Comienza a derrumbarse todo el régimen mafioso de mentiras, intimidación, corrupción y podredumbre que montó Álvaro Uribe. Para tapar eso era la urgencia de ser reelecto, pero ya todo está quedando en evidencia a la luz de las investigaciones, ante la opinión y el rechazo masivo y multitudinario a toda parte donde va.
El llamado a juicio que hizo la fiscalía a Jorge Noguera Cote por concierto para delinquir (entre otros), reivindica plenamente la mefítica radiografía del DAS, del gobierno Uribe, de las elecciones y del criminal régimen narcoparamilitar que detalló en su momento el señor Rafael García, lo que demuestra la estructura mafiosa, corrupta, excluyente y violenta del Estado colombiano.
Ese proceso sirve para graficar una vez más los verdaderos soportes del régimen político colombiano e igualmente enriquece las denuncias concretas, respaldadas por las mismas instituciones oficiales, sobre Uribe y sobre el actual gobierno que se ha promocionado como continuador de las políticas y estrategias del gobierno anterior, en primer lugar del terrorismo de Estado que lo caracterizó.
La asquerosidad, la infamia y la cobardía del uribismo, expuestas palmariamente en el caso de la señora Hurtado, ex directora del DAS y de su confesión de parte al asilarse en Panamá, abre posibilidades reales para un enjuiciamiento que termine con Uribe pagando condena por sus innumerables crímenes o fugitivo.
Este caso, sumado a muchísimas evidencias que continúan surgiendo alrededor de las aberrantes prácticas terroristas, delincuenciales e inmorales del gobierno anterior, aunado al asesinato de 22 sindicalistas desde que Santos asumió, a las masacres de campesinos que se multiplican sin freno, a los crímenes de dirigentes populares abanderados de la causa de restitución de tierras y a las indignantes atrocidades que diariamente comete el ejército contra la población civil, en su tarea de ocupación del territorio nacional, proporcionan un material importante, con fundamento, sobre la vigencia de la lucha armada revolucionaria en nuestro país, para enfrentar al violento régimen oligárquico colombiano.
La inocultable actividad militar de las FARC por todo el territorio nacional, concita una vez más, opinión política de muy variada índole. Se está demostrando que el pueblo es capaz de adecuarse a las nuevas condiciones que impone la agresión del Estado por muy sofisticada que ella sea, para resistirla y enfrentarla manteniendo claro el norte de acceder al poder del Estado por la vía que nos lo posibilite la misma lucha.
Los sofismas propagandísticos del uribismo están siendo triturados por la realidad que muestra a un movimiento guerrillero pujante, digno y combativo a pesar de la manifiesta asimetría de la confrontación, lleno de razones proporcionadas por las condiciones objetivas de violencia e injusticias que llevaron hace 46 años largos a que nuestro pueblo se viera impelido al alzamiento armado.
Los bajos índices de inflación a costa de un exiguo consumo popular, las propuestas oficiales sobre salario mínimo, el aumento del precio de los combustibles, el raponazo a las regiones petroleras de sus regalías, las trabas, limitaciones, la demagogia y la exclusión que rodean el proyecto de ley de restitución de tierras así como la llamada Ley de Tierras, la entrega incondicional y lesiva de nuestros recursos minerales a las multinacionales así como la práctica sin fin de privatizar las empresas públicas de mayor rentabilidad y proyección, la persistencia en lesionar los ingresos de los sectores populares para posibilitar el aumento de las ganancias del gran capital, los desafiantes anuncios sobre las ganancias del capital financiero en nuestro país cuando crecen la marginalidad y la pobreza, y, por qué no decirlo, las consecuencias que traerá el cambio climático auguran grandes luchas para el periodo que se inicia a partir del 1 de enero del año entrante.
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