Algunos casos que ejemplifican la descomposición de los procesos electorales.

5ta Parte.

Escrito por Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Ejemplifiquemos con algunos casos de amplio y generalizado conocimiento nacional la afirmación descalificante de los procesos y el sistema electoral colombiano:

- En 2006, el Consejo de Estado ordenó un reconteo de los votos referidos al Senado, porque a través de un fallo anuló resultados de 600 mesas después de comprobar que hubo fraude en los departamentos de la Costa Atlántica, Santander, Valle y Chocó.

- Los Estados son esclavos, por la naturaleza de su constitución o por el abuso de ella; luego un pueblo es esclavo cuando el gobierno por su ausencia o por sus vicios, holla y usurpa los derechos del ciudadano o súbdito.
(Bolívar Simón. Carta de Jamaica. Kingston, septiembre 6 de 1815).

- Yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que re-haga su pacto social. Se dirá que esto no es legítimo; y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se cometa en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley; pero más que todo es eminentemente popular, y por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.
(Bolívar Simón, en carta escrita a Santander desde Pasto el 14 de octubre de 1826).

Aunque la votación anulada equivalía a algo menos del 1 por ciento de las mesas escrutadas y estaba claro que el impacto de ese reconteo en el ámbito nacional no sería muy grande, el caso era una muestra clara de la poca fiabilidad que tenía el conjunto del proceso en el que, regularmente, estos fraudes son generalizados. Pero aún en el nivel señalado, en las localidades con menos de 1000 mesas, donde se diera el recuento había posibilidad de cambiar los resultados y desbancar a algunos Senadores. Lo significativo aquí, reiteremos, es la muestra de lo que es el conjunto, lo cual se evidenció nuevamente en las anteriores inmediatas elecciones parlamentarias de 2010, en las que hasta última hora, ya casi sobre la fecha del 20 de julio indicada para la instalación del parlamento, fue que se definieron las curules con un argumento anodino en el sentido que el reconteo surgido por tanto fraude reconfirmaba, como nunca, que quienes lograran la curul eran más que legítimos por que estaban por demás escrutados. Es la misma secuencia de la llamada para-política, en la que los criminales aristócratas que delinquen desde las cárceles siguen definiendo, en gran medida, quién va y quien no va al parlamento.

- Por aquel entonces, el procurador Edgardo Maya Villazón decía que por lo menos en 6 mil quinientas mesas de votación hubo influencia de grupos ilegales; es decir, paramilitares. Aquella denuncia, a pesar de lo parcial y limitada, es una muestra más diciente de la dimensión enorme del fenómeno del fraude y permite visualizar el enorme calibre del poder de manipulación y control del aparato paramilitar del Estado Uribista.

Las anomalías se evidenciaron en municipios de la Costa como Remolino (Magdalena); González (Cesar); Magangué y Mompox (Bolívar), donde la manipulación de la información electoral y suplantación de identidades, entre otras anomalías, eran inocultables.

El Ministerio Público explicó que al menos en 26 departamentos hubo suplantación de 3.600 electores y que hubo más de 3 mil imprecisiones e inconsistencias en el conteo de votos. Como complemento, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección como senadora por el Partido de la U, de quien luego fuera candidata Presidencial, Martha Lucía Ramírez, porque había sido contratista del Estado seis meses antes de su elección.

- Sobre fraude en las elecciones para gobernaciones, memorable es el caso de fraude en la elección del coronel retirado Blas Arbelio Ortiz como gobernador de Vichada. Éste personaje, había ganado a su contrincante supuestamente por nueve votos. Pero tiempo después, Jorge Enrique Orjuela admitió ante la fiscal séptima de Villavicencio, bajo juramento, que él, por petición de Ortiz y su grupo político, falseó los resultados en la inspección de Matavén. Fueron estos votos los que le dieron el “triunfo” a Arbelio Ortiz en el departamento del Vichada por cuenta de los inversionistas nacionales y trasnacionales que están desarrollando sus proyectos agroindustriales más grandes de Colombia.

