Olivo Saldaña dandole la mano a José Obdulio Gaviria, asesor presidencial de Uribe en marzo de 2010
por Karim Khalili.
Los llamados “gestores de paz” y la organización Manos por la Paz forman parte de una estrategia contrainsurgente, que ha sido funcional a la actual política de Seguridad Democrática.
La política de la Seguridad Democrática está en una auto-proclamada fase de consolidar su proyecto económico-militar, buscando silenciar las expresiones disidentes tanto dentro como fuera de Colombia. Para esta labor cuenta con el apoyo de los medios masivos de comunicación, una red de informantes, ONG's creadas por el mismo gobierno y/o desmovilizados de las estructuras paramilitares y supuestos ex-integrantes de los grupos insurgentes. En este contexto, los llamados “gestores de paz” y la organización Manos por la Paz forman parte de una estrategia contrainsurgente, que ha sido funcional a la actual política de Seguridad Democrática, cerrando los posibles espacios políticos para lograr acuerdos humanitarios entre las partes en conflicto y estigmatizando y criminalizando la labor de la oposición política y los defensores de derechos humanos de forma sistemática.
La Seguridad Democrática – una solución militar a un conflicto político-económico
La política de seguridad democrática y la llegada de Álvaro Uribe Veléz a la presidencia ha buscado en los últimos ocho años enfrentar el conflicto político y económico que ha padecido el país por más de sesenta años, a través de la vía militar. La guerra sucia en contra de la oposición política, por muchos años ejercida a través de las estructuras paramilitares, ha diversificado sus formas operativas. La característica de la guerra en el contexto de la política de la seguridad democrática ha sido de mostrar cifras en la lucha contra el terrorismo, de forma que cada insurgente desmovilizado, encarcelado y/o asesinado es presentado como un golpe al terrorismo. A la vez los integrantes de la Fuerza Pública han sido apremiados con ascensos en la jerarquía militar y/o han recibido incentivos económicos por cada guerrero “neutralizado”. En la práctica, esta política ha implicado un incremento en las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del ejército, que luego son presentados como guerrilleros dados de baja en combate; la integración forzada de campesinos en zonas de control territorial de los grupos insurgentes a programas de desmovilización bajo amenazas; y la judicialización y/o detención arbitraria de cientos de personas, muchas de ellas vinculadas a espacios organizativos y/o de oposición política, que son acusadas de rebelión y/o terrorismo.
Hoy en día Colombia se caracteriza por su contexto de impunidad generalizada frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado y las estructuras paramilitares durante los últimos cuarenta años; una penetración del paramilitarismo en todas las esferas del poder, tanto el económico, como el mediático y político; y la consolidación de un modelo económico que fue impuesto a través de una violencia sistemática. Los y las que se han opuesto a esta política económica y militar han sido criminalizados y estigmatizados por el presidente, sus ministros, comandantes del ejército y los grandes medios masivos de comunicación, llamándoles auxiliadores de la guerrilla, terroristas disfrazadas o simplemente integrantes de las FARC-EP y/o del ELN. El gobierno niega a su vez la existencia de un conflicto armado: en Colombia se está luchando contra el narcotráfico y el terrorismo; argumenta que los grupos paramilitares ya no existen, sino sólo bandas emergentes dedicadas al narcotráfico; y que en Colombia no hay desplazamiento forzado, sino migrantes económicos. Sin embargo, las organizaciones insurgentes del ELN y las FARC-EP mantienen su capacidad de golpear a las estructuras militares, guardan una linea de mando, suplantan en varias partes del país al Estado y ejercen un control territorial, lo que las convierte en fuerzas beligerantes dentro de un conflicto armado interno según los Convenios de Ginebra que regulan el Derecho Internacional Humanitario.
