Escrito por Gerardo Peláez Ramos-
La manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971 fue una importante acción de masas plenamente legal, legítima y pacífica, con un programa avanzado, sin ningún afán de provocación y dentro de los marcos de la Constitución General de la República y otras leyes menores. No era una manifestación violenta y agresiva. Las consignas coreadas, plasmadas en volantes y escritas en las paredes eran: Reprobamos la reforma educativa de LEA, Abajo la Ley Orgánica de Nuevo León, Paridad en el Consejo Universitario de la UNAM, Democracia sindical, Democratización de la enseñanza, y otras.
Sin ninguna justificación fue agredida por un grupo paramilitar denominado los halcones, quienes utilizando varas de bambú, chacos y otros objetos se lanzaron violentamente contra los manifestantes, pero fueron repelidos por los estudiantes. Con el visto bueno de la policía y el apoyo logístico de diversos transportes que les proporcionaban pistolas, rifles y armas largas, los halcones volvieron a la carga y concretaron una brutal matanza, que produjo muchos muertos. Las cifras en cuanto a los asesinados varían: algunas fuentes señalan que fueron 38, otras que 42 y varias más que 120, acompañados de 100 heridos y cerca de 200 detenidos. Es posible que el número exacto de decesos no se aclare jamás.
La manifestación se organizó y desenvolvió bajo la bandera de los siguientes puntos: contra la reforma educativa burguesa, por la democracia sindical y contra el charrismo, en apoyo a la Ley Orgánica democrática propuesta por la Comisión paritaria de maestros y alumnos de la Universidad de Nuevo León y por la libertad de todos los presos políticos.
La tesis inicial del gobierno sostenía que la manifestación carecía de demandas y que su origen se localizaba en la provocación. Después de realizada la represión, la administración echeverrista difundió la idea de que era resultado de la existencia de “grupos de diversas y aun opuestas tendencias en algunos centros educativos”, según expresó Alfonso Martínez Domínguez, regente del Departamento del Distrito Federal. El funcionario “teorizaba” en los términos que se citan a continuación: “No existen los ‘halcones’. Ésta es una leyenda y están a disposición de ustedes los medios necesarios para comprobarlo. La masacre es resultado de la pugna entre grupos estudiantiles de diversas tendencias”.
La represión tenía la lógica de un gobierno divorciado de la juventud y en crisis: oponerse al movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, las normales, la Escuela Nacional de Agricultura Chapingo y la Universidad Iberoamericana, que representaba una fuerza autónoma, soberana e independiente; contener los inicios de la alianza obrero-estudiantil; impedir que la izquierda opositora adquiriera una mayor presencia entre las masas, y no permitir el deterioro de la dominación priísta.
La histórica manifestación fue convocada por el Comité Coordinador de Comités de Lucha de la UNAM, IPN, normales, Chapingo y la UIA y el Frente Sindical Independiente. Cabe especificar que en el seno del movimiento una franja minoritaria estuvo en contra de la realización de la manifestación.
La represión generó de inmediato una gran respuesta de los trabajadores de los medios de comunicación. Puede sostenerse que hasta los periódicos más conservadores y reaccionarios expresaron su descontento y su repudio frente a la violencia de carácter fascista desarrollada por los halcones.
El día 12, la Asociación Nacional de Reporteros Gráficos de los Diarios de México y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa expusieron ante el Presidente de la República que los halcones se habían organizado como grupo para reprimir al movimiento estudiantil de 1968 y ayudar a los jefes de las “julias” (camionetas de policía) que perseguían a los vendedores ambulantes y las Marías (indias mazahuas); que recibían inicialmente como salario 60 pesos, aumentado por las fechas de los acontecimientos reseñados a 65 pesos; que componían el cuerpo de choque más de mil jóvenes entre 18 y 21 años; que el cuartel general de estos paramilitares estaba en la Cuchilla del Tesoro y la pista 5 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y que eran entrenados en defensa personal y ataque, karate, box, kendo y judo. Los trabajadores de la prensa aportaban otros datos.
Con el tiempo, quedó aclarado que el grupo de los halcones fue organizado por elementos del Ejército Mexicano que recibieron instrucción “antisubversiva” y de control de multitudes en Estados Unidos. Los antecesores de los halcones participaron en la masacre del 2 de octubre de 1968 y en los ataques armados a escuelas del IPN, preparatorias de la UNAM y al Colegio de México. En 1969 se formalizó la constitución del grupo fascistoide, que entre sus tareas incluía la organización de bandas de porros y golpeadores en las instituciones educativas, la agresión a contingentes populares en lucha y la “protección” de ciertas instalaciones.
