Escrito por Carlos Aznárez
A pesar de la tregua de ETA, el gobierno español sigue reprimiendo al pueblo vasco.
Con motivo de las últimas detenciones y torturas ocurridas en el País Vasco (las que demuestran que para el gobierno español no hay tregua que valga) se volvieron a escuchar las consabidas apelaciones por parte de funcionarios de Rodríguez Zapatero, dirigentes políticos de la derecha y los escribas del terrorismo mediático, para que el nuevo partido de la izquierda independentista vasca ("Sortu"), que acaba de presentar su pedido de legalización, condene la violencia, condene a los "terroristas" y a todos aquellos que le caigan mal a los autodenominados "demócratas".
El recurso de la "condena" es una especie de chantaje que se viene usando por parte de la alianza PP-PSOE desde hace años, con la idea de demonizar y criminalizar a las opciones políticas independentistas. La ecuación es sencilla: si tal partido, sindicato, grupo cultural, organización juvenil, o personalidades varias, no condenan a lo que el sistema tipifica como "terroristas", entonces cada una de esas instituciones populares o referentes individuales, también son terroristas.
De allí que Zapatero, Rajoy, Rubalcaba, Ares o Patxi López festejen cuando la Guardia Civil o sus diferentes cuerpos policiales allanan viviendas, vuelen puertas con explosivos, golpeen a la madre o al padre del detenido de turno, lo encapuchen, le apliquen la bolsa, la bañera o los electrodos, y casi siempre lo manden al hospital, magullado por donde se lo mire. Tras la conferencia de prensa anunciando "un nuevo triunfo policial", enseguida habrá alguno de ellos, sino todos a la vez, que mencionen la citada palabreja: "estamos esperando vuestra condena...".
Ahora bien, si hablamos de condenas, la pregunta del millón es por qué razón el Gobierno español no condena algunas de las tantas infames tropelías cometidas a diario y con insistente continuidad en los últimos años. Por ejemplo:
-La colaboración criminal (a través de sus ejércitos y policías) en la invasión y genocidio en Iraq, donde organismos internacionales de Derechos Humanos, señalan que se han producido un millón de muertos civiles por culpa de la acción bélica de los aliados occidentales.
-La colaboración criminal con similar actuación, junto a las tropas norteamericanas, en Afganistán, donde los muertos locales se cuentan por decenas de miles.
-La colaboración criminal con la venta de armas a países árabes gobernados por monarcas, déspotas o dictadores, muchos de los cuales ahora están siendo arrasados por sus pueblos, precisamente por la cadena de crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas. Sólo en los primeros seis meses de 2010, España le vendió armas a Arabia Saudita por valor de 1,5 millones de euros, y al gobierno criminal de Marruecos (que sojuzga y asesina a los habitantes del Sahara Occidental) por valor de 350 millones de euros. Algo parecido ocurre con Argelia, Egiptos, Jordania y Túnez.
-La colaboración criminal con el gobierno idem de Israel. Un informe oficial del Gobierno español admite la exportación de material bélico a sus colegas sionistas por valor de más de 1.550.000 euros seis meses antes que los aviones israelíes bombardearan Gaza a fines de diciembre de 2009 y en enero de 2010. Vale la pena recordar que con esas armas más otras similares se asesinaron a más de 1500 palestinos y se destruyó casi por completo la infraestructura de Gaza.
-La colaboración criminal con los respectivos gobiernos de Alvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos en Colombia. Año tras año, desde España han sido enviados cargamentos de armas, e incluso aviones, para asesinar a los luchadores colombianos de la insurgencia, a los integrantes de organizaciones campesinas o estudiantiles.
-Las tareas de "perfeccionamiento e instrucción militar" junto a sus colegas del Mossad israelí y del FBI estadounidense, con quienes han elaborado verdaderos manuales de "guerra contrainsurgente", que comprende métodos sofisticados de tortura física y psicológica, utilizando incluso drogas y alucinógenos para desestabilizar a los detenidos, la mayoría de ellos vascos y vascas.