Manos por la Paz
Finales de 2007, un grupo de insurgentes detenidos en diferentes cárceles de alta seguridad se declaró “No-Canjeable” y en contra de un posible Acuerdo Humanitario entre el gobierno y las FARC-EP, que tendría como objetivo el intercambio de los prisioneros de guerra de los lados en conflicto. La organización no-gubernamental Manos por la Paz nace en este contexto en 2008 y cuenta hoy con alrededor de 1.000 supuestos desmovilizados de las diferentes organizaciones insurgentes, que han manifestado su interés de salir de las filas insurgentes desde la cárcel y que se oponen a un posible intercambio humanitario. De este grupo alrededor de 500 están postulados a la Ley de Justicia y de Paz o a la Ley 975 de 2005, que reguló el proceso de desmovilización con las estructuras paramilitares, mientras que en los otros casos se está considerando su posible postulación. La ley concede una rebaja en la pena bajo la condición de “que se diga la verdad, colabore con la justicia, para esclarecer hechos, haga reparación a las víctimas, actos de perdón y reconciliación con la sociedad.”[1]
Falsos Positivos en las desmovilizaciones colectivas
Desde la cárcel de La Picota una de las personas claves para la conformación de “Manos por la Paz” ha sido el ex-integrante de las FARC-EP Raúl Agudelo Medina, alias “Olivio Saldaña”, detenido en 2004 y quien luego desmovilizó en 2006 un frente guerrillero “la Cacique Gaitana”, lo cual fue presentado en su momento como “el más duro golpe a su moral de combate [de las FARC] en toda su historia”.[2] En la cadena nacional RCN Radio, el ex guerrillero Pedro Pablo Montoya alias ‘Rojas’, ha manifestado que la desmovilización del frente "Cacique Gaitana", no se dio por las operaciones militares en la zona, la fuerte campaña publicitaria de desmovilización y la colaboración de subversivos desde las cárceles, sino que fue 'un falso positivo': "Hay un falso positivo del 2005 y 2006 que el país no conoce. Fue planificado por Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’; Hugo Rojas Yepes, narco-paramilitar extraditado; Jaime Ariza, comandante paramilitar de Bogotá; Padilla, narco-paramilitar extraditado; general Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército; Luis Carlos Restrepo, Comisionado de Paz; Lelio Suárez Tocarruncho, fiscal 12 de Patrimonio de Ibagué, que para la época era el general encargado de la Inteligencia del Inpec".[3] La desmovilización del frente fue en su momento usada ante la opinión pública para mostrar supuestos golpes en la lucha contra el terrorismo en vísperas de las elecciones presidenciales de 2006, dejando una imagen favorable del presidente Alvaro Uribe Veléz que estaba aspirando a un segundo termino.
Falsos Positivos en las desmovilizaciones individuales
Las desmovilizaciones de integrantes de los grupos insurgentes hasta 2008 fueron regulados por la Ley 418 de 1997, que contempla para desmovilizaciones colectivas en contextos de procesos de paz, entre otros el beneficio jurídico de indulto. Igual beneficio se podrá conceder a quienes “individualmente y por decisión voluntaria, abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y así lo soliciten, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil.” [4]
A raíz del decreto 1059 de 2008 el alcance de la Ley 975 fue ampliado para incluir a integrantes de los grupos insurgentes recluidos en las cárceles como posibles beneficiarios, siempre y cuando decidieran renunciar a pertenecer al grupo armado y “se diga la verdad y coopere con la justicia y se hagan gestores de paz en la reconstrucción del país”. Con fundamento en la Ley de 975 los postulantes pueden conseguir el beneficio de una pena reducida de entre 5-8 años por los delitos cometidos en vez de los 8-40 años que implican los delitos por los que han sido condenados.
Presos políticos de las FARC-EP, detenidos en la cárcel de Bellavista (Medellín) fueron convocados a asistir a una reunión el día 30 de noviembre de 2009 sin saber el motivo de dicho encuentro. Al negarse a participar “nos coaccionaron afirmando de que si no asistíamos nos harían asistir como fuera posible “salen o los sacamos”, motivo por el cual, y al ignorar las razones por las cuales nos ordenaban salir, se dispuso que 5 camaradas pertenecientes a las FARC-EP participaran para conocer el motivo de dicha reunión.”[5] Los presos encontraron en la reunión al alto consejero para la reinserción Frank Pearl y los tres integrantes de Manos por la Paz, alias Karina, alias Samir y alias Olivo Saldaña, ofreciéndoles beneficios económicos, jurídicos y psicosociales si se desmovilizaran en el marco de la Ley de Justicia y Paz. “Desmentimos totalmente lo que dicen los medios de comunicación, que en Bellavista los presos políticos y prisioneros de guerra se han vinculado al proceso de desmovilización, así como tampoco es cierto que en las diferentes cárceles colombianas todos los guerrilleros en poder del enemigo ya no quieren hacer parte del intercambio humanitario.”[6]
Los integrantes de Manos por la Paz salen de las filas de los grupos insurgentes con la condición de colaborar con la Fuerza Pública y la Fiscalía, en varios casos bajo presiones e intimidaciones. Cooperar con la justicia para reducir el tiempo de pena y/o beneficios económicos ha conllevado además a que presos sociales se han vuelto guerrilleros en las cárceles y han inventado testimonios falsos.