Por esos años, el régimen del Partido Revolucionario Institucional, dado el control corporativo de trabajadores asalariados, campesinos y sectores populares, aún podía movilizar enormes masas para enfrentar al movimiento social ascendente y a la izquierda radical. El Congreso del Trabajo, organismo cúpula de sindicatos, federaciones y centrales obreros, organizó, el 15 de junio, una gigantesca concentración de más de 300 mil personas, en la cual los líderes charros responsabilizaron de los hechos a la izquierda y a la extrema derecha, al mismo tiempo que expresaban su apoyo al gobierno de la República.
El presidente Luis Echeverría Álvarez planteó ese mismo día: “Liberamos a quienes no hace mucho ensombrecieron la paz pública, para que pudieran sumarse al esfuerzo nacional y convivir en la democracia”, y llamó a los jóvenes “para que no se dejen sorprender por movimiento opuestos entre sí, ambos evidentemente minoritarios, cuyo único objetivo es la anarquía”.
No duró mucho la tesis acerca de la inexistencia de los halcones. El propio Echeverría tuvo que aceptar la realidad del grupo paramilitar. Ante periodistas extranjeros, el Presidente de la República manifestó acerca de los halcones: “Este grupo existía en el pasado y no era nada oculto… parece ser que se ha manifestado nuevamente”.
Expresaron su solidaridad con los agredidos el Movimiento Revolucionario del Magisterio, el Comité de Lucha Magisterial y los Comités Delegacionales Independientes de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, el rector y otros altos funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Secretariado Social Mexicano, la Federación de Uniones de Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, el Partido Comunista Mexicano, el Frente Socialista, el Movimiento de Acción y Unidad Socialista, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el Partido de los Pobres, el Partido Comunista Italiano, Angela Davis y otras personalidades y organizaciones políticas y sociales de México y el extranjero.
El presidente Echeverría se comprometió a iniciar una investigación a fondo de los hechos del 10 de junio. Sin embargo, pese a que renunciaron el regente del Distrito Federal y el jefe de la policía metropolitana, los culpables intelectuales y materiales jamás fueron investigados, detenidos, procesados y condenados. La promesa de Echeverría se la llevó el viento.
El PCM publicó varias declaraciones en torno a los hechos del Jueves de Corpus, planteando las siguientes ideas: “Por sus demandas, es decir, por su contenido, la manifestación estudiantil y popular del pasado 10 de junio se justificó plenamente…”
Considerando las graves acciones en contra del movimiento de masas y de la izquierda, el PC desprendió como conclusión: “…De hecho se vive en nuestro país bajo una suspensión de garantías, aunque la demagogia oficial propague otra cosa”.
En torno a la discusión interna en el movimiento estudiantil, el Partido Comunista señalaba: “No es admisible para los revolucionarios, por otra parte, un ‘diálogo’ que algunos entienden como el compromiso de apoyar al gobierno. Tratar de encontrar cosas positivas donde no existen, para aplicar la vieja táctica oportunista de ‘apoyar lo positivo y criticar lo negativo’, reduciéndola en realidad a puro apoyo y nada de crítica, no es ningún diálogo y debe ser rechazado”.
“El gobierno puede permitir en otros lugares del país la organización de manifestaciones estudiantiles, pero no en la capital, donde reacciona con mucha violencia ante actos independientes de masas, pues teme el desarrollo de las fuerzas políticas de oposición. Trata de impedir la alianza entre la clase obrera y los estudiantes y mantener a raya a los estudiantes que a la luz de su propia experiencia cobran cada día mayor conciencia del carácter y método del gobierno”.
El PCM afirmaba que: “La acción unida en torno a cuestiones mínimas de interés común ha de crear las condiciones favorables, en el curso de su desarrollo, para una unidad más profunda y permanente de las fuerzas democráticas y revolucionarias que se exteriorizan como tales en la lucha. Esta unidad, para que represente verdadera trascendencia histórica, debe forjarse, en nuestra opinión, alrededor de un programa básico que contenga los siguientes objetivos fundamentales.
