimarios, que son los componentes de las estructuras de poder económico y político?

En su sonado Plan de Choque que serviría de arranque al proyecto restitutivo, plantea Santos que beneficiará a 3.223 familias con 21.000 hectáreas, formalizando la propiedad rural mediante la titulación de 2.631 predios baldíos que están en manos de entidades territoriales, y 592 parcelas del Fondo Nacional Agrario. Se habla de que mediante el INCODER (¡!), se entregaría a 1300 familias, 19.500 hectáreas de predios cuyo dominio se ha extinguido y están en manejo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Se ha anunciado la ampliación de 21 resguardos de comunidades afro-descendientes e indígenas, el establecimiento de 23 nuevos y el reconocimiento del derecho a la tierra, mediante titulaciones colectivas, a comunidades que se han asentado en la cuenca del Pacífico y en Bolívar recientemente. En los Montes de María se crearía una zona de “reserva campesina modelo”, para beneficiar a 82.000 familias. Pero lo cierto es que todo ello no es más que facundia barata envuelta en normas que no miran en que el despojo comenzó hace más de 20 años y que por tanto la retroactividad no debe limitarse hasta ese tiempo. Es insultante pretender que quienes como despojados aspiren a la restitución deberán subordinarse a los avatares de esa ley de impunidad, beneficiaria del paramilitarismo que es la Ley 975 de 2005 a la que denominaron Ley de Justicia y Paz, entre otra serie de trampas, que comienzan por no reconocer que la violencia generalizada que impuso el régimen con sus narco-paramilitares y sus mismos aparatos armados oficiales es la fuente de todas las desgracias que sufre el campo colombiano.

El esclarecimiento de la verdad en torno a estos aspectos debe partir no de los datos aviesos y sesgados de las oficinas de Acción Social, o de la tal Comisión de seguimiento a la política pública del desplazamiento forzado del señor Luis Jorge Garay quien como un prestidigitador hace trucos numéricos para colocar a la guerrilla en el conjunto de los despojadores. Mucho menos el análisis real del problema debe partir de preponderar las versiones de los genocidas amparados en la impunidad por la Ley de Justicia y Paz, sino que sobre todo ha de atenderse las voces de las verdaderas víctimas de la guerra desatada por el Estado.

No basta, además, mirar el problema de la tierra sin tomar suficientemente en cuenta los puntos de vista de las comunidades indígenas desplazadas, donde el colectivismo y la espiritualidad en la relación hombre-naturaleza, tienen un papel esencial para el equilibrio comunitario.

Por arte de engaño se pretende que olvidemos que cuando se trata de descifrar quien es Juan Manuel Santos, estamos ante un criminal continuista que representa al gran capital y la entrega del país a los intereses norteamericanos. Seamos precisos, ese es el personaje, y de su correcta caracterización depende que nuestros pasos en busca de la paz con justicia social no sean erráticos.

El gobierno Santos no propiciará de su propia inspiración las soluciones para solventar las necesidades de los pobres, sino que incrementará las medidas que favorezcan la llamada “seguridad inversionista” en beneficio de las trasnacionales, del capital financiero y del imperialismo en general. En su cabeza estará como constante la preocupación por ampliar la frontera agrícola a 15 millones de hectáreas o más, pero no para generar seguridad alimentaria sino para garantizar el agro-combustible a las potencias extranjeras. Santos no quiere una transformación agraria a favor de los sin tierra, pues su idea de modernidad está marcada por una modalidad de capitalismo agrario sin campesinos, en el que el campo sea el escenario de los mega-proyectos agrícolas de los capitalistas.