Falsos Positivos en la estrategia de minas antipersona
El 16 de diciembre de 2009 fueron detenidos el presidente de Manos por la Paz, un funcionario del DAS y 5 desmovilizados de las FARC-EP, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de munición de uso privativo de las Fuerzas Militares, tentativa de estafa, y empleo, producción y almacenamiento de minas antipersonales. En el carro de Jorge Didier Polanía Sánchez, presidente de Manos por la Paz, que le fue asignado por el Ministerio del Interior para su seguridad, se transportaban minas antipersona, fabricadas por los integrantes del grupo, que luego eran colocadas en los departamentos de Tolima y Huila y posteriormente denunciadas para recibir la recompensa.
Este montaje no se constituye como un hecho aislado. En febrero de 2010 la Corporación Jurídica Libertad denunció que “Soldados pertenecientes a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en compañía de cuatro reinsertados de grupos armados al margen de la ley, vienen sembrando minas antipersonales y organizando caletas con armas en los territorios de las comunidades del Cañón del Melcocho [Oriente Antioqueño], con el fin de obtener privilegios y beneficios a raíz de los supuestos hallazgos. Esta práctica violatoria de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, configura una nueva modalidad de “falsos positivos” llevado a cabo por las Fuerzas Militares en su búsqueda de resultados y efectividad. ”[7]
Falsos Positivos en la gestión de paz
A pesar de que buscar de acuerdos humanitarios y una solución al conflicto armado es una obligación dentro del marco jurídico nacional e internacional para el gobierno colombiano, éste ha apostado por la intensificación del conflicto armado. Las iniciativas desde la sociedad civil y/o desde los grupos insurgentes que han buscado acercamientos entre las partes en conflicto y/o acuerdos humanitarios han sido violentamente terminadas por parte del gobierno colombiano.
En Septiembre de 2008 la organización “Colombianas y Colombianos por la Paz”, conformada por cientos de personas de la sociedad civil colombiana mandó su primera carta a la organización insurgente de las FARC-EP para mantener abiertos los espacios de diálogo que buscan una salida negociada al conflicto. La respuesta del presidente Uribe frente a varios logros de Colombianas y Colombianos por la Paz -entre otros, la liberación unilateral por parte de las FARC-EP de seis personas entre el 30 de enero y 5 de febrero de 2009-, fue de tildar a la organización de bloque intelectual de las FARC-EP y prohibirle cualquier otra gestión para la mediación entre las FARC-EP y el gobierno. “Ahora no vamos a permitir que nos engañen. La guerrilla, tratando de desorientar produce sangre, pero habla de paz. No vamos a permitir eso, compatriotas. No vamos a permitir ahora que el bloque intelectual de las FARC nos desoriente con un discurso de paz, que finalmente fortalezca el terrorismo. (...) A toda hora viven hablando de derechos humanos, simplemente para atemorizar a nuestros soldados y policías. Toda violación a los derechos humanos la sancionamos, pero lo que no podemos permitir es que ahora ellos, con el cuentico de su paz y con la acusación permanente a las fuerzas armadas, nos paralicen la política de seguridad democrática”.[8]
El 5 de marzo de 2009, con el objetivo de adueñarse del tema de la paz en la agenda política, el gobierno nombró a dos integrantes de Manos por la Paz, alias “Karina” y alias “Olivo Saldaña”, como Gestores de Paz, bajo la figura jurídica creada a partir del decreto 614 del 21 de febrero de 2009. Las dos personas tenían que contribuir a “propiciar acuerdos humanitarios”, “liberar secuestrados en poder de grupos armados organizados al margen de la ley” y “contribuir efectivamente a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario”. Pocos días después de haber sido nombrado alias “Olivo Saldaña” declaró en el programa radial “La Hora de la Verdad” que el grupo de Colombianos por la Paz no ha dejado prosperar a la organización Manos por la Paz, ya que supuestamente no les interesa que los guerrilleros salgan a contar todo lo que saben.[9] El 9 de junio de 2009 se sumó a estos dos gestores de paz alias “Samir”, ex-comandante de las FARC-EP del V Frente en la zona de Urabá.