Esta “elección” del candidato del partido de la “U”, se produjo de la manera como se describe, en octubre de 2007, lo cual está ratificado por Orjuela, quien siendo por ese entonces delegado de la Registraduría Nacional en la población mencionada, fue abordado por integrantes de la campaña del coronel Ortiz, quienes le solicitaron que les ayudara, a cambio de que lo nombrarían director del Instituto de la Juventud, la Recreación y el Deporte de Vichada (Indevi).

A Orjuela, quien tenía seguramente el perfil para el cargo que le prometían, en tanto había estudiado en Cuba cinco años educación física y se había especializado en fútbol y boxeo, recibió por su compromiso, el mismo día de la oferta, 1.500.000 pesos de manos de un miembro de la campaña llamado Luis Antonio Robledo, y la promesa de 2.000.000 más en fecha posterior.

Aunque Blas Arbelio Ortiz niega la acusación tildando de mitómano y estafador a Orjuela, lo cierto es que éste el 27 de octubre en Matavén, cambió a varios miembros del jurado, para garantizar que los seguidores de Ortiz quedaran manejando la única mesa de votación que había, para que así pudiesen eliminar los votos del liberal Juan Carlos Ávila, que era el contrincante de Ortiz y permitirle a este quedarse con la gobernación.

Orjuela confesó que como delegado de la Registraduría y con las condiciones creadas pudo sustraer 20 tarjetones electorales y sustituirlos con 20 más favorables a Ortiz, esto aparte de otras diligencias hechas a lo largo del día electoral, durante el cual “ayudó” a 15 indígenas y analfabetas a marcar el tarjetón, pero a favor de Ortiz.

Gracias a los resultados de esa mesa en la que aparecieron 174 votos, de los cuales 87 fueron a favor de Ortiz, y 43, de Juan Carlos Ávila, al final, del proceso el coronel Ortiz obtuvo 5.989 y Juan Carlos Ávila, del Partido Liberal, sacó 5.980 sufragios.

Pero este fenómeno de adulteración de votos ocurrió no solo en Matavén sino también en otras localidades como Cumaribo, donde los paramilitares adulteraron los resultados en favor de Ortiz.

Al notarse el escándalo que acusaba a Orjuela como autor de las adulteraciones, éste fue escondido y el gobernador electo le ofreció 100 millones de pesos y contratos por 1.000 millones a cambio de su silencio y su hermana fue nombrada directora del hospital.

La gobernación maneja un presupuesto superior a 130.000 millones de pesos y una subienda en la compra de tierra, por el prospecto de exploraciones petroleras y mega-proyectos de palma que se han abierto con amplio influjo del paramilitarismo.

- Sobre el fraude reeleccionista. A propósito de la reelección Presidencial de Álvaro Uribe, puntualicemos en algunos aspectos bastante documentados y publicitados sobre los procedimientos fraudulentos utilizados para imponerlo en una ocasión y tratar de practicarla en segunda ocasión, pero favoreciendo al mismo Uribe Vélez que es quien la ha impelido con vehemencia.

- Respecto a la primera reelección presidencial, el Congreso aprobó el proyecto que le abrió paso en 2004, mediando en ello el delito de cohecho del cual se auto-incriminó la, para entonces, parlamentaria Yidis Medina, quien admitió haber recibido dádivas a cambio de su voto favorable al Acto Legislativo que reformaría la Constitución del 91 en su prohibición sobre la reelección presidencial inmediata.

Al lado de Yidis Medina participó “activamente” el ex representante Teodolindo Avendaño, a quien por las coimas recibidas o prometidas le correspondía ausentarse de la votación del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. A cambio de su “favor” político, según comprobación de la Corte Suprema de Justicia, Teodolindo Avendaño recibió la administración de una notaría la cual negoció con posterioridad.

Siendo el cohecho un delito en el que, además de quienes reciben están quienes entregan u ofertan, los oferentes fueron altos funcionarios de Estado actuando a nombre del Presidente Uribe, como ocurre por ejemplo con el ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega. Ninguno de estos elementos recibió ni se vislumbra que recibirá sanción alguna, como tampoco se ha producido sanción ejemplificante para quienes protagonizaron el aledaño escándalo de la llamada “feria de las notarias”, sobre la cual se vio, obligado por las circunstancias, a informar el ex Superintendente de Notariado y Registro Manuel Guillermo Cuello Baute. Admitió este funcionario que a cambio de los votos en favor de la reelección Presidencial se asignaron notarías a varios congresistas de la coalición Uribista.