Lo que priorizará este gobierno, si la lucha no se fortalece, es el poder mezquino de la alianza entre los empresarios tradicionales, las multinacionales, el capital de los narcos, ganaderos, latifundistas, especuladores financieros y militares. Es decir, el poder de lo que hoy se configura como una verdadera lumpenburguesía compuesta por capos, perdonavidas, narcos, ladrones y delincuentes de toda ralea con un Estado gansteril dispuesto para permitir que el país se garantice como enclave del capitalismo depredador y gran plataforma del complejo militar yanqui. Ese es el sentido genuino de la “Unidad nacional y la prosperidad democrática”, que sin duda sigue la continuidad del guerrerismo uribista, que no es otra cosa que el recetario de depredación trazado por Washington.

Con la falaz noticia de la derrota militar de la insurgencia, con el manido cuento del fin del fin de la guerrilla y la increíble historieta del arribo al post-conflicto se cimentan los nuevos argumentos de la borrachera triunfalista que justifican ahora el abultado gasto de guerra, montando la teoría de la recuperación del territorio como corolario de la llamada “transición de la seguridad democrática a la prosperidad democrática”. Pero si estamos en tiempos de “post-conflicto” y de tránsito hacia la “prosperidad democrática”, ¿por qué se persiste en mantener un costoso desenfreno belicista que para el año 2011 casi alcanza el 19.1 % del Presupuesto General de la Nación, equivalente casi a 28 billones de pesos como rubro destinado al concepto de “seguridad y defensa”? Se trata de una masa de gasto improductivo que entraña violencia y mayor desatención social, copando formalmente alrededor del 5 % del producto Interno Bruto. Esto sin incluir el enorme caudal de recursos que -según el esquema uribista del presupuesto 2010 que es el mismo que más o menos sigue el del 2011 en cuanto a asignaciones para inversión social- pasa a dominio del aparataje militar como infraestructura que en determinado momento puede ser considerada “estratégica para la defensa nacional”.

Obsérvese aquí la gramática de las trampas, como esa de “subir” el salario en ese 4 % miserable que ahora quieren que se le agradezca al “bondadoso” Juan Manuel, cuando sabido está que la inflación, así la aderecen, está por encima de ese dígito. Es esta la semántica de los artilugios que mantienen la explotación de las empobrecidas mayorías en Colombia, el glosario de las fantasías que la seguridad inversionista necesita para atrapar víctimas.

Pero la carnicería no para ahí, pues del monto presupuestal de 147.3 billones de pesos con sus eventuales variaciones, el 26.5 % está asignado a ese otro vampiro desaforado que es el servicio de la deuda pública, lo que significa 36 billones de pesos, aproximadamente, que corresponden en 81 % a deuda interna y en 19 % a deuda externa, cuyo usufructo representado en gigantescas ganancias en medio de la crisis, las canaliza el parasitario sector financiero en detrimento de los recursos públicos.

Vale apuntar que no hay la tal disminución de la participación del servicio de la deuda en el producto interno bruto; que no es real la disminución de la participación del 7.4 % en el 2010 a 6.6 % en la actual vigencia presupuestal, sencillamente porque si antes de 33.22 billones de pesos que comportaba el servicio de la deuda pública, el 56 % se destinaba a pagar amortizaciones, ahora sólo se destinará el 48 % a ese propósito, lo cual implica que el 52 % del endeudamiento que se hace es fundamentalmente para pagar intereses. En este plano campea la insensatez de los gobernantes de turno respecto a la ingente deuda social que el régimen acumula sobre los hombros de los más pobres.

Lo que se observa es el absoluto apoyo de la oligarquía a la extracción alocada de recursos por parte de los organismos internacionales de crédito que obstruyen el desarrollo económico y social de nuestro país. Al respecto los ejemplos son múltiples: ¿la asignación presupuestal para la “locomotora” de la educación en la vigencia 2011, según el Proyecto de Santos no pasó de 3.2 % del PIB al 3 %?, ¿acaso los 900 mil millones que el Estado le debe al sector hospitalario fueron considerados dentro del presupuesto planteado?, ¿desde el mismo gobierno el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, no ha hecho la observación en cuanto a que la inversión en el sector que le corresponde manejar disminuyó en 10% respecto al presupuesto de 2010, lo cual, según su propia opinión, resulta insuficiente para que el renglón agropecuario actúe como otra de las locomotoras que reactivarán la economía?