Los tres integrantes de Manos por la Paz que son Gestores por la Paz han tomado distancia de los grupos insurgentes y han deslegitimado su carácter político públicamente. Esto en la práctica ha implicado un obstáculo a una salida negociada al conflicto ya que muestra a los grupos insurgentes como grupos narco-terroristas que sólo pueden ser derrotados por una política militar. La organización insurgente FARC-EP a la vez no ha reconocido a los gestores de paz como interlocutores. En un comunicado público de la organización insurgente del 1 de abril de 2009 tanto alias Karina como alias Olivo Saldaña fueron señalados como estafadores y traidores. Sobre Karina el comunicado decía que “llevaba 6 meses desertada de la organización al momento de su entrega, después de haber sido degradada por su conducta personal disoluta y su proceder arbitrario en el trato con los guerrilleros, comportamiento contrario a las normas internas”. En cuanto a Saldaña el comunicado argumentaba que “es un estafador sin escrúpulos, que desertó y robó 400 millones de pesos (unos 163.000 dólares) del presupuesto de los guerrilleros”. La postura de las FARC-EP, sean ciertas sus afirmaciones o no, implica en la práctica que “los gestores de paz” no pueden contribuir de ninguna forma a acercamientos entre el gobierno colombiano y grupos insurgentes para “propiciar” acuerdos humanitarios. Es más, la política de la organización Manos por la Paz deslegitima el Acuerdo Humanitario que busca intercambiar los prisioneros de guerra de las partes en conflicto ya que los integrantes de “Manos por la Paz” públicamente rechazan el Acuerdo Humanitario y niegan su apoyo a tal política. La figura de los gestores de paz pertenece en este sentido a la lógica que busca apaciguar las críticas y apropiarse de sus discursos, apropiándose en este caso específico del discurso de paz manejado por la oposición política colombiana y organizaciones y organismos de derechos humanos internacionales.
Falsos Positivos en procesos judiciales contra organizaciones de derechos humanos
“Las investigaciones penales contra defensores suelen ser basadas en el testimonio de ex-combatientes o informantes de las guerrillas con relaciones cercanas a funcionarios del gobierno. Estos testigos, sean desertores de las FARC o de otros grupos, están en búsqueda de beneficios brindados a los miembros de grupos armados que se desmovilicen y reintegren a la sociedad civil. (...) Mientras que los testimonios de tales testigos son, por su carácter, poco confiables, también hay indicios de que algunos funcionarios han influenciado la producción de estos testimonios. Muchos de estos testimonios, entonces, son vagos, faltos de coherencia y contradictorios.”[10]
El nuevo sistema acusatorio de 2006 facilita la fabricación de casos judiciales con apenas dos o tres testimonios de informantes, reinsertados y/o desmovilizados. Los casos judiciales son fabricados con meses de antelación por los respectivos fiscales y en algunas oportunidades son conducidos directamente por brigadas militares para crear montajes judiciales en contra de la población civil en territorios controlados por los grupos insurgentes, defensores de derechos humanos y/o personas de la oposición política.
A pesar de que el ejército nacional no puede retener a personas en sus batallones, sino que les tiene que entregar a las autoridades competentes, desmovilizados de los grupos insurgentes que hoy en día pertenecen a Manos por la Paz han estado meses retenidos en Brigadas militares.