-La exportación criminal de Guardias Civiles y policías nacionales a países latinoamericanos como Guatemala, Colombia, Paraguay y Perú, para realizar cursos de contraespionaje y utilización de tácticas ofensivas, "hermanándose" así con los uniformados latinoamericanos.
-El comportamiento lesivo para la dignidad de los pueblos y en muchos casos criminal por parte de las trasnacionales españolas que operan en distintos países de Latinoamérica, no sólo devastando sus respectivos ámbitos naturales, destruyendo el ecosistema o generando envenenamientos masivos por el uso de tóxicos u otros elementos similares, sino que también -en franca colaboración con las fuerzas represivas locales- persiguen y criminalizan a quienes les enfrentan, como es el caso de los indígenas Mapuche o las barbaridades cometidas en Nicaragua por la empresa Endesa.
Ellos, los campeones del recurso de la condena, siempre y cuando sea para machacar aún más a los pueblos, no condenan sus propios y letales comportamientos. No lo hacen ahora y tampoco lo han hecho en el pasado. Sólo basta recordar que con su llegada a Abya Yala, los conquistadores españoles cometieron el más grande de los holocaustos, al asesinar a más de 90 millones de habitantes de los pueblos originarios. Tampoco hicieron justicia (que es algo más que una condena formal) con los asesinos de un millón de españoles durante la guerra fascista emprendida por Franco, o con los que bombardearon al pueblo vasco de Guernica, o al de San Sebastián-Donosti, por citar sólo algunos ejemplos de la era fascista española.
Volviendo a Euskal Herria: hace más de un año y medio que las armas están calladas. Además, la organización que las esgrimió durante medio siglo, ha reiterado hace poco más de un mes, un alto el fuego permanente y verificable, señalando que es la hora de apostar a la vía política para conseguir los fines estratégicos. Ese llamamiento ha calado hondo dentro y fuera de Euskal Herria, de allí que se haya lanzado una opción partidaria, que por imperativo legal español (la famosa y proscriptiva Ley de Partidos), ha tenido que suscribir unos estatutos donde entre otros puntos se condena -precisamente- a la "violencia" y sus ejecutores. Tal enunciado ha traído incluso, algún debate menor entre los abertzales, pero como se tiene claro que lo más importante es profundizar en el camino de la vía política, han prevalecido la unidad y el entusiasmo. Tanto es así, que la presión internacional para facilitar el nuevo recorrido no se ha hecho esperar, demandando una respuesta clara al gobierno de Madrid.
No obstante esta nueva realidad, Zapatero y sus boys siguen sin querer enterarse, y a través de uno de sus dinosaurios de turno, apellidado Rubalcaba, redobla el tambor de la "solución policial", y amparándose en la doctrina fijada por el Juez Garzón de que "todo es ETA", exige más y más condenas.
No lo dicen, pero se les nota en cada actitud o gesto de desprecio hacia el pueblo vasco. En realidad, quieren a todo el mundo de rodillas y marchando sobre un piso de vidrio molido, e incluso en ese momento seguirían repitiendo como autómatas: "condenen, condenen, condenen..."
Que se condenen ellos, por invadir pueblos, por sojuzgarlos, por hambrearlos, por masacrarlos. Que se condenen ellos por ser los continuadores de Franco y sus camisas azules. Que se condenen ellos, por preferir a un monarca holgazán y guerrerista, a una República Federal y socialista. Que se condenen ellos por invadir y usurpar los territorios vascos, catalanes, gallegos, andaluces, asturianos... Que se sigan condenando por negarse a la autodeterminación de los mismos.
Que se condenen de una vez y para siempre, antes de que les ocurra lo inevitable y cuya medicina ya han probado los Mubarak, los Ben Alí, los Hassán, los Bouteflica y los que seguramente han de seguirles a corto plazo.
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