Entre tanto, Juan Carlos Echeverry, el Ministro de Hacienda de Juan Manuel, habla de que dos billones de pesos que estaban previstos para amortización de deuda externa serán tomados para darle arranque a las locomotoras de la producción. Pero eso no alcanzan ni para darle un empujón a las promesas electorales. Por ello, desde la misma derecha, los economistas más aterrizados –sin jamás mirar en la posibilidad de reducir el gasto militar o en declarar moratoria de la deuda-, subrayan en que el endeudamiento será inevitable si se quiere inversión en el 2011; y agregan, entonces, que las metas fiscales que hablaban de bajar el déficit del Gobierno Central del 4.4 por ciento del PIB en 2010 a 3.9 por ciento del PIB en 2011, no serán posibles si se toma en cuenta que el impacto de los dos billones que se trasladan significa el 0.4 % del PIB. Lo cual equivale a decir que el déficit volverá a subir a 4.2 ó 4.3 % del PIB (unos 23.7 billones de pesos) en el 2011. Esto significa endeudamiento sin solvencia, marcados ajustes fiscales, privilegios tributarios a los ricos para mantener el famoso “estímulo” a la “confianza inversionista”…; obviamente, políticas que van en detrimento del interés social en tanto se traducen en la entrega feriada de nuestros recursos naturales y la imposición de la anunciada “sostenibilidad fiscal” que Juan Manuel Santos quiere elevar a categoría constitucional con el propósito de no sentirse compelido a cumplir con las reivindicaciones de las comunidades. Y, como siempre, el telón de fondo es la maraña santanderista de normas que reconocen formalmente los derechos ciudadanos pero que ningún régimen los garantiza con políticas públicas reales.

En conclusión, el actual Presidente no ha dejado de ser el mismo granuja que era cuando fungía como feroz ministro de los “falsos positivos”; es decir, de las incontables ejecuciones que, al lado de otros abominables crímenes, enlutan a Colombia.

Actualización del Listado de Prisioneros Políticos Mapuche

Comisión de Comunicaciones // Presos Mapuche-
Este ha sido un mes muy significativo para nuestro Pueblo, debido a que muchos de nuestros Pu Kona encarcelados han recuperado su libertad, sea esto por la absolución de los cargos que se les imputaba o la revisión de las medidas cautelares por parte de los juzgados de “Garantía”.

Pero no hay que olvidar que aún quedan hermanos y hermanas en prisión, producto de la persecución política y judicial en contra de quienes encabezan nuestras legitimas demandas como Pueblo Nación.

No hay que olvidar que muchos de ellos ya sobrepasan los 18 meses en prisión, producto de la estrategia de la Fiscalía AntiMapuche, que busca amedrentar y bajar la moral de nuestro Pu Kona y sus respectivas Comunidades, pero esta maniobra no tiene efecto alguno en nuestros hermanos y hermanas que luchan diariamente en el WallMapuche.

Tampoco No hay que olvidar que existe un gran número de Pu Kona de Lautaro y Vilcún, a la espera de la revisión de las medidas cautelares, a lo que esperamos su pronta libertad, debido a los insostenibles de las pruebas y que las artimañas de la Fiscalía vulneran el debido proceso .

Finalmente entregamos un listado actualizado de al menos 21 Prisioneros Políticos. Sin embargo, debemos señalar que existen muchos Mapuche condenados con medidas cautelares (firmas esporádicas o reclusión nocturna o domiciliaria).

Centro de Detención Preventiva (CDP) de YUMBEL (O´HIGGINS N° 1575)

1.- Roberto Carlos Manquepi Vita / Desde el 20 de Enero de 2008 / Comunidad de Butalelbun, Alto Bio Bio.