- Respecto a la segunda reelección, contra toda legalidad, su impulso ansiado por Uribe Vélez se agitó por él mismo y su equipo de gobierno. Ellos movieron la posibilidad de realizar un referendo, el referendo reeleccionista, plagada su iniciativa conscientemente de tantos vicios de procedimiento que la Corte Constitucional los calificó como “violaciones sustanciales a los principios democráticos”.

Respecto a la iniciativa de referendo reeleccionista se evidenciaron siete vicios de trámite, entre los que se cuenta la violación a los topes de financiación de la misma. Todo ello incluido en un mundo de delitos de fraude procesal y falsedad ideológica admitidos ante los jueces por Luis Guillermo Giraldo, que fungía como representante de los promotores formales del referendo.

No obstante el pleno apoyo, respaldo…, financiación del gobierno como verdadero interesado del proyecto, éste llegó al punto de haber, descaradamente, emitido un decreto que permitía a la Cámara de Representantes debatir en horas extras el proyecto, y propagandizarlo favorablemente con la peregrina tesis del “Estado de Opinión”, consistente en una falsa defensa de la “voluntad popular”, que supuestamente, según las encuestas, estaría a favor de la reelección. Por alguna voltereta de la conveniencia imperial, más que por una determinación nacida de sus exiguas reservas morales, la Corte Constitucional descartó la posibilidad del referendo y, por ende, la de la nueva reelección.

Ochenta y seis congresistas fueron demandados como prevaricadores por haberse prestado para votar la iniciativa reeleccionista aun habiendo recibido la advertencia de que la iniciativa no cumplía con los requisitos, según lo demandó el representante a la Cámara Germán Navas Talero.

- Los delitos electorales son tantos y tan frecuentes que se han hecho comunes, triviales, costumbre, tradición. La compra de votos es institucional, los auxilios parlamentarios eran su soporte fundamental, relevados ahora con creces por los subsidios que a discreción libraba el Presidente Uribe Vélez, o por las prebendas burocráticas y contratos que a su pedido se asignaban para amarrar compromisos. A ello se suma la compra de líderes “populares”, la compra de jurados electorales, el trasteo de votantes, la presión por burocracia, y otra serie de joyas que hacen parte del viciado proceso electoral colombiano. Pero todo eso se ha quedado como un juego de niños frente a prácticas como la presión paramilitar, la manipulación a gran escala de la data electoral, la intervención directa de la Registraduría y de los agentes del gobierno en la definición de los escrutinios electorales; o como se vio en las recientes elecciones para el Senado y Cámara, en las que fluyeron los caudales del narcotráfico financiando a los candidatos de los anteriores parlamentarios ligados al narco-paramilitarismo, quienes desde la cárcel definían el tablero electoral.

- Los fraudes se dieron en todo el territorio nacional y de las pocas denuncias que pudieron surgir, se pude contar como muestra la de la Misión de Observación Electoral (MOE). Estas denuncias vislumbradas desde antes del marzo electoral de 2010, no sirvieron para detener la corrupción y por ello los escándalos fueron también inevitables, como ocurrió con las elecciones en el departamento del Valle del Cauca.

Esas fueron elecciones total y evidentemente ilegítimas. Nadie se atreve a cuestionar esta conclusión. “Lo que ocurrió en el Valle fue una grosería. No puede haber más pruebas de que no hubo ninguna transparencia en las elecciones. Y no es algo que acabamos de descubrir. Ya sabíamos que iba a pasar, y los resultados electorales así lo comprueban”, dijo entre muchas otras acusaciones públicas, en una declaración, la directora del MOE, Alejandra Barrios.

Hubo en el Valle el influjo de altos funcionarios corruptos y el de las mafias del narcotráfico, lo cual se evidenció, sobre todo, respecto a los candidatos del llamado partido PIN, de escaso tiempo de creación jurídica (tres o cuatro meses antes de la contienda electoral), pero de reconocido raigambre mafioso y Uribista. Así fueron elegidos con votaciones más o menos altas, personajes desconocidos en la política tradicional como Juan Carlos Rizzetto, (elegido al senado con más de 70.000 votos). Así se produjo el inusitado aumento en los votos para la parlamentaria ligada al paramilitarismo, Dilian Francisca Toro (esta señora pasó de lograr 98.000 votos en las elecciones de 2006 a tener 137.000 en estas elecciones de marzo de 2010). Frente al escándalo en crecimiento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió realizar nuevamente el escrutinio en Bogotá, lo cual tampoco garantiza transparencia.

