COLOMBIA NO ES UN JUEGO DE PÓQUER.

Escrito por Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP.

Montañas de Colombia.

Juan Manuel Santos tiene que convencerse: la paz no es un asunto de simples deseos y plegarias, ni se logra tampoco dando ultimátum al opositor político, negándole su condición beligerante y exigiéndole la rendición mientras se desborda la demagógica práctica de ofertarle ilusiones a los pobres de Colombia. La búsqueda de la paz requiere de soluciones urgentes y estructurales a los profundos problemas de injusticia social y exclusión política en que secularmente las oligarquías han sumergido al pueblo obligándolo al levantamiento armado.

La realidad nacional no es un juego de póquer, donde la oligarquía –contagiada de la mentalidad de tahúr del Presidente-, retoza con ases bajo la manga, con cartas marcadas y convierte serios problemas como el desempleo, la generalizada precariedad laboral, la crisis de la salud, el déficit de vivienda, el despojo de la tierra…, en envite que se puede lanzar a un pot para luego ponerse a “farolear”.

En un país que tiene la más alta tasa de desocupación de América Latina continental, Santos ha ofrecido la creación de 2 millones cuatrocientos mil empleos y la formalización de 500 mil más; como quien dice, el establecimiento de casi tres millones de nuevos empleos formales. Agregando que su pretensión es colocar el nivel del desempleo por debajo del 9 % en el año 2014 y del 6 % en el 2020. ¿Se referirá Santos a la conservadora cifra promedio del desempleo estructural que suelen medir los “expertos” considerando que nunca está por debajo del 7 y 8 %?, ¿se referirá al conjunto de la precariedad laboral que se come vivos los 13.7 millones de personas que integran la población económicamente activa?, ¿habrá tenido en cuenta a los 11 millones de informales que el “infalible” DANE calculó hace algún tiempo?, ¿se habrá enterado que ese Departamento Administrativo de cifras retocadas, que es el DANE, ha dicho que de cada 100 trabajadores ocupados, 58 son informales?

¿Qué tipo de solución habitacional es esa que pretende Juan Manuel cuando propala que construirá un millón de viviendas?

Mientras la demanda anual de vivienda en Colombia es de 250 mil unidades, sólo se construyen 140 mil, ha dicho Santos blandir una meta “no ambiciosa…, que podemos cumplir en cuatro años”. Pero y el déficit acumulado existente, que según sus propias cuentas es de por lo menos 90 mil viviendas cada año ¿quién lo va a resolver? Recordemos que los datos oficiales de 2008 indicaban que podría haber no menos de 2.3 millones de hogares sin vivienda, lo cual equivale al 21.45 % de la población nacional, sin que existan estrategias no coyunturales que planteen una solución de fondo, estructural para estas y las nuevas familias que surgen como consecuencia del crecimiento poblacional, o que pierden sus casas como consecuencia del endeudamiento con el sistema financiero o del desplazamiento forzado. No existe tampoco estrategias para mejorar las condiciones de los casi 4.5 millones de personas (aproximadamente 10.5 % de la población), que habitan en viviendas inadecuadas; es decir, compatriotas que usan como “viviendas” refugios naturales, se ubican bajo los puentes, o en sitios cuyas “paredes” son de materiales de desecho como cartón, latas, etc. y los pisos son de tierra. Y de la ausencia o deficiencia de los servicios públicos, ni hablar, pues el 7.4 % de la población habita en viviendas que no los posee y el 11.1 % vive en condiciones de hacinamiento. Este desolador panorama se presentaba cuando el terrible invierno de transito del 2010 al 2011 aún no se había presentado con toda su carga de calamidades que atropellan a más de 2.5 millones de damnificados.

¿Pretende engañar Juan Manuel a quienes promete tierra sin comprometerse a cambiar la estructura latifundista del campo?

En una basura como el proyecto de Ley 085 de restitución de tierras no tenemos sino un folleto de apariencias pensado para, al final de cuentas, crear las condiciones que permitan un macro-despojo legal de la tierra. ¿Qué es eso de entregar dos millones de hectáreas en 8 años a razón de 250 mil por año, en un país donde la concentración criminal de la tierra tiene niveles descomunales?

Sobre la concentración que configura la estructura latifundista del campo, bien ha recordado el Comandante Alfonso Cano en una alocución de finales de 2010 que “según el estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de CORPOICA del año 2001, las fincas de más de 500 hectáreas correspondían al 0.4 % de los propietarios que controlaban el 61.2 % de las superficie agrícola, en un proceso de progresiva e infame concentración que viene de años atrás y que no para”. Como si fuera poco, son 6.6 millones de hectáreas las que en dos décadas han abandonado las pobrerías por causa de la violencia estatal, o han sido arrebatadas a los campesinos colombianos. Y eso no se puede resarcir con solamente tener la intención de restituir sus fincas a 130.487 familias desplazadas por la violencia cuando el total de desarraigados ya bordea la cifra de 5 millones de personas. Esto no se resuelve devolviendo 312.015 hectáreas que el mismo INCODER les quitó a los trabajadores del campo para titulárselas a los testaferros de los paramilitares y mafiosos.