Alias “Samir”, se desmovilizó en diciembre de 2008 y se mantuvo en las instalaciones de la Brigada XVII en Carepa por seis meses, sin hacer ningún pronunciamiento público. Al salir de la cárcel empezó a denunciar en varios espacios la supuesta colaboración entre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Gloria Cuartas, el Padre Javier Giraldo, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos con la organización insurgente de las FARC-EP. El 19 de julio de 2009 en el programa radial “Las voces del Secuestro” de Radio Caracol, Samir dijo que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó era una fachada de la organización insurgente FARC-EP: "Yo tengo pruebas de muchas cosas, de muchos apoyos que ha dado la Comunidad de Paz en materia de maquinarias y en la parte política. Para mi sí es una fachada ese cuento de la comunidad, porque se dan órdenes que coinciden mucho, o son las mismas que dan las FARC."
La Corte Constitucional ha abierto procesos judiciales en contra de más de 100 militares, incluyendo varios generales, por la masacre de ocho personas de la comunidad de paz de San José de Apartadó en marzo de 2005 en una operación conjunta de paramilitares y militares. Según el comandante paramilitar Ever Veloza García alias “HH”, uno de los acusados, el coronel Duque, ha pagado a personas para testificar en contra de la comunidad y mantener este crimen de Lesa Humanidad en la impunidad: “Me dijo que la plata era para dársela a unos testigos desmovilizados de las FARC que iban a declarar en Bogotá y que iban a decir que la masacre de San José de Apartadó la habían cometido las FARC, no recuerdo para qué mes del 2005, pero lo que sí recuerdo es que eso fue en ese año”. Uno de los “testigos” en el proceso es Danis Daniel Sierra, alias Samir, quién también ha dado su testimonio en un proceso judicial contra el presidente de la organización de derechos humanos “Corporación Jurídica Libertad”, basada en Medellín y el reconocido cura jesuíta Javier Giraldo.
A su vez el otro gestor de paz, alias “Olivo Saldaña”, ha estado participando en varios programas de radio y de televisión para deslegitimar organizaciones de derechos humanos y la oposición política. En el foro “Un Millón de Voces contra el Socialismo del siglo XXI”, organizado por la organización UnoAmerica el 27 de octubre de 2009, alias Saldaña señaló a organizaciones sindicalistas, al periódico VOZ, al partido comunista colombiano, a la Juventud Comunista (JUCO), a la senadora Piedad Córdoba y a organizaciones de derechos humanos, de formar parte y/o promover la ideología de las FARC-EP. Alias “Olivo Saldaña” en el foro declaró que “Nosotros pedimos perdón por nuestros errores. Fuimos unas víctimas más de la gran máscara del pensamiento de izquierda. Yo una vez también defendí ese pensamiento y lo único que me quedó fue esto (refiriéndose a su situación legal actual). Sólo les digo que tengan mucho cuidado, porque con ese pensamiento el país no va a salir adelante, no se dejen engañar”.[11] En otrss espacios alias “Olivo Saldaña” ha acusado de forma directa a la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT), Sintragritol (afiliado a FENSUAGRO), FENSUAGRO, integrantes del Polo Democratico Alternativo y Colombianos y Colombianas por la Paz de pertenecer a la base social y/o la estrategia politica de las FARC.
Las acusaciones de “Olivo Saldaña” también han sido utilizados en procesos judiciales en contra de decenas de personas, varios de ellos defensores de derechos humanos. En agosto de 2008 fueron capturados en Planadas (Tolima) nueve personas, acusados de ser simpatizantes de las FARC, uno de ellos a pesar de ni haber estudiado medicina, fue acusado de ser el medico personal de “Alfonso Cano”, jefe máximo de las FARC. En el proceso el principal testimonio fue el de alias “Olivo Saldaña”. En diciembre de 2009 fueron absueltos todos las personas detenidas y declarados inocentes, luego de haber estado detenido por más de dos años.[12]
Por las acusaciones de alias “Olivo Saldaña” también fueron detenidos y acusados del delito de rebelión en agosto de 2009 el ex fiscal del sindicato campesino FENSUAGRO Alirio Garcia y tres estudiantes de la Universidad del Quindio, dos de ellos pertenecientes a la organización estudiantil FEU. El 25 de marzo de 2010 el juez absolvió a todos los implicados, declarándoles inocentes. El fiscal especializado 251 delegado ante las Fuerzas Militares que había impulsado los procesos en contra de Mauricio Cubides, Alirio Garcia y los integrantes de la FEU fue capturado el 9 de febrero de 2010 y pedido en extradición por la Corte Federal de los Estados Unidos, por presuntos nexos y apoyos efectivos al líder del cartel del Norte del Valle, Luis Enrique Calle Serna, alias “Comba”.[13]
El 25 de enero de 2010 fue detenido el reconocido defensor de derechos humanos Mauricio Cubides, a quién se le sindica del delito de rebelión, siendo otra vez alias “Olivo Saldaña” uno de los testigos principales en el proceso. Por su trabajo en defensa de los derechos humanos grupos paramilitares en el departamento le había amenazado y ha sido víctima de varios atentados en contra de su vida en 2008 y 2009. Hasta la fecha Mauricio Cubides se encuentra privado de su libertad.