- Las trampas en el Valle son muchas, pero miremos sólo una muy conocida y que favorece al partido del la U. : en el formulario E-14 que llenan los jurados de las mesas, para el caso de la mesa 4 del puesto 14 en Jamundí, Valle, ocurre que en las casillas donde están los números de todos los candidatos para el Senado por el Partido de la U, no aparece registrado ningún voto; pero en el espacio en donde debe aparecer la suma de los votos figuran 70 votos que salieron de la nada, pues nadie votó. En el famoso formulario de pre-conteo de la mesa en mención, aparecen 62 votos para Dilian Francisca Toro, del Partido de la U, que nadie sabe de donde surgieron. Y así ocurre en otras municipalidades y mesas que favorecieron a la senadora paramilitar Uribista. Pero el fenómeno no ocurre con un solo candidato, pues también hay denuncias y evidencias respecto a Jorge Eduardo Géchem, quien se plegó al partido de la U.

- Estas anomalías ocurrieron para la Cámara también y se presentan denuncias de borrada de votos y quema de sufragios, entre otras.

- Más fraudes memorables. Para principios de mayo de 2010 ya estaba definido que Uribe no sería candidato Presidencial. La Corte Constitucional había clausurado esa pretensión. No obstante, los ocho años de trampas y manipulaciones mediáticas, de mentiras y crímenes, de falsos positivos, masacre, prevaricaciones, corrupción, represión contra la oposición al gobierno, el cual en el primer período preparó condiciones para la reelección y en el segundo período preparaba condiciones para la segunda reelección inmediata, al no proceder tal causa, puso todo su basural y maquinaria para favorecer la elección de Juan Manuel Santos, para perpetuar la preservación de los intereses de la oligarquía local y las trasnacionales del dólar.

Implica ello que el desastre económico y social que con los “aportes” del fascismo Uribista ha dejado el neoliberalismo, se agravará aún más con la segura profundización de la lucha de clases y la guerra impuesta por los poderosos y que se ha amparado en lo que llamaron “Seguridad Democrática”, la cual ya hemos definido como seguridad financiera para las trasnacionales y mayor miseria para el pueblo, pero que aplaudida es por los sectores políticos de derecha y por los claudicantes seudo-izquierdistas que defraudan a las gentes buenas que confían en ellos.

No podemos perder de vista que lo que deberemos seguir enfrentando es el guerrerismo de la clase en el poder, la presencia de las bases militares yanquis, la entrega de la soberanía y el pisoteo de la dignidad; es decir, la ejecución de los recetarios que impone la Casa Blanca para hacer de Colombia una plataforma de agresión y recolonización del continente.

Esta seguirá siendo la hoja de ruta del Presidente entrante, que desde ya trae un historial en la construcción de esa pretensión apátrida de la oligarquía vendida o, mejor, regalada a los intereses de Washington, que ahora, además, tendrá la misión de proteger la espalda del asesino Uribe, pues su condena implicaría también la condena del propio Santos.

Contarán para ello, sin duda, con un parlamento de bolsillo surgido del fraude, el narcotráfico y las presiones del paramilitarismo, en cuyos haberes también está la responsabilidad por tanto crimen de lesa humanidad cometido contra el pueblo por todos los agentes armados de la institucionalidad corrupta que compone la estructura del Estado colombiano, incluyendo a las fuerzas criminales paraestatales.

Nadie puede hacerse falsas expectativas con este criminal de apellido Santos, pues él es representante de la más recalcitrante oligarquía que ha conducido el gobierno al lado de Uribe; sólo que ahora lo harán con mayor poder y desespero aupados por la extrema necesidad de expolio que tiene USA respecto a los recursos energéticos y recursos naturales en general.