* El Peñi fue trasladado debido a que el terremoto provocó serios daños al recinto de Los Ángeles.

Centro de Detención Preventiva (CDP) de LEBU (J.J. PEREZ Nº 775)

2.- Héctor Javier Llaitul Carillanca / Desde el 15 de Julio de 2009.

3.- Jonathan Sady Huillical Méndez / Desde 14 de Abril de 2009 / De Labranza.

4.- José Santiago Huenuche Reiman / Desde el 11 de Abril de 2009 / De Cañete.

5.- Ramón Esteban Llanquileo Pilquiman / Desde el 11 de Abril de 2009.

Centro de Detención Preventiva (CDP) de ANGOL (Los Confines S/N)

6.- Lorenzo Alex Curipan Levipan / Desde el 25 de Octubre de 2009 / Comunidad Mapuche Rankilko, Collipulli.

7.- Luís Hernán Millacheo Ñanco / Desde el 2 de Mayo de 2008 / Comunidad Newen Mapu, sector Chequenco, Ercilla.

Centro de Educación y Trabajo (CET) ANGOL (Pedro Aguirre Cerda Nº 62)

8.- José Benicio Huenchunao Mariñan / Desde el 21 de Abril de 2007 / Comunidad de El Malo, Tirúa.

* El Peñi Obtuvo Beneficio de la libertad trimestral.

9.- Patricia Roxana Troncoso Robles / Desde Marzo de 2008 / De Chillan

* La Lamuen se encuentra cumpliendo su condena con libertad Dominical.

Centro de Estudio y Trabajo (CET) de VICTORIA (Arturo Prat Nº 210)

10.- Carlos Alejandro Cayupe Aillapan / Desde el 4 de Septiembre de 2008 / Comunidad Domingo Trangol, Victoria.

* El Peñi se encuentra cumpliendo su condena con libertad Dominical.

11.- Juan Carlos Huenulao Lienmil / Desde el 20 de Febrero de 2005 / Comunidad de Tricauco, Victoria.

* El Peñi se encuentra cumpliendo su condena con libertad Dominical.

Centro Detención Penitenciaria (CDP) de TRAIGUEN (Coronel Gregorio Urrutia Nº 129)

12.- Pascual Alejandro Pichun Collonao / Desde el 26 de Febrero de 2010 / Comunidad Antonio Ñirripil de Temulemu, Traiguen. * El Peñi Obtuvo Beneficio de la libertad dominical.

Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de TEMUCO (Av. Balmaceda Nº 450)

13.- Andrés Ignacio Gutiérrez Coña / Desde el 5 de marzo de 2009 / Santiago Warria.

14.- Ángel Leonardo Reyes Cayupan / Desde el 28 de Noviembre de 2009 / Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.

15.- Eliseo Efraín Ñirripil Cayupan / Desde el 17 de enero de 2010 / Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.

16.- Elvis Fabio Millán Colicheu / Desde el 03 de Diciembre de 2009 / Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.

17.- Ernesto Andrés Cayupan Melillan / Desde el 26 de Julio del 2010 / Santiago Warria.

18.- Francisco Javier Cayupan Ñirripil / Desde el 13 de Marzo de 2010 / Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.

19.- Jorge Eduardo Cayupan Ñirripil / Desde el 12 de Febrero de 2010 / Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.

20.- Mauricio Armando Huaiquilao Huaiquilao / Desde el 5 de febrero de 2009 / Comunidad Juan Katrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcun.

21.- Miguel Ángel Tapia Huenulef / Desde el 11 de febrero del 2009 / Santiago Warria.

PALABRAS FINALES

Solicitamos a Todos/as difundir lo máximo posible este listado, con el fin de informar sobre las verdadera situación que afecta a nuestro Pueblo Nación Mapuche.

Las fuentes de información son diversas, desde la visita a las diversas cárceles, familiares y amigos hasta la comparación de otros listados.

Organización Mapuche

Meli Wixan Mapu