Por decisión de la Corte Constitucional, ningún informe ni testimonio ofrecido por testigos reintegrados de los grupos armados al margen de la ley puede ser usado como prueba en un proceso judicial.[14] En un informe de Human Rights First sobre la criminalización de los defensores de derechos humanos, en el 60% de los casos que tienen documentados de montajes judiciales en contra de defensores hay testimonios de reinsertados de las organizaciones alzadas en armas.
Falsos positivos en contra de organizaciones internacionales
Integrantes de Manos por la Paz no solo han buscado criminalizar la labor de organizaciones colombianas, sino también deslegitimar el trabajo de refugiados políticos y organizaciones internacionales.
“Olivo Saldaña” ha estado trabajando en un mapa de ONGs en Europa que supuestamente están apoyando a las FARC y ha estado preparando una gira por Europa en la que explicará el funcionamiento de esta red a parlamentarios y organizaciones de derechos humanos. El 4 de marzo de 2010 el periódico español ABC sacó el siguiente titular “El ayuntamiento de Sevilla subvencionó a un terrorista de las FARC”, en la que “Olivo Saldaña” señala a Jaime Cedano Roldán, miembro activo del Partido Comunista Colombiana que se encuentra en España refugiado desde hace varios años, como miembro activo de las FARC.
Otro integrante de Manos por la Paz y supuestamente ex-integrante de las FARC-EP y del PC3 alias “Alonso”, en entrevista con UnoAmerica declaró en enero de 2009 que las FARC-EP y el partido político colombiano Polo Democrático Alternativo comparten la misma lógica y que organizaciones venezolanas y su gobierno han apoyado a las FARC-EP.[15]
Es, sin embargo, la representante internacional de Manos por la Paz, la holandesa Liduine Zumpolle, la que lidera la labor de estigmatización y criminalización en contra de organizaciones solidarias y de derechos humanos en otras partes del mundo. Según ella, las FARC ya entraron a Dinamarca, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, España y Suiza, y afirma que son "falsos asilados que ejercen esa avanzada”.[16]
Pero el señalamiento va más allá de los refugiados políticos colombianos que se encuentran en Europa. Según Liduine Zumpolle "las FARC trabajan en Europa para mostrar otra cara, en centros académicos de izquierda, en comités de solidaridad y en algunas ONG. Se han concentrado, desde 2003, en Europa occidental e influyen sobre jóvenes con auténtica preocupación social".[17] Sumando a estas, las declaraciones que hizo el canciller Bermúdez en enero de 2010, en las que insta a los embajadores a coordinarse con los colombianos y colombianas en el exterior para que estén atentos a cualquier divulgación “que permita hacer una apología del crimen y del terrorismo”, parece que se busca intensificar la cruzada en contra de organizaciones solidarias y de derechos humanos en Europa y América Latina.[18]
Conclusiones
La criminalización de la oposición política y su consecutiva persecución judicial ha sido sistemática bajo los sucesivos gobiernos de Uribe y ha encontrado en la organización Manos por la Paz y los Gestores de Paz un aliado estratégico. Supuestos “desmovilizados” de esta organización y los llamados gestores de paz han dado sus testimonios en casos prefabricados por los batallones de la Fuerza Pública y/o fiscales al servicio del actual gobierno, lo que ha implicado un incremento considerable de la persecución judicial en contra de líderes sociales, personas que abogan por el acuerdo humanitario y defensores/as de derechos humanos desde 2008.