¿Qué podemos esperar de alguien cuya presencia al frente del Ministerio de Defensa se convirtió en el ejecutor y artífice de los falsos positivos, en ejecutor de la guerra sucia contra el pueblo, en la tierra arrasada que significó el Plan “Patriota”, en el violador de las normas internacionales en el caso de Sucumbíos?, etc.
No podemos llamarnos a engaños, no podemos tragarnos la historieta de que la elección de Juan Manuel Santos es la ratificación de la democracia en Colombia, porque sencillamente es la convalidación tramposa del régimen de terror oligárquico, por un sistema electoral viciado.

No es la “elección” de Santos y de Angelino Garzón, tampoco, el producto de la inconsecuencia de parte del pueblo que supuestamente de manera “mayoritaria” vota por el Uribismo, mientras por otra parte no se moviliza para evitar que estos elementos lleguen al poder. No, no, esa es la apariencia que nos quieren vender como certeza para desarmar los espíritus de lucha que mantienen la legítima resistencia. No es cierto que más de nueve millones de colombianos hubiesen votado por Juan Manuel Santos, no es cierto que la abstención se pueda delimitar en 60 o 70 %, cuando el procedimiento presenta absoluta incredulidad en las mayorías porque cuando levantan su voz son asesinados, atemorizados, masacrados, reprimidos. Más bien, mucho heroísmo ha mostrado y seguirá mostrando el pueblo colombiano, en el que confiamos de manera total.

Es una falacia la “democracia mediática”; por ello, aunque las mayorías tengan la razón, con esos corrompidos procedimientos de ilusoria “participación” política, que en nada tienen que ver con un verdadero ejercicio de la democracia, serán las minorías explotadoras las que se impondrán en el poder.

Valga reiterar que el freno que la Corte Constitucional puso a la reelección, -siendo la mayoría de sus magistrados un convite de bolsillo del gobierno-, sólo es un hecho que obedece a una determinación de conveniencia de Washington, más no una muestra del carácter democrático de las instituciones; el carácter anti-democrático del régimen es tan evidente, que las mismas encuestas que realzaron a ese personaje bufo de nombre Antanas Mokus, hacen parte de la comedia democratera que como farsa presentan al pueblo, sólo para crearle falsas expectativas a los crédulos. Todo hace parte de las operaciones encubiertas del gobierno imperial.

¿Por qué las elecciones de 2002 que tuvieron a un Uribe haciendo ostensible fraude para ganar en la primera vuelta, no tuvieron encima ni un dedo de la institucionalidad Estatal, en sus instancias judiciales y de control, garantizando la transparencia que requiere la fe pública?; ¿por qué en la primera reelección, frente a tanto fraude desbordado, tampoco ocurrió nada?; ¿por qué esa institucionalidad se muestra tan flemática frente a tanto hecho notorio de criminalidad que se ve en el gobierno, en el legislativo, en instancias del poder judicial y en tantos y tantos espacios del aparato Estatal? ¿Hace cuántas fosas comunes, hace cuántos muertos, debió actuar la famosa justicia colombiana que se interesa más por las llamadas “chuzadas telefónicas” que realiza un gobierno fisgón, que por las masacres que el mismo ejecuta a diario con sus fuerzas militares y paramilitares? ¿Por qué, por ejemplo, un crimen descomunal como el que se advierte en la llamada fosa de la Macarena, donde se cree que al menos habría 2 mil cadáveres lanzados ahí por la Fuerza pública, está tan minimizado? ¿Por qué el sistema judicial colombiano llega al macabro descaro cómplice que implica admitirle al señor Álvaro Uribe Vélez que se marche del gobierno, muy campante, sin que surja siquiera un cuestionamiento moral por tan grande genocidio, y que incluso se permita desplegar como cortina de humo un grito de guerra contra la hermana República Bolivariana de Venezuela?

Estos son algunos de los factores que componen el triunfo de la “democracia” que el imperio yanqui y la oligarquía lacaya de Colombia pretenden legitimar con sus rancias elecciones. Lo más importante para ellos es no malograr el poder permanente que garantice sus intereses.
Entonces, ¿quién es el gobernante que prosigue la misión lacayuna respecto al imperio, la misión injusta y cruel que Álvaro Uribe aplica frente al pueblo?

