Escrito por: JEAN-GUY ALLARD
La “directiva de una organización no gubernamental con sede en Miami” solicitó al Departamento de Estado y a congresistas pronunciarse a favor de la liberación inmediata por razones médicas de personas encarceladas en Venezuela, “a las que considera presos políticos”, reporta AP sin precisar que la “directiva” y la ONG no son más que instrumentos de la inteligencia norteamericana para denigrar al presidente Hugo Chávez.
Tampoco precisa que los detenidos que enumera son ex policías condenados por asesinatos durante el golpe de Estado de 2002.
El autor del texto -rigurosamente hecho según el modelo CIA de “satanización” de líderes extranjeros- no indica que su interlocutora, Patricia Andrade, jefa de Venezuela Awareness Foundation, un ex empleada de la OEA, es asociada al ex subsecretario del Departamento de Estado Roger Noriega, a capos de organizaciones vinculadas a la mafia cubanoamericana de Miami, como a cómplices del asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson, prófugos de la justicia venezolana.
En diciembre de 2005, parlamentarios venezolanos presentaron grabaciones de conversaciones telefónicas entre Patricia Andrade y Tamara Sujú, sobrina del general Oswaldo Sujú, vinculado al golpe de Estado de 2002, donde se convenía de la utilización de la valija diplomática de la embajada de EEUU en Caracas como correo con presuntos terroristas.
AP tiene que saber que el viaje de Andrade a Washington fue enteramente programado por los senadores ultraderechistas Bill Nelson y Marco Rubio, así como los representantes Ileana Ros-Lehtinen, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y Connie Mack, presidente del subcomité para el Hemisferio occidental. Todos pertenecen a la conexión cubanoamericana de extrema derecha que orienta las políticas de EEUU hacia América Latina.
Andrade también pertenece a la conexión venezolana de la CIA en Miami, compuesta, entre otros, por Patricia Poleo, Nelson Mezerhane, Johann Peña, Pedro Lander, todos vinculados al asesinato del ex Fiscal Danilo Anderson, y de militares traidores, banqueros estafadores, ejecutivos golpistas de cadenas de televisión, y sus semejantes.
Golpistas asesinos se buscan “enfermedades”
Andrade entregó el miércoles un listado de ocho personas a Moisés Behar, funcionario a cargo de Venezuela en el Departamento de Estado, y al representante demócrata Luis Gutiérrez.
Ya el día anterior se había reunido con Ros-Lehtinen, Mack, Nelson y Rubio.
Irónicamente, AP reporta que Andrade declaró a su periodista que "le gustó" mucho “la receptividad” que tuvo su planteamiento en las diferentes reuniones con los legisladores.
Andrade sitúa en el grupo de presos a su jefe, el neofascista Alejandro Peña Esclusa, “quien padece cáncer pero no ha recibido atención médica apropiada”, afirma. El supuesto cáncer de Peña Esclusa es el argumento mayor usado desde hace poco por este personaje, en espera de un juicio en Caracas desde su arresto con explosivos C-4, después de su denuncia por el terrorista salvadoreño Francisco Chávez Abarca, brazo derecho de Luis Posada Carriles, información que AP omite precisar.
AP tampoco menciona que la casi totalidad de las otras “víctimas de Chávez” son ex policías golpistas – entre los cuales varios comisarios – juzgados y condenados por la muerte de Erasmo Sánchez, Rudy Alfonso Duque y Josefina Rengifo, además de haber causado lesiones a otras 29 personas en los sucesos ocurridos el 11 de abril del 2002.
La “activista” venezolana menciona a Arube Pérez “por haber sufrido un infarto y dos preinfartos posteriores”. El individuo fue identificado como el francotirador que disparó con un fusil de guerra M-16 contra manifestantes bolivarianos el día del golpe.
Lo mismo ocurre con los comisarios de policía Henry Vivas (gastritis), Lázaro Forero (glaucoma ) y Simonovis (lesión en la columna), así como a los agentes Erasmo Bolívar (desprendimiento de retina izquierda).
La lista incluye además a José Sánchez, quien cumple condena a 19 años por homicidio calificado y “padece lumbagia severa, gastritis e hipertensión”.
La “solicitud” de Andrade incluye por supuesto a la jueza corrupta María Afiuni, detenida y acusada de complicidad por la fuga del ex banquero estafador Eligio Cedeño, refugiado en Miami.
Para AP, Cedeño es “un empresario que se opone al gobierno de Hugo Chávez”.
Para los observadores, la cooperación de AP con los “servicios” de diplomacia pública del Departamento de Estados y con los correspondientes mecanismos de la inteligencia norteamericana no es otra cosa que un segmento más de la campaña de difamación y desinformación emprendida por Estados Unidos contra Cuba, como parte de una agresión contra Venezuela en plena escalada.
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