Esta estrategia no solo criminaliza la labor de dichas personas, sino que también va encaminada a deslegitimar el accionar de estos sectores, pone en peligro la vida de los defensores y pretende ser mostrada ante la comunidad internacional como prueba de la influencia de la insurgencia en los movimientos sociales colombianos y, de esta manera, disminuir los apoyos de sectores sociales y políticos de otros países. A pesar de que los acusados pueden mostrar su inocencia en el proceso judicial la gran mayoría es privado de su libertad por varios años, con todas las implicaciones para su proyecto político y personal.
La lógica del “si no estás con nosotros estás con ellos” se está llevando con los actuales gestores por la paz, la organización Manos por la Paz y la holandesa Liduine Zumpolle, a unos extremos en los que ser socialista, comunista, anarquista, sindicalista y/o defensor de derechos humanos es igual a ser terrorista. La lógica en la que la protesta social y la oposición política se criminalizan y son perseguidos por el Estado infunde el miedo, convierte la realidad heterogénea en espacios dualistas o bipolares e impone el silencio y la auto-censura.
Recomendaciones
- Los gestores de paz forman parte de una política contra-insurgente y, por ende, su figura no puede ni debe ser ejecutada a través de una legislación que tiene por objeto promover los diálogos de paz o los acuerdos humanitarios.
- Ningún informe ni testimonio ofrecido por testigos reintegrados puede ser usado como prueba en un proceso judicial, tal y como ha señalado la Corte Constitucional en reiteradas instancias.
- El gobierno colombiano debe reconocer la existencia de un conflicto armado y con el apoyo de la comunidad internacional buscar una salida negociada al mismo.
- La labor de los defensores de derechos humanos es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia colombiana y ha de ser apoyada de forma pública tanto por el gobierno colombiano como por las embajadas presentes en el país.
- Una política contra-insurgente no puede estar basada en una política de recompensas, visto que los proyectos de ley que premian con incentivos económicos el asesinato de guerrilleros lleva a ejecuciones extrajudiciales de campesinos y jóvenes de barrios marginados de las grandes ciudades, y que los proyectos de ley que premian con rebajas de pena y/o incentivos económicos a las personas que denuncian a supuestos colaboradores conducen a montajes judiciales sin fundamento.
- La política de seguridad democrática se ha de reconocer como una política sistemática de violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como una política de impunidad.
- Los organismos internacionales han de pronunciarse frente a la figura de los gestores de paz y la organización Manos por la Paz como factores de degradación del conflicto armado interno.
[1] Pagina web Manos por la Paz, consultado 2/02/2010
[2] http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/desmovilizaciones/2004/farc/la_gaitana/noticias/marzo_08_06c.htm
[3] “Alias Rojas aseguró que Olivo Saldaña es un farsante y participó con el gobierno en falsos positivos” El Nuevo Día 07/03/2009
[4] “ABC del Decreto 1059 de abril de 2008” El Abedul
[5] Comunicado de los presos políticos de las FARC-EP de la cárcel de Bellavista (Medellín) del 8/01/2010
[6] Comunicado de los presos políticos de las FARC-EP de la cárcel de Bellavista (Medellín) del 8/01/2010
[7] “Continua violación de derechos humanos en el Oriente Antioqueño por parte del ejercito adscrito a la Cuarta Brigada” Corporación Jurídica Libertad 26/02/2010
[8] Denuncia Uribe que hay un 'bloque intelectual' que apoya a las FARC, 9/02/2009 La Jornada
[9] “Hace noticia en la Hora de la Verdad Raúl Agudelo alias Olivo Saldaña, gestor de paz designado por el gobierno nacional” La Hora de la Verdad 20/03/2009
[10] “Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento” Human Rights First febrero 2009
[11] http://www.unoamerica.org/unoPAG/noticia.php?id=626
[12] “Juez absolvió a 'medico' de las FARC que atendió a Cano y Betancourt” 20/12/2009 El Espectador
[13] “El Fiscal 251 Que Acusa A Los Est
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