Se trata de un hijo de oligarcas que se ha compenetrado intensamente con los acaudalados emergentes que vienen del negocio del narcotráfico, del cual el conjunto de la oligarquía ya está impregnado.
Entre la burguesía más tradicional de la derecha contumaz y militarista bogotana, mezclada con el latifundismo de los ganaderos y narcos a los que pertenece Uribe Vélez, está el ejercicio del poder para ejecutar los designios de los cacaos empresariales y del capital financiero.

Especialmente entra al gobierno de manera más pujante la familia fundadora del diario fascista El Tiempo, del que su manejo financiero principal pertenece al grupo Planeta de Barcelona.
Este personaje pasó por la emblanquecida marina racista que tiene Colombia; es decir, por esa institución que no admite en su oficialidad a gente diferente a los blanquitos de la oligarquía. Ahí se formó como cadete para después pasar, como es lo natural entre estos “chicos bien”, por Harvard.

Desde esas cumbres del “sacrificio” patrio viene la amenaza y la promesa en cuanto a que “el tiempo de las FARC se agotó”. En fin, la fanfarronería guerrerista desbordada, lo cual significa más tierra arrasada contra el pueblo, al que a toda costa le colocarán la etiqueta de terrorista cada vez que se pronuncie en oposición.
Vástago del oportunismo, su partido es la extrema derecha, no importa que sea azul, roja o de cualquier color, pero con un talante fascista inveterado e inocultable, como lo es también su condición de neoliberal arrodillado a las ordenes del FMI.

Santos trae un historial en el manejo del Estado, que lo hace parte de los responsables de las privatizaciones y de la miserabilización de la economía nacional, como de su enrumbamiento por los caminos de la guerra.

Él ha disfrutado la época de la multimillonaria financiación yanqui del “Plan Colombia” y del desangre del país por cuenta de los elevados presupuestos asignados al despilfarro militar.

Este es el elemento al que se acusa con certezas de haberse aliado con el narco-paramilitar Salvatore Mancuso en 1997, para derrocar al entonces Presidente Ernesto Samper Pizano, según lo cuenta el mismo Mancuso, quien al mismo tiempo indica que el primo de Juan Manuel, Francisco Santos, vice Presidente de Uribe, era la cabeza que debía dar forma al “Bloque Paramilitar Capital”.

Con este antecedente nauseabundo, despreciable por el pueblo vilipendiado, sin titubeos debemos reafirmar que los 9.004.221 votos que se le reconocen al candidato del Partido de la U (69,05 % del total de los “votantes”), no son más que un engaño democratero que si algo aniquila es la democracia verdadera.
En cuanto a los 3.588.819 votos (27,52 %) obtenidos por el arlequín Mokus, es evidente que previamente lo que hubo respecto a las encuestas que le favorecieron, fue una maniobra más de engaño, un truco de ilusionista preparado para hacer creer a la gente honesta que aún confía en las elecciones, que de pronto se podría contar con una opción diferente a la de Santos siguiendo el cuestionado camino de las elecciones. Pero consistía el ardid en generar un medio ambiente para legitimar unas elecciones viciadas de cabo a rabo.

Cierran la puesta en escena con un contentillo para los opositores, esgrimiendo un guarismo de 445.330 votos en blanco (3,41% del total), que eran los resultados cuando se habían escrutado 72.662 mesas de las 72.727 que instalaron los “dramaturgos” de esta mala tragicomedia electoral.

Así las cosas, ninguna persona sensata debe engañarse tampoco asumiendo como cierta la cifra de la abstención, ni precipitarse alegando un triunfo de la inconformidad a partir de una cifra (entre el 55 y 65 %) que, con seguridad, es muy superior. Sería legitimar las demás cifras embusteras darle credibilidad a esta de la abstención, que aún siendo alta no refleja la enormidad que en Colombia tiene la incredulidad frente al sistema electoral y frente a la dirigencia politiquera que mayoritariamente participa de él.

¿Cómo explicar que en un día de mundial de fútbol, de lluvias torrenciales como ocurrió en Barranquilla, de preocupación de los medios de comunicación porque hasta entrada la tarde el flujo de votantes era muy bajo…; de repente, a menos de dos horas de finalizadas las votaciones casi el 100 % de las mesas estaban escrutadas, resultando una votación favorable a Juan Manuel Santos?