“1) Derrocamiento de la oligarquía en el poder y su remplazo por un gobierno de amplia coalición de todas las fuerzas antioligárquicas, antiimperialistas y socialistas (la clase obrera, los campesinos, la intelectualidad, las capas medias urbanas); 2) Nacionalización del capital extranjero en todas las ramas; 3) Expropiación de los grandes monopolios nacionales en la industria, la banca y el comercio; 4) Establecimiento de plenas libertades democráticas, que incluiría: amnistía para los presos y perseguidos políticos, garantías para el funcionamiento de todos los partidos políticos, libertad sindical, abolición de la cláusula de exclusión; 5) Eliminación de la gran propiedad de la tierra, reducción de la pequeña propiedad a 20 hectáreas en los distritos de riego y su equivalente en tierras de otra calidad, organización cooperativa de los campesinos pequeños, sobre bases voluntarias; libertad de organización para los obreros agrícolas”.
En Ciudad Universitaria tuvo lugar un mitin estudiantil, el 17 de junio, en contra de la represión gubernamental. Y el día 24, se efectuó otra gran concentración estudiantil en CU, donde se pronunció un discurso en nombre del COCO, que establecía con precisión: “Nuestras demandas no son ni provocativas, ni exageradas, son banderas democráticas que corresponden a problemas que padece nuestro pueblo y que la burguesía despótica que gobierna al país, se ha visto incapaz de darles solución”.
El 30 de junio se celebró una concentración luctuosa en el teatro al aire libre de la Escuela Nacional de Maestros, acto que cerró el veterano líder ferrocarrilero Valentín Campa.
El COCO lanzó, el mes de julio, un famoso documento intitulado Manifiesto 10 de Junio, que proclamaba: “Los estudiantes somos un destacamento más del movimiento popular democrático y revolucionario. Uniéndonos cada vez más estrechamente al pueblo trabajador nos incorporamos al proceso revolucionario y lo impulsamos”.
“El movimiento estudiantil-popular ha comprendido que el avance exitoso de sus acciones está ligado al desarrollo de las luchas de los obreros y campesinos y por ello pone en sus banderas de lucha especial hincapié en abrir cauce a la acción independiente del proletariado y sus aliados. Fue en este sentido que la manifestación del 10 de junio centró sus consignas en las libertades democráticas”.
La violenta represión del 10 de junio representó un golpe muy duro para el movimiento estudiantil. Sus consecuencias inmediatas fueron claramente perceptibles. En la UNAM y otras instituciones educativas el fenómeno de la drogadicción, bajo promoción oficial, se extendió a núcleos considerables de jóvenes, y la guerrilla urbana, pese a su debilidad y carencia de dirección única, incorporó a cientos de estudiantes en la capital federal, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Chihuahua y otras entidades federativas. De cara a la violencia revolucionaria, el Estado desarrolló la llamada guerra sucia, que produjo miles de presos, muertos y desaparecidos, la ocupación militar de extensas zonas de Guerrero y otros estados, así como un mar de ilegalidad y de supresión de hecho de las garantías individuales.
Al romper con sectores importantes de la juventud y la intelectualidad, el régimen del PRI se vio envuelto en una crisis lenta y sostenida que lo llevaría a respetar, parcialmente, la insurgencia sindical iniciada en 1972; a promover la reforma política de 1977-1978; a no aceptar mediante un fraude electoral la derrota que le infligió en 1988 el Frente Democrático Nacional que promovía la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, lo que profundizó su crisis, y, finalmente, a aceptar perder la Presidencia de la República el año 2000 ante el partido histórico de la derecha mexicana: el Partido Acción Nacional.
Mientras tanto, las condiciones internas en la UNAM y otras universidades sufrieron cambios notables. A fines de 1971 surgió el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, que en 1972-1973 estalló una histórica huelga de 83 días, con lo que abrió paso a un nuevo actor político: el sindicalismo universitario. El movimiento estudiantil, que había ocupado un papel tan destacado entre 1966 y 1971, fue desplazado por la organización y lucha de otro actor que entraba a la escena social. En la segunda mitad de los años 80 y a fines de los años 90 los estudiantes estallarían importantes huelgas en la UNAM, pero no tuvieron las condiciones para construir instancias organizativas permanentes. Como salta a la vista, la falta de organizaciones estudiantiles de masas es uno de los componentes de la situación política actual.
*Este artículo está apoyado en información de la revista comunista Oposición, de los meses de mayo a septiembre de 1971; en el artículo del que esto escribe, Las luchas estudiantiles y los comunistas (1969-1973) Cronología, publicado en los sitios de Internet La Haine, Apia virtual, Rebelión y otros, y en notas, reportajes, entrevistas y artículos de la revista Proceso y el diario La Jornada en torno al Jueves de Corpus, de diversas fechas.
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