Partido Comunista Clandestino de Colombia
El proyecto de ley sobre el Plan de Desarrollo Neoliberal 2011 – 2014, presentado por el gobierno al congreso, dice en el artículo 112: “Infraestructura Estratégica para la Defensa y Seguridad Nacional. El Ministerio de Defensa Nacional podrá enajenar o entregar en administración la infraestructura militar y policial estratégica que sea de su propiedad, para lo cual podrá regirse por las normas de derecho privado o público y canalizar y administrar los recursos provenientes de su enajenación a través de los fondos internos del sector.
Los plazos de los procedimientos para obtener las licencias que se requieran se reducen a la mitad. La enajenación y destinación de los recursos provenientes de la misma, deberá responder a un plan que elaborará el Ministerio de Defensa Nacional y estará sujeta a aprobación del Departamento Nacional de Planeación.”
De éste artículo surgen algunas inquietudes: ¿Cuáles compañías están interesadas en adquirir “infraestructura militar y policial estratégica” y por qué razones? ¿Quiénes quieren administrar esa propiedad del Estado? ¿Qué razones tiene el Estado para esta apertura? También llama la atención el afán del gobierno pues quiere reducir el plazo la gestión de las licencias. Esto nos lleva a continuar analizando las partes privadas de los contratos con empresas que participan en la guerra contra el Pueblo y que son utilizadas en la intervención de los gringos en Colombia.
Si bien la historia de contratistas en el país es larga y llena de sangre derramada en asocio con militares y paramilitares, esta vez el gobierno pretende avanzar en la legalización y normalización de las compañías privadas de seguridad particularmente de los Estados Unidos e Israel. Busca ampliar la convocatoria presionado por los compromisos del Plan Colombia. La ilegitimidad del régimen lo obliga a reforzar una máquina de terror que ya casi alcanza el medio millón unidades en sus Fuerzas Armadas y no le es suficiente para derrotar la resistencia armada. A esto se suma que las multinacionales que explotan los recursos naturales están exigiendo seguridad y en sus convenios acuerdan que sean otras multinacionales, está vez, del sector defensa, quienes les presten el servicio.
El tema de los contratistas brilla por su ausencia en los medios de comunicación colombianos. En la red se encuentran algunos artículos con éste objeto referenciando el caso particular de Colombia. Tres publicaciones recientes han resaltado el tema. Una es la obra de Luis A. Bigott “Otra vez y ahora sí. Bolívar contra Monroe” (2010). El autor enlista las empresas DINCORP, LOCKHEED MARTIN CORP, THE RENDON GROUP, ARINC INC, TRW, MATCOM” y NORTHROP GRUMMAN. El autor plantea la participación de estas compañías en la guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y en el marco de la política del Departamento de Estado para América Latina.
La otra es una en entrevista publicada por SEMANA.COM a Julian Assange, el creador de WikiLeaks, en la cual dice que “hay varias compañías poderosas –como Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, contratistas militares y de inteligencia– que hacen lobby en el Congreso, en Washington, y mueven sus contactos en el Pentágono y la CIA, para involucrarse en programas especiales en Colombia y así proveer servicios y asegurarse de que la plata de los Estados Unidos se la devuelvan a ellos. Se trata de transferir el dinero de los impuestos, que paga la gente de clase media de los Estados Unidos, a los presidentes de compañías y ejecutivos senior, es decir, gente que ya es rica. Por ejemplo, aparentan darle al gobierno colombiano ayuda para comprar helicópteros, pero luego ponen la condición de que deben ser de cierto modelo, para que solo los fabricantes de armas estadounidenses puedan ser sus proveedores”. Según Assange “hay que tener en cuenta que las firmas de contratistas se aprovechan de la situación y la inflan por otros intereses, lo que desestabiliza la democracia colombiana.”
También en el marco de los WikiLeaks, apareció un cable en el cual se afirmaba que en “2005 y 2006 había una gran frustración entre los altos mandos militares porque no lograban dar con un cabecilla de las FARC. Y por eso el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, contrató a israelíes para entrenar a las fuerzas especiales para dar con “blancos de alto valor”. Sin embargo, la tarea no quedó ahí: los contratistas también hicieron recomendaciones sobre compras militares y el Ministerio de Defensa vinculó a una firma israelí (Global CST) para hacer una evaluación estratégica…. Esta firma es dirigida por el mayor general retirado Yisrael Ziv, conocido personal Santos.”
Básicamente con esta nota se quiso reseñar y denunciar (aunque sin mucha sorpresa) el interés del gobierno neoliberal de Santos por privatizar algunas de las tareas en la guerra mostrando dos caras de la misma moneda: por un lado, el militarismo y la incapacidad del régimen para derrotar la insurgencia; y por el otro lado, la subordinación indigna al imperialismo y a los negocios de éste en la guerra antipopular y anti revolucionaria en Colombia.
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