La tesis de Cano sobre la recomposición del régimen

Escrito por Jimy Ríos.
Partido Comunista Clandestino de Colombia

En julio de 2010, Alfonso Cano expuso una tesis sobre las tareas de la administración del doctor Juan Manuel Santos: blindar al alto gobierno saliente de la justicia tanto nacional como internacional, y recomponer el régimen político empapado de ilegitimidad ya que ha sido permeado profundamente por el narcotráfico, la corrupción administrativa, la impunidad, un aparato electoral podrido y un régimen caracterizado por la violencia terrorista de manera sustancial. Todo esto en el marco del neoliberalismo.

Pues bien. Ambas tareas han sido emprendidas con los obstáculos propios del tamaño de semejante empresa ya que la decadencia parece no tener reversa. Por un lado, el mismo Santos se vio obligado a decir públicamente que las "Denuncias de corrupción no son ataques contra Uribe". El presidente que participó como ministro del fascista aquel, posa de inocente y apenas se está dando cuenta de los vejámenes de su anterior jefe y de toda la banda que se instaló en la Casa de Nariño.

Así mismo, al embajador en Washington le tocó pedir la inmunidad para el capo de capos pues éste fue citado por una corte gringa en el caso de los paramilitares y la multinacional Drummond. El Departamento de Estado tenía que decidir el 11 de marzo y aplazó la decisión para el 31, lo cual indica que no hay consenso de respetar tal inmunidad presidencial. A lo anterior se suma que el actual gobierno va a crear una oficina dedicada especialmente a defender el Estado de las demandas que según el ministro del interior ya suman más de 100 billones de pesos. También fortalecerá la defensa de militares involucrados en masacres, desapariciones y ejecuciones a civiles.

No está fácil la primera tarea. Algunos de los cómplices de Uribe ya han sido juzgados y otros ya están en proceso de judicialización. Recordemos solo algunos. El primo y copartidario Mario Uribe ya fue condenado. Al ex ministro de agricultura Andrés Arias y algunos de sus funcionarios fueron embargados por corruptos. Luis Carlos Restrepo, el ex comisionado de paz, ya fue llamado a indagatoria por falsas desmovilizaciones.

El ex ministro del interior Sabas Pretel está empapelado por el cohecho en la reelección, caso en el que también está involucrado el ex ministro de protección social Diego Palacio. El asesor en materia de crimen, José Obdulio Gaviria, ya está en la lista por el caso del DAS, en el cual ya hay condenados y su ex directora salió huyendo hacia Panamá por recomendación del propio narcoparamilitar. La cuenta es larga y aquí no da para nombrar todos los criminales.

Por otro lado, en la tarea de recomponer el régimen, entre otras iniciativas de la actual agenda legislativa, el gobierno de Santos presentó al congreso la denominada Reforma al Estado, al mejor estilo neoliberal de los noventas. Lo que el camarada Cano llama acertadamente recomponer, el gobierno denomina eufemísticamente reformar, renovar, modificar, reasignar, crear, escindir, fusionar, suprimir, modificar, determinar, liquidar y reestructurar. Toda esta verborrea hace parte de lo que han llamado reingeniería al Estado.

En la justificación pública de estas acciones, los funcionarios de Santos han dicho cosas como estas. El ministro del interior Vargas Lleras gritó “que no había llegado al Gobierno a encubrir las actuaciones de los corruptos y que la Dirección Nacional Estupefacientes se había convertido en un feudo del hampa". Y según la Fiscal General de la Nación, "la corrupción se ha entronizado en la administración pública". (A propósito cursa también en el congreso el Estatuto Anticorrupción: amanecerá y veremos).

La Reforma al Estado se propone escindir unos Ministerios y otorgar facultades extraordinarias al Presidente para modificar la estructura de la Administración Nacional. Y si bien en el fondo está el intento por recomponer el régimen, en la ley se utilizan otros eufemismos como estos: “Las facultades extraordinarias conferidas al Presidente (…) para renovar y modificar la estructura de la Administración Pública Nacional, serán ejercidas con el propósito de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público; hacer coherente la organización y funcionamiento de la Administración Pública y con el objeto de lograr la mayor rentabilidad social en el uso de los recursos públicos.”

El tránsito de esta ley en el congreso no tuvo un camino fácil y fragmentó la cacaraqueada Unidad Nacional. Fueron 6 intentos ya que allí se atrincheraron las fuerzas políticas que se ven amenazadas y posiblemente sacrificadas en aras de recuperar la legitimidad y la legalidad afectadas aun más con el paso del cartel de Uribe. Así por ejemplo, el partido Conservador frenó la aprobación pues 10 o 12 de sus congresistas están involucrados en el escándalo de la Dirección de Estupefacientes. Sin embargo se reunieron con Santos y se resolvió el problema. ¿Qué negociaron? Averígualo Vargas.

La reforma incluye la división de tres ministerios: Trabajo, Justicia y Ambiente. Y la complementa la reestructuración de las entidades acusadas de corrupción interna, como el DAS, la Dirección de Estupefacientes, el Instituto penitenciario (INPEC) y la Superintendencia de Notariado y Registro, INCO y MINERCOL, entre otras.

También está en la agenda la Reforma Política en manos de la Corte Constitucional desde el año pasado. El Gobierno de Santos pidió a la Unidad Nacional que presenten propuestas para modificar el voto preferente y el sistema de elección de los congresistas y en términos generales que “busquen el consenso para presentar un proyecto que modernice” el sistema electoral podrido.

En éste marco, el Polo Democrático Alternativo se levantó de la mesa de negociación sobre el Estatuto de Oposición. Esta organización aduce que así será “hasta que el Gobierno brinde las suficientes garantías electorales”. Que ingenuidad por decir lo menos, pues eso es precisamente lo que no hay en Colombia: garantías para la oposición. El Polo olvida el asesinato de más de 5 mil militantes de la Unión Patriótica. A menos que se hable de garantías para un grupo político que busca opciones dentro del mismo capitalismo y no las transformaciones estructurales que necesita Colombia.

Ahí va la tarea. Con esto se demuestra una vez más el gran conocimiento que tiene la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sobre la realidad nacional y sobre el enemigo en particular. Por otra parte se demuestra el camino decadente del régimen y los intentos desesperados e insuficientes para recomponerse. Ninguna de sus iniciativas muestra una voluntad de cambio en sus degradadas Fuerzas Militares. Socialista el futuro será.