¿Pero será posible que el gobierno, más allá de lo retórico coadyuve a hacer lo contrario a lo que históricamente ha hecho en favorecimiento del latifundio?; es decir, ¿será posible que anteponga los intereses de los campesinos despojados a los de sus victimarios, que son los componentes de las estructuras de poder económico y político?

En su sonado Plan de Choque que serviría de arranque al proyecto restitutivo, plantea Santos que beneficiará a 3.223 familias con 21.000 hectáreas, formalizando la propiedad rural mediante la titulación de 2.631 predios baldíos que están en manos de entidades territoriales, y 592 parcelas del Fondo Nacional Agrario. Se habla de que mediante el INCODER (¡!), se entregaría a 1300 familias, 19.500 hectáreas de predios cuyo dominio se ha extinguido y están en manejo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Se ha anunciado la ampliación de 21 resguardos de comunidades afro-descendientes e indígenas, el establecimiento de 23 nuevos y el reconocimiento del derecho a la tierra, mediante titulaciones colectivas, a comunidades que se han asentado en la cuenca del Pacífico y en Bolívar recientemente. En los Montes de María se crearía una zona de “reserva campesina modelo”, para beneficiar a 82.000 familias. Pero lo cierto es que todo ello no es más que facundia barata envuelta en normas que no miran en que el despojo comenzó hace más de 20 años y que por tanto la retroactividad no debe limitarse hasta ese tiempo. Es insultante pretender que quienes como despojados aspiren a la restitución deberán subordinarse a los avatares de esa ley de impunidad, beneficiaria del paramilitarismo que es la Ley 975 de 2005 a la que denominaron Ley de Justicia y Paz, entre otra serie de trampas, que comienzan por no reconocer que la violencia generalizada que impuso el régimen con sus narco-paramilitares y sus mismos aparatos armados oficiales es la fuente de todas las desgracias que sufre el campo colombiano.

El esclarecimiento de la verdad en torno a estos aspectos debe partir no de los datos aviesos y sesgados de las oficinas de Acción Social, o de la tal Comisión de seguimiento a la política pública del desplazamiento forzado del señor Luis Jorge Garay quien como un prestidigitador hace trucos numéricos para colocar a la guerrilla en el conjunto de los despojadores. Mucho menos el análisis real del problema debe partir de preponderar las versiones de los genocidas amparados en la impunidad por la Ley de Justicia y Paz, sino que sobre todo ha de atenderse las voces de las verdaderas víctimas de la guerra desatada por el Estado.

No basta, además, mirar el problema de la tierra sin tomar suficientemente en cuenta los puntos de vista de las comunidades indígenas desplazadas, donde el colectivismo y la espiritualidad en la relación hombre-naturaleza, tienen un papel esencial para el equilibrio comunitario.

Por arte de engaño se pretende que olvidemos que cuando se trata de descifrar quien es Juan Manuel Santos, estamos ante un criminal continuista que representa al gran capital y la entrega del país a los intereses norteamericanos. Seamos precisos, ese es el personaje, y de su correcta caracterización depende que nuestros pasos en busca de la paz con justicia social no sean erráticos.

El gobierno Santos no propiciará de su propia inspiración las soluciones para solventar las necesidades de los pobres, sino que incrementará las medidas que favorezcan la llamada “seguridad inversionista” en beneficio de las trasnacionales, del capital financiero y del imperialismo en general. En su cabeza estará como constante la preocupación por ampliar la frontera agrícola a 15 millones de hectáreas o más, pero no para generar seguridad alimentaria sino para garantizar el agro-combustible a las potencias extranjeras. Santos no quiere una transformación agraria a favor de los sin tierra, pues su idea de modernidad está marcada por una modalidad de capitalismo agrario sin campesinos, en el que el campo sea el escenario de los mega-proyectos agrícolas de los capitalistas.

Lo que priorizará este gobierno, si la lucha no se fortalece, es el poder mezquino de la alianza entre los empresarios tradicionales, las multinacionales, el capital de los narcos, ganaderos, latifundistas, especuladores financieros y militares. Es decir, el poder de lo que hoy se configura como una verdadera lumpenburguesía compuesta por capos, perdonavidas, narcos, ladrones y delincuentes de toda ralea con un Estado gansteril dispuesto para permitir que el país se garantice como enclave del capitalismo depredador y gran plataforma del complejo militar yanqui. Ese es el sentido genuino de la “Unidad nacional y la prosperidad democrática”, que sin duda sigue la continuidad del guerrerismo uribista, que no es otra cosa que el recetario de depredación trazado por Washington.

Con la falaz noticia de la derrota militar de la insurgencia, con el manido cuento del fin del fin de la guerrilla y la increíble historieta del arribo al post-conflicto se cimentan los nuevos argumentos de la borrachera triunfalista que justifican ahora el abultado gasto de guerra, montando la teoría de la recuperación del territorio como corolario de la llamada “transición de la seguridad democrática a la prosperidad democrática”. Pero si estamos en tiempos de “post-conflicto” y de tránsito hacia la “prosperidad democrática”, ¿por qué se persiste en mantener un costoso desenfreno belicista que para el año 2011 casi alcanza el 19.1 % del Presupuesto General de la Nación, equivalente casi a 28 billones de pesos como rubro destinado al concepto de “seguridad y defensa”? Se trata de una masa de gasto improductivo que entraña violencia y mayor desatención social, copando formalmente alrededor del 5 % del producto Interno Bruto. Esto sin incluir el enorme caudal de recursos que -según el esquema uribista del presupuesto 2010 que es el mismo que más o menos sigue el del 2011 en cuanto a asignaciones para inversión social- pasa a dominio del aparataje militar como infraestructura que en determinado momento puede ser considerada “estratégica para la defensa nacional”.

Obsérvese aquí la gramática de las trampas, como esa de “subir” el salario en ese 4 % miserable que ahora quieren que se le agradezca al “bondadoso” Juan Manuel, cuando sabido está que la inflación, así la aderecen, está por encima de ese dígito. Es esta la semántica de los artilugios que mantienen la explotación de las empobrecidas mayorías en Colombia, el glosario de las fantasías que la seguridad inversionista necesita para atrapar víctimas.

Pero la carnicería no para ahí, pues del monto presupuestal de 147.3 billones de pesos con sus eventuales variaciones, el 26.5 % está asignado a ese otro vampiro desaforado que es el servicio de la deuda pública, lo que significa 36 billones de pesos, aproximadamente, que corresponden en 81 % a deuda interna y en 19 % a deuda externa, cuyo usufructo representado en gigantescas ganancias en medio de la crisis, las canaliza el parasitario sector financiero en detrimento de los recursos públicos.

Vale apuntar que no hay la tal disminución de la participación del servicio de la deuda en el producto interno bruto; que no es real la disminución de la participación del 7.4 % en el 2010 a 6.6 % en la actual vigencia presupuestal, sencillamente porque si antes de 33.22 billones de pesos que comportaba el servicio de la deuda pública, el 56 % se destinaba a pagar amortizaciones, ahora sólo se destinará el 48 % a ese propósito, lo cual implica que el 52 % del endeudamiento que se hace es fundamentalmente para pagar intereses. En este plano campea la insensatez de los gobernantes de turno respecto a la ingente deuda social que el régimen acumula sobre los hombros de los más pobres.

Lo que se observa es el absoluto apoyo de la oligarquía a la extracción alocada de recursos por parte de los organismos internacionales de crédito que obstruyen el desarrollo económico y social de nuestro país. Al respecto los ejemplos son múltiples: ¿la asignación presupuestal para la “locomotora” de la educación en la vigencia 2011, según el Proyecto de Santos no pasó de 3.2 % del PIB al 3 %?, ¿acaso los 900 mil millones que el Estado le debe al sector hospitalario fueron considerados dentro del presupuesto planteado?, ¿desde el mismo gobierno el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, no ha hecho la observación en cuanto a que la inversión en el sector que le corresponde manejar disminuyó en 10% respecto al presupuesto de 2010, lo cual, según su propia opinión, resulta insuficiente para que el renglón agropecuario actúe como otra de las locomotoras que reactivarán la economía?

Entre tanto, Juan Carlos Echeverry, el Ministro de Hacienda de Juan Manuel, habla de que dos billones de pesos que estaban previstos para amortización de deuda externa serán tomados para darle arranque a las locomotoras de la producción. Pero eso no alcanzan ni para darle un empujón a las promesas electorales. Por ello, desde la misma derecha, los economistas más aterrizados –sin jamás mirar en la posibilidad de reducir el gasto militar o en declarar moratoria de la deuda-, subrayan en que el endeudamiento será inevitable si se quiere inversión en el 2011; y agregan, entonces, que las metas fiscales que hablaban de bajar el déficit del Gobierno Central del 4.4 por ciento del PIB en 2010 a 3.9 por ciento del PIB en 2011, no serán posibles si se toma en cuenta que el impacto de los dos billones que se trasladan significa el 0.4 % del PIB. Lo cual equivale a decir que el déficit volverá a subir a 4.2 ó 4.3 % del PIB (unos 23.7 billones de pesos) en el 2011. Esto significa endeudamiento sin solvencia, marcados ajustes fiscales, privilegios tributarios a los ricos para mantener el famoso “estímulo” a la “confianza inversionista”…; obviamente, políticas que van en detrimento del interés social en tanto se traducen en la entrega feriada de nuestros recursos naturales y la imposición de la anunciada “sostenibilidad fiscal” que Juan Manuel Santos quiere elevar a categoría constitucional con el propósito de no sentirse compelido a cumplir con las reivindicaciones de las comunidades. Y, como siempre, el telón de fondo es la maraña santanderista de normas que reconocen formalmente los derechos ciudadanos pero que ningún régimen los garantiza con políticas públicas reales.

En conclusión, el actual Presidente no ha dejado de ser el mismo granuja que era cuando fungía como feroz ministro de los “falsos positivos”; es decir, de las incontables ejecuciones que, al lado de otros abominables crímenes, enlutan